Desde el Trópico de Cáncer

Puede sonar pueril, y muy probablemente lo sea, pero me parece que hay varias lecturas posibles sobre lo ocurrido ayer en el Congreso. Primera lectura: José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido su primer fracaso al no obtener la investidura en primera votación. Segunda lectura: José Luis Rodríguez Zapatero va conseguir su investidura, en segunda votación, sin deberle nada a nadie. Tercera lectura: El PP sigue, como en la VIII Legislatura, más solo que la una, “yo contra todos”… Cuarta lectura: La abstención de PNV, CiU, IU y los partidos minoritarios del mixto es una buena noticia para el PSOE y mala para el PP. Quinta lectura: El voto negativo de ERC parece más un berrinche político que otra cosa… El de Rosa Díez un berrinche personal…

En los años heroicos y belicosos a comienzos del pasado siglo, se lanzó en Irlanda la consigna: “¿Qué puedes hacer por tu patria?”. Cáustico y provocativo, el joven James Joyce declaró entonces: “No pienso hacer nada por mi patria, pero no me importaría que mi patria hiciese algo por mí”. Varias décadas y un par de guerras mundiales después, el filósofo de la política Norberto Bobbio habló -con cierta amargura pero no con derrotismo- de “las promesas no mantenidas de la democracia”. Recientemente le ha respondido Gustavo Zagrebelsky, que fue presidente de la Corte Constitucional de Italia y es catedrático de Derecho en la Universidad de Turín, en un libro titulado Contro l’etica della verità (editorial Laterza, 2008): “La democracia no promete nada a nadie, pero nos reclama mucho a todos”. Es decir: la retórica patriotera, que en último término sacrifica el individuo a entidades abstractas y huecamente sublimes (el pueblo, la tierra, la sangre…), merece el escepticismo de quien se niega a ser arrastrado por ese turbio juego; pero cuando se trata de la institución de la libertad y la igualdad política, la protesta ante el mundo injusto no puede consistir en deplorar lo que no se nos ha dado, sino en plantearnos lo que aún no nos hemos decidido a hacer.

Una de esas cosas que la democracia pide de nosotros es precisamente enterarnos de en qué consiste la democracia misma: es decir, cuáles son sus modos, sus garantías y las posibilidades que brinda al ciudadano. Qué valores la sustentan y qué ideologías se oponen intrínsecamente a su funcionamiento. Por supuesto estas preguntas no admiten como respuesta dogmas teológicos ni certidumbres verificables semejantes a las adquiridas por medio de las ciencias experimentales, pero tampoco dependen de la opinión asilvestrada de cada cual. Como bien dijo Bertrand Russell, no es lo mismo tener un espíritu amplio que una mente vacía. Precisamente en el libro antes citado, Zagrebelsky distingue -frente a la ética de la verdad absoluta, siempre de raigambre teológica- entre el escepticismo multicultural que cree que cada cual tiene su propia creencia idiosincrásica y todas valen lo mismo y la ética de la duda: el que duda cree en la verdad, la busca, la propone tentativamente, aunque no supone ser su dueño exclusivo y permanece abierto a modificar su planteamiento cuando haya razones mejores para ello.

Precisamente ésta es la aspiración legítima de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, vergonzosamente desacreditada desde sus mismos inicios por una campaña obtusa y mendaz que lleva en su origen el sello inequívoco de la propaganda clerical aceptada acríticamente por personas de sorprendida buena fe y oportunistas políticos. Y no se puede decir que no existan ya libros que sitúan esta aspiración a formar intelectualmente ciudadanos en sus precisas coordenadas, al menos como obras de consulta para los profesores. Acaba de aparecer otro excelente, El saber del ciudadano. Las nociones capitales de la democracia (editorial Alianza), escrito por un notable plantel de especialistas bajo la dirección de Aurelio Arteta. No sólo responde al programa esencial de la controvertida materia académica, sino que puede servir como inspiración reflexiva para cualquier ciudadano, no importa de qué edad, que desee completar su información sobre cuestiones de las que depende y sobre todo va a depender en el inmediato futuro la armonía de nuestra convivencia.

Si lo que pretendía era llamar la atención, lo ha conseguido de verdad… Esperanza Aguirre, cabeza y corazón visible de lo más reaccionario del PP, eso sí, pasada por la turmix de Channel y Ágata Ruíz de la Prada, amenaza con presentarse a la presidencia del PP en el Congreso que su partido celebrará el próximo mes de junio.

Me parece una excelente idea,  no solo para el PP, sino para cualquier partido, que las disputas ideológicas y los intentos de hacerse con el poder interno en cada uno de ellos se diriman a la luz pública, sin tapujos. Pienso que a la larga, sea cual sea el resultado de la disputa, el partido sale ganando y sus votantes, primero, y el resto de ciudadanos, después, lo terminamos agradeciendo…

Esperanza Aguirre se califica a sí misma como “liberal”… No soy quién para enmendarle la plana si ella se ve como tal, pero desde luego su actuación al frente de la Comunidad Autónoma de Madrid y su propio talante, no cuadran mucho con la definición clásica de liberal. Para mi, Esperanza Aguirre es un espécimen nuevo dentro de la fauna política ibérica de imposible calificación, mucho más cercana al populismo sarkozyano que a la derecha merkeliana. En todo caso, hay que reconocerle valor a la dama.

La escritora Almudena Grandes la despelleja sin excesiva cordialidad en su artículo de El País de hoy. Pienso que se lo merece. Pero aunque resulte un tópico como una casa eso de que “cada uno tiene lo que se merece”, lo que no puede obviarse es que esa señora lleva dos victorias consecutivas por mayoría absoluta entre los electores madrileños… Por algo será… Buenas noches. Sean felices… (HArendt)

La que sí está eufórica es Esperanza Aguirre, porque un estudio que ella misma ha encargado con el dinero que se ahorra en los colegios y en los hospitales, dice que Madrid es el cuarto centro financiero del mundo. Al presentarlo, alardea de que su Gobierno es business friendly porque baja los impuestos y favorece la iniciativa privada. Leí todo esto en el mismo periódico del mismo día. Ocurrió la semana pasada, pero da igual. Los colapsos van a continuar, las huelgas y las manifestaciones también, así que volveré a leer lo mismo esta semana, y la que viene, y la otra…

A veces, una columna es como un desierto, y el columnista un profeta aislado, atontado por la soledad. Así, más tonta de la cuenta, me siento yo hoy, y por eso no voy a repetir una vez más que la defensa de los espacios públicos es el único recurso eficaz contra la barbarie. Ya he aprendido que eso no le interesa a casi nadie. A cambio, para todos los que opinan que la izquierda es un fósil nostálgico e inútil, una sola palabra: tururú. (El País, 07/04/08)

Justamente ayer, el mismo día que se constituían las Cortes Generales y se iniciaba la IX Legislatura, se cumplían los 69 años del triste final de la guerra civil y del inicio de la represión más feroz y sangrienta de la historia española. No he leído ningua mención al respecto. Supongo que la importancia de la primera noticia obscurecía el recuerdo de la otra efemérides…

Ya he comentado en alguna otra ocasión anterior la, a mi juicio, nula voluntad de los partidos mayoritarios nacionales (PSOE-PP) de intentar una reforma del sistema electoral vigente. Las razones son claras: el actual les beneficia y prima sobre los partidos nacionales minoritarios (IU-UPD) y sobre los nacionalistas periféricos… No lo tocarán. Seguro…

Una fórmula de hacer que la elección del Congreso de los Diputados respondiera de manera más ajustada a lo realmente votado por los ciudadanos sería, aparte de ampliar el número de sus miembros (ahora de 350), hacer que la elección se realizara en el ámbito de una sola circunscripción de ámbito nacional (como se hace para el Parlamento europeo). O por circunscripciones de ámbito regional, con un mínimo de un diputado por comunidad autónoma.

Para el Senado, que ahora mismo es una cámara absolutamente inútil pues no representa nada ni a nadie, podría optarse por el modelo de la Cámara Alta alemana, en la que los representados serían los gobiernos de las respectivas comunidades y ciudades autónomas (ahora 19), y en el que cada comunidad y ciudad autónoma tendría un voto y otro más por cada millón de habitantes.

A la extendida imagen del nacionalismo bisagra que recibe contraprestaciones desmedidas habría que superponerle otra escena igualmente cierta pero no tan aireada. En ella PP y PSOE primero devoran cualquier alternativa de ámbito español y después se reparten sus escaños. Porque, como ha demostrado el 9-M, es así como se construye la sobrerrepresentación de ambos: a partir de la infrarrepresentación de los ciudadanos que votan IU, UPyD o cualquier otra tentativa de alcance nacional.

Lento pero seguro, el bipartidismo ha acabado por imponerse en todos los rincones no nacionalistas de nuestra geografía. Los partidos estatales que han sobrevivido pagan un precio tan excesivo que carecen de posibilidades de permanencia más allá de lo testimonial y lo meritorio. El grotesco cálculo que permiten los escaños de los seis partidos menores resulta demoledor: de los 17 diputados que suman, los 3 que pertenecen a IU y a UPyD tienen más votos que los otros 14 en su conjunto. ¿Qué expectativas pueden albergar formaciones sometidas a semejante trato?

Hay dos clases de razones para considerar nefasto el panorama que dibuja este nuevo escenario en el que sólo hay ya dos divisiones (PP-PSOE y los nacionalismos). En primer lugar las relativas a la dinámica que arroja sobre nuestro sistema político. Por un lado, los dos grandes únicamente pueden ganar si descalabran al rival.

La recurrente polémica sobre la crispación ha de entenderse en este contexto, porque se trata en buena medida de un comportamiento inducido institucionalmente: PP y PSOE están condenados a enfrentarse. Ambas formaciones luchan en un escenario de tierra quemada en el que cualquier concesión ha de interpretarse siempre como una derrota y un avance del rival. Por otro, sólo el nacionalismo queda en pie para pactar. Se trata de una dinámica intrínsecamente perversa: el país se consume en un enfrentamiento que roza lo cainita y cuyo desenlace va a ser siempre el mismo: el pacto con los nacionalismos.

El segundo tipo de razones se relaciona con la ética democrática y con los valores constitucionales que en teoría nutren nuestro sistema político. La lectura más sencilla de lo que han supuesto las últimas elecciones es esta: para los ciudadanos españoles no nacionalistas el pluralismo ha desaparecido definitivamente de su horizonte de posibilidades. Todos esos millones de ciudadanos son forzados en la práctica a elegir entre un menú a dos, no hay más opciones. Losmecanismos mediante los cua-les se les somete son conocidos: voto desigual y reducción de la libertad de opción merced a la presión del voto útil. El resultado también: injusticias flagrantes en el reparto de escaños.

Treinta años después de que la Constitución viera la luz, los principales valores que sobre el papel la animan -igualdad, libertad, justicia y pluralismo- son para la mayoría de los españoles poco más que retórica barata en lo que a su representación política se refiere.

El bipartidismo y su dinámica se han impuesto de un modo tan arrollador en estas elecciones que, sin modificar el modelo representativo que nos dimos en la Transición, no parece posible otro horizonte. El ideal de la representación proporcional podría solucionar tanto las carencias democráticas básicas como los problemas que arrastra hoy la configuración del poder. No sólo garantizaría la justicia en la representación, motivo ya de por sí suficiente si de verdad se asumen los valores constitucionales; es que, además, la dinámica institucional que previsiblemente desplegaría abundaría en un inmediato beneficio para el funcionamiento de nuestro sistema político.

En cuanto a los valores, sólo hemos de imaginar lo que de modo inmediato supondría la proporcionalidad. Cada ciudadano podría votar por su opción preferida, sin cortapisas de ningún tipo (libertad). Cada voto contaría exactamente lo mismo (igualdad). Cada partido recibiría la proporción de escaños que los ciudadanos, y no las artimañas del sistema electoral, le concedieran (justicia). ¿Hay que decir algo más si de principios se trata? Lo inaudito aquí y ahora es que tales valores se vean todavía en el trance de ser defendidos, porque ni su fundamento ni su idoneidad deberían encontrarse sometidos a discusión ni lesionados en la práctica. No son opciones, son derechos.

Las objeciones que suelen lanzarse contra la proporcionalidad provienen normalmente del lado de la dinámica institucional. Durante la Transición se estimó necesario “corregir” la proporcionalidad para promover la gobernabilidad del frágil sistema constitucional que, tras cuarenta años de oscuridad franquista, iniciaba su andadura. Tal razonamiento carece ya de vigencia. No sólo porque el sistema se ha asentado, sino porque además el tiempo ha invalidado el argumento: con excepción de la de 2000, no hay mayorías absolutas desde 1989. No es que se esté de acuerdo o no, es que no hay caso. Aunque los correctivos a la proporcionalidad se mantienen, los alegados beneficios de tal sacrificio no hacen acto de presencia. En libertad, en igualdad, en justicia y en pluralismo (se dice pronto) los ciudadanos seguimos pagando el precio, pero la recompensa no aparece. En lugar de gobernabilidad recibimos polarización y dependencia periférica.

Si el 90% de españoles no nacionalistas disfrutaran de un sistema proporcional no habría que esperar ninguna explosión de nuevas formaciones, tal y como el ejemplo de Madrid viene a demostrar. Los madrileños votan desde 1977 en un sistema totalmente proporcional con una barrera del 3%, y no se ha producido una debacle a la italiana ni nada parecido. Los cuatro partidos de ámbito nacional que ya hay serían probablemente más que suficientes. Pero el reparto de escaños entre ellos sería justo y los votos emitidos para ellos serían libres. Libres e iguales. Y los pactos posteriores lo serían bien entre ellos, lo que hasta ahora es imposible; bien con los nacionalistas, como hasta ahora. No parece un horizonte demasiado inquietante sino todo lo contrario. En este país ni tenemos sólo dos voces ni los ciudadanos nos merecemos estar condenados a un eterno enfrentamiento entre ellas.

Es una broma? La Iglesia, si acaso, imparte lecciones. Las empresas mortifican a los hombres midiendo su capacidad de producción; nosotros, en cambio, sabemos valorizarlos. ¿El marketing? Empezó con Jesús, hace ya 2.000 años”. Así respondió una vez monseñor Ernesto Vecchi a una pregunta acerca de la capacidad de la Iglesia para presentar y vender su propio producto religioso. Y no cabe duda, en efecto, de que la Iglesia continúa dando lecciones. La conversión del periodista egipcio Magdi Allam al cristianismo es un nuevo episodio digno de ser enseñado en las escuelas de comunicación.

Por mucho que las opciones personales de un individuo deban ser respetadas en todos los casos, no cabe ocultar el mensaje político que el Papa ha querido enviar al mundo laico, el verdadero objetivo de la nueva cruzada de Benedicto XVI. Porque, paradójicamente, en el islam en general y en el fundamentalista en particular es donde el Papa halla su mejor aliado para seguir difundiendo “la buena nueva”, el único verdadero y eficaz antídoto contra “esa nueva invasión bárbara” que, según él, constituye el islam. Es una estrategia que está dando buenos resultados para todos o casi todos: para el islam radical, que encuentra en los mensajes pontificios una prueba aplastante del “complot católico-sionista-occidental” contra la religión mahometana, y para los fundamentalismos cristianos, que siempre han envidiado la aparente religiosidad de los musulmanes y que hallan en los discursos islamistas el mejor instrumento para incitar a la población occidental a defender la identidad cristiana amenazada.

En el ámbito de esta dinámica peligrosamente “perversa”, la figura de Magdi Allam resulta fundamental para comprender la dimensión mediática y simbólica que este asunto ha alcanzado. Nos hallamos ante alguien que nunca ha ocultado sus críticas al islam. Ya cuando trabajaba para el periódico La Repubblica, suscitaban sus artículos bastante perplejidad. En Italia, Madi Allam es uno de los personajes más influyentes en el debate sobre la presencia islámica en Occidente. Para sus admiradores, es un ejemplo de árabe integrado en los valores occidentales y ha sido, hasta su conversión, un modelo del musulmán moderado. Para sus detractores, es alguien que ha sabido aprovechar el impacto en Italia de la inmigración, primero, y del terrorismo islámico, después, para labrarse una reputación en los ambientes periodísticos, consolidando una imagen estereotipada del islam y de los musulmanes.

Una cosa es cierta, desde luego: no es alguien que pase desapercibido. Se trata de un comunicador nato con una gran intuición para la noticia, ayudado entre otras cosas por su perfecto conocimiento de la lengua italiana, aprendida en las escuelas salesianas. Hay que señalar también que sus opiniones siempre han hallado eco entre los ambientes más cercanos a la derecha política más radical. No es casual que sea citado frecuentemente por los grupos más contrarios a la sociedad abierta y el multiculturalismo. Sus ideas son utilizadas a menudo por quienes sostienen la tesis de la naturaleza violenta de la religión musulmana. De esta forma, el nombre árabe de Magdi Allam, sus orígenes musulmanes, han pasado a ser un decisivo elemento de convicción, una prueba indiciaria. Para el partido xenófobo de la Liga Norte, por ejemplo, sus afirmaciones se han convertido en eslóganes electorales.

El propio Magdi Allam reconoce con valentía, cualidad de la que no carece, que nunca ha sido un musulmán practicante. Es hijo de padres musulmanes y por eso es considerado como tal. Exactamente como la inmensa mayoría de los musulmanes. Algo difícil de explicar en un mundo que percibe la realidad islámica como sinónimo de una religiosidad profunda, radical, fundamentalista y rigurosa. Algo que está muy lejos de la verdad.

El propio Allam lo confirmó hace varios años en un libro sobre la presencia islámica en Italia publicado con Roberto Gritti. En esa investigación no se dejaba de subrayar que el número de musulmanes que acude cotidianamente a las mezquitas oscilaba entre el 5% y el 7%. Los “verdaderos musulmanes”, por lo tanto, eran y siguen siendo una minoría. Algunos de ellos vociferan mucho, aterrorizan tanto física como intelectualmente a quienes no están de acuerdo con ellos y, sobre todo, encuentran un amplio eco en los medios occidentales… pero ésa es otra cuestión.

Sin duda, tal porcentaje ha aumentado tras el 11-S, gracias también a quienes continúan introduciendo en cualquier ámbito de la vida social razonamientos religiosos basados en “verdades” dogmáticas, en vez de insistir en la condición laica de un Estado que respete a todos aquellos que respeten sus reglas. Hasta el día de hoy, ha quedado demostrado que la condición laica del Estado es la mejor garantía para una auténtica convivencia pacífica en las sociedades democráticas. Ninguna otra ideología a lo largo de la historia, y menos las de inspiración religiosa, puede hacer gala de haber conseguido semejantes garantías.

Italia, a la luz de tales observaciones, es un ejemplo de país extraviado. No porque haya perdido sus propios valores cristianos, sino porque le ha faltado una decidida orientación laica. La presencia vaticana es tan sofocante que casi no deja respirar a un país de la grandeza y de la extraordinaria historia de Italia. El continuo alarmismo acerca del peligro islámico se convierte así en instrumento de la jerarquía eclesiástica para seguir difundiendo la idea de una “identidad occidental amenazada”.

Esta situación explica por qué han podido escucharse en Italia voces tan aberrantes acerca de la clase de relaciones que es necesario mantener con el islam. Los discursos de Berlusconi sobre la superioridad occidental, los libros racistas de Oriana Fallaci, los insultos cotidianos de los diputados de la Liga Norte son otras tantas evidencias de una sociedad en crisis. En ningún país se ha vivido un fenómeno de tal agresividad en relación con una minoría, la musulmana en este caso, como en Italia. Ni Estados Unidos tras el 11-S, ni España tras el 11-M, ni Gran Bretaña tras el 7-J, han dado espacio a tanta islamofobia como la que se vive en el país transalpino.

Italia da la impresión de ser una sociedad hipocondriaca para la que la enfermedad es imaginaria por más que el padecimiento sea real. La sensación de malestar es tan evidente que no deja espacio para debates con un mínimo de racionalidad. El bautismo de Magdi Allam se convierte así en una perfecta síntesis de la situación. Por más que el Osservatore Romano haya insistido en el hecho de que no existe ninguna intención hostil hacia el islam en este clamoroso gesto, Allam ha afirmado que su mensaje era el de defender la libertad religiosa en los países islámicos.

Se trata del consabido argumento de la reciprocidad: si en los países occidentales la gente puede convertirse al islam, no se entiende por qué en los países musulmanes eso no ocurre sin padecer las consecuencias que todos conocemos. Esta observación se plantea de forma tan perentoria que no admite réplica. Sin embargo, tal vez se esté olvidando que también en Occidente, mientras Iglesia y Estado no estuvieron separados, el cristianismo se comportó ni más ni menos que como ocurre en muchos de los países islámicos actuales.

El verdadero desafío es convencer a las sociedades islámicas de la validez de los valores laicos y no el de conducir a las sociedades occidentales a impregnarse nuevamente de razonamientos religiosos. Todos debemos defender el valor humano de la libertad, la libertad religiosa incluida. Estos valores, sin embargo, no son fruto de principios religiosos. Los auténticos valores occidentales manan precisamente del laicismo. Cualquier religión cuando ha ejercido el poder se ha limitado siempre a eliminar a aquellos que no creían en su Verdad.

En el mundo hace falta menos religión, probablemente más espiritualidad y, desde luego, reglas claras de convivencia. El respeto por el individuo sólo queda garantizado en un sistema político en el que la religión no salga de los lugares de culto. ¿Es el islam “oscurantista” como afirma Allam? Probablemente sí. La Iglesia, sin embargo, no tiene nada que aprender en esta materia. Decía Arthur Schopenhauer que “a las religiones, como a las luciérnagas, les es necesaria la oscuridad para brillar”. Los fanáticos de ambas partes y los mensajes que se lanzan recíprocamente demuestran solamente cuán oscuro es nuestro presente. (El País, 01/04/08)

El nacionalismo canario de ATI-CC se parece al “nacionalismo” fundacional de Secundino Delgado, como un huevo a una castaña. Es decir, en nada. El nacionalismo de ATI-CC no es más que la confluencia de intereses especulativos e inmobiliarios de ámbito regional, dirigidos por un sector de la burguesía tinerfeña y la complicidad de diversas oligarquías locales insulares,  con la pretensión de mangonear el archipiélago. Y no hay más. Nunca han tenido ideología, ni la pretenden. En eso al menos, son consecuentes.

Que hay “nacionalismos” y “nacionalismos”, es evidente. También hay un nacionalismo español. No me gustan ni los unos ni los otros. Y a unos los respeto más y a otros menos, independientemente de su fortaleza política y electoral, pero no me gustan. Quizá es que soy un romántico empedernido que añora un tiempo pasado, que nunca volverá, en que el cosmopolitismo campaba a sus aires por la política. 

No me sorprende el despiste que algunos nacionalistas muestran al calibrar los resultados del 9-M. No mucho tiempo antes creían ver en el desastre de Kosovo un modelo o al menos algo de lo que podía sacarse una lección positiva. Ahora creen que sus problemas son debidos a la bipolarización electoral o a la voluntad de evitar el estropicio de la llegada de los populares al poder. Todo menos aceptar la realidad, reconociendo que han llegado a su tope electoral.

Ocurre que la marea nacionalista ha llegado a la pleamar; lo que queda ya es bajada, descenso y mengua. Puede parecerles injusto a los partidos nacionalistas. No son sólo un elemento típico de nuestro sistema político, aunque resultarían un poco extraños o algo no muy común en Estados descentralizados, en los que la federación también alcanza a los partidos. Además de eso, su contribución en España ha sido decisiva en la construcción del Estado autonómico. Sin su presencia y exigencias no habríamos tenido una descentralización seria. Sus demandas han servido, en muy buena medida, de inspiración para las fuerzas que han conseguido el poder en los diferentes espacios autonómicos. Además, su misma ejecutoria en el gobierno propio no deja de ser considerable.

¿Entonces por qué el batacazo electoral? La crisis del nacionalismo, que es verdaderamente de alcance estructural, tiene que ver con la dificultad del mismo, en cuanto ideología fuerte, para ocupar escenarios que no son de tensión o de peligro en los que, como es sabido, se mueve perfectamente. Ocurre que los actuales no son tiempos recios en los que la identidad o las perspectivas del propio grupo estén en peligro, pues en realidad no están ni siquiera cuestionadas.

La rutina es bien difícil para el nacionalismo que parece ideado para la agonía y la excepción. Pero es poco creíble construirse un enemigo con el Estado constitucional, que asume entre sus valores el pluralismo y la descentralización, y que reputa como un ataque a sí mismo el cuestionamiento de la autonomía de sus integrantes.

A los nacionalistas ha debido de parecerles inconcebible la disposición de bastantes votantes vascos a cambiar su voto y mudarse a otro campamento distinto del habitual. Sin embargo, el tensionamiento, la exageración, la solicitud de la excepción o el privilegio no gustan en una sociedad cuya cultura cada vez es más secular, que no necesita planteamientos salvíficos, que se orienta por el pragmatismo y que, asegurado el mantenimiento de lo peculiar, asume la racionalidad y las ventajas de la igualdad compartida.

La debilidad de la posición nacionalista se pone de manifiesto de modo muy importante en el enfrentamiento institucional con el Estado, de manera que su doble juego queda en evidencia. Aquí se produce una situación bien curiosa. El Estado ofrece un modelo cerrado, con un equipamiento constitucional impecable, un orden de poderes y competencias establecido, y una maquinaria a pleno funcionamiento, garantizada por un sistema judicial sumamente eficaz. El modelo nacionalista en cambio aparece aquejado por la contradicción y la precariedad. Su inserción en el todo constitucional es indudable, pero al tiempo esgrime una superioridad de las instituciones territoriales sin apoyo normativo explícito y dependientes de una eventual decisión democrática, que no tiene, ni puede tenerla, base constitucional y que aparece teñida de un plebiscitarismo caudillista difícilmente asumible en un sistema democrático.

Desde un punto de vista democrático, la resistencia de una institución territorial como es el Parlamento vasco al cumplimiento de una sentencia judicial, es bastante patética, como resulta francamente inaceptable el empecinamiento de quien es el máximo representante ordinario del Estado en esa comunidad en llevar a cabo un acto que hasta el más vago de la clase sabe que es perfectamente antijurídico. Esta pugna no puede resolverse en el sistema constitucional sino a favor del Estado. Lo saben todos, y por supuesto los votantes, que no se sienten en un sistema arbitrario sino en un orden de derecho.

El resultado del 9-M tiene que ver también con la comprensión electoral de los términos en que se ha verificado la lucha antiterrorista. Siento mucho decir que la sangría del terrorismo ha causado y causará estragos electorales al nacionalismo. El terrorismo ha sido un factor decisivo en el sistema político vasco y el nacionalismo no ha reaccionado frente a él con la decisión, la profundidad y rapidez con que hubiese sido deseable. Cuando se han dado pasos en la buena dirección la reacción ha acabado imponiéndose. Lizarra vino después del momento de Ermua. Imaz desafortunadamente ha sido un paréntesis. Nuevamente es necesario decir, como lo hiciera el lehendakari Ardanza, que no son sólo los medios lo que separa al nacionalismo democrático del violento.

La secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, reconoció hoy que las balanzas fiscales tienen un valor de ‘información y transparencia’ que permitirían tener ‘más luz’ para desmontar ‘algunos prejuicios’.

En un comunicado, la diputada por Valencia aseguró que la ‘garantía de solidaridad’ entre los ciudadanos la da el Gobierno de España, si bien reconoció que cuantos más elementos haya para el análisis ‘mejor será el diagnóstico’.

Asimismo, recordó que los principios de los socialistas en materia de financiación autonómica están recogidos en el programa electoral con el que el PSOE se presentó a las elecciones y buscan un sistema con mayor corresponsabilidad fiscal, basado en la suficiencia de ingresos y la eficacia del gasto de las comunidades.

En este sentido, reclamó que el debate sobre la financiación autonómica que se abordará en la nueva legislatura sea ‘racional y sosegado’ y cumpla el objetivo de mejorar la cobertura de los servicios públicos a través de un sistema ‘más equitativo’, sin propiciar ‘enfrentamientos artificiales’ entre comunidades autónomas. (Terra Actualidad, 28/03/08)

El conjunto, manejado tal y como lo hacen los nacionalistas catalanes y el PSC, y, por extensión, el PSOE, reflejaría –en el caso de que pudieran hacerse balances fiscales– una transferencia de recursos fiscales de las autonomías ricas a las más pobres, que sería, sin embargo, mucho más importante en el caso de Madrid que en el de Cataluña. Ello es así porque Madrid tiene una renta media mucho más alta, al menos un 10% superior a la catalana. Pero estamos hablando de cuantías muy reducidas, que habría que matizar. La primera sería valorar el coste histórico, reflejado en parte en la deuda pública estatal, de las otras políticas económicas nacionales para los habitantes de cada autonomía, que han pagado los menos favorecidos y que ha supuesto una transferencia de todo tipo de recursos, no sólo fiscales, de los que históricamente vivieron en las autonomías pobres a los de las más ricas. Aunque en la actualidad son pocas las políticas nacionales que pueden favorecer a unos sectores sobre otros, alguna sigue habiendo. Quizá la más importante sea la de promoción de I+D+i, que beneficia, por su propia naturaleza, a autonomías como las de Madrid y Cataluña, o las masivas compras de medicamentos por la sanidad pública, que favorecen claramente a las empresas farmacéuticas establecidas en Cataluña. Pero hay otras, como el Plan Hidrológico Nacional, que beneficia a los habitantes de Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía.

En lo que respecta a grandes inversiones, que pueden aparecer contablemente como gasto presupuestario, nos hemos referido a las inversiones en los distintos AVE y la ampliación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. En cuanto a políticas de gasto, hemos hecho una consideración sobre el mantenimiento del ente RTVE. Aún más importante, cuantitativa y cualitativamente, es el déficit de la seguridad social agraria y a quién atribuirlo, y qué efecto tendría una adecuada contabilización de los gastos por desempleo. Asimismo, son muy dificiles de contabilizar las obligaciones futuras por pensiones públicas, las cuales, si se capitalizaran, podrían suponer el 200% del PIB. Pero, frente a operaciones imposibles, una que habría que hacer, si fuéramos a llevar a cabo con rigor balanzas fiscales autonómicas en las que se recogiera todo lo relevante, sería cómo repartir los 312.000 millones de euros de deuda de la administración central.

La dificultad, mejor, si somos rigurosos, la imposibilidad de llevar a cabo estas operaciones es la mejor demostración de que toda la discusión sobre balanzas y transferencias fiscales entre autonomías es un disparate. Y lo es porque España es una nación desde hace mucho siglos y las decisiones políticas, con repercusiones económicas y fiscales, se han tomado por los sucesivos gobiernos nacionales con criterios nacionales, aun a sabiendas de que en algunas ocasiones se estaba beneficiando a algunas regiones sobre otras pero, siempre –esperemos que haya sido así– sobre la base de los intereses generales, a largo plazo.

En la actualidad, cuando la política fiscal es casi la única sobre la que tiene competencias el Gobierno de la nación, es lógico que se preste atención al conjunto de impuestos que se pagan y a cómo se gastan los ingresos conseguidos. Aunque, desde un punto de vista económico, lo que se consideraba relevante –en la discusión pública– era si la política fiscal perseguía el equilibrio, el superávit o el déficit. Pero no en esta España de las autonomías o, mejor, de los políticos de las autonomías, empeñados en incrementar su poder a cualquier precio.

En cualquier caso, las dudas sobre la efectividad de la política fiscal y sobre la justicia y efectividad de los impuestos progresivos se están resolviendo, en el conjunto de los países más avanzados, con reformas fiscales que reducen tipos y progresividad, por simplicidad y capacidad recaudatoria, de tal manera que el conjunto de los impuestos se paga en relación –y proporcionalmente– a las rentas medias percibidas y gastadas. Por su parte, el gasto público se adecua a la población en cada autonomía, en el caso de España, lo que, parcialmente, corrige la injusticia que significan los tipos únicos de los impuestos para la población menos favorecida, al reducirse, para los que se encuentran en peor situación, su renta disponible, el factor clave que determina el nivel de vida y las perspectivas futuras. Intentar salirse de estos parámetros, dando más importancia a dónde se recauda a la hora de programar el gasto público que a la población que de hecho vive en cada territorio, parece más injusto. Pero, incluso, si se hiciera, esa modificación en la política de asignación del gasto no tendría efectos fiscales significativos. Por el contrario, al tener en cuenta otros factores, como las obligaciones por pensiones y la asignación de la deuda estatal, se modificarían, sustancialmente, esas hipotéticas balanzas fiscales. Ir adelante por este camino significa destruir la convivencia, no ya nacional, sino la personal, familiar, local y autonómica.

El IEF constituyó una comisión de expertos del propio instituto, de universidades y del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recientemente ha presentado su informe, según información aparecida en este mismo periódico.

En primer lugar hay que destacar que después de dos años de deliberaciones en la comisión no se ha llegado a un acuerdo sobre la metodología a utilizar; únicamente han llegado a un consenso para reducir a dos los enfoques que oficialmente deberían aplicarse: el de la carga-beneficio y el del flujo monetario, según la finalidad que se pretenda conseguir con la balanza fiscal.

La primera cuestión de la que discrepo de la comisión se refiere al ámbito de las balanzas fiscales que lo extiende a todas las instituciones del sector público (y por tanto a las empresas públicas y financieras). Como el objetivo de las balanzas fiscales es poner de manifiesto los flujos financieros entre los agentes económicos que tienen un centro de interés en el ámbito territorial, por ejemplo una comunidad autónoma con la Administración central, en ningún caso ésta última comprende las empresas públicas; exclusivamente abarca el Estado y sus organismos autónomos y la Seguridad Social no transferida.

Discrepo también de que las balanzas fiscales deban elaborarse con dos enfoques: el de la carga-beneficio y el del flujo monetario. En el Manual de Eurostat Métodos de Contabilidad Regional, Tablas de las Administraciones Públicas (1999), los criterios generales de imputación regional de los ingresos y gastos de la Administración central en las cuentas regionales son quienes soportan la carga fiscal y quienes se benefician de los servicios suministrados. El problema que se presenta es si este criterio debe ser el que se aplique en la elaboración de las balanzas fiscales.

Después de dos años de deliberaciones sólo se ha llegado a un consenso para reducir a dos los enfoques que deberían aplicarse

Dado que todas las operaciones recogidas en las balanzas fiscales están incluidas en las cuentas regionales de una determinada comunidad, parece lógico que en la elaboración de éstas se utilice el mismo criterio que para elaborar las cuentas regionales, ya que sus objetivos son los mismos.

La economía de una región se define en términos de unidades institucionales que tiene su centro de interés en el territorio económico de la región. El territorio económico está constituido por tanto por el territorio geográfico que a efectos de balanzas fiscales es el de las comunidades autónomas.

Para Eusostat las unidades institucionales pueden ser de dos tipos: unirregionales, aquéllas cuyo centro de interés económico radica en una sola región (comunidad autónoma) y cuyas actividades se desarrollan en su mayor parte en esta misma región, y multirregionales, cuyo centro de interés económico se realiza en más de una región, o en la totalidad del país.

La totalidad de las operaciones realizadas por unidades unirregionales se imputa a la comunidad autónoma en que radica su centro de interés económico; en los hogares el centro de interés económico es la comunidad autónoma en que residen, no en la que trabajan, y en las demás unidades unirregionales su centro de interés económico es la comunidad en la que están situadas. La regionalización de las operaciones de la Administración central a efectos de elaborar las balanzas fiscales, es el problema más importante, ya que se trata de regionalizar las operaciones de unidades multirregionales (Estado y Seguridad Social), que abarcan a todo el territorio nacional.

El Manual de Eurostat señala los criterios para regionalizar las operaciones del Estado y de la Seguridad Social, si bien establece que corresponde a los Estados miembros decidir los criterios de regionalización del consumo colectivo efectivo; para el resto de las operaciones los criterios para elaborar las balanzas fiscales deben ser los fijados por Eurostat en el citado Manual.

De los tres métodos que pueden emplearse para afrontar la distribución territorial del gasto público de la Administración central en consumo colectivo, el método de la residencia del beneficiario es el más adecuado dado el objetivo que persiguen las balanzas fiscales. De esta manera, a la hora de distribuir regionalmente los gastos, se tiene en cuenta la residencia del beneficiario del bien o servicio producido, teniendo en cuenta si se trata de bienes públicos de ámbito nacional o local (por ejemplo, defensa y seguridad), o de bienes privados financiados públicamente (bienes preferentes como sanidad y educación), y si afectan a unidades unirregionales o multirregionales.

En el trabajo de investigación realizado para la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (2006-Balanzas Fiscales y Financiación Autonómica J. Barea, D. Dizy, M. Angoitia, M. Barea, M. Fernández y A. Gómez Ciria) aparece la propuesta que hemos hecho para imputar regionalmente los bienes públicos de ámbito local, los bienes privados financiados públicamente y los bienes públicos de ámbito nacional.

En cuanto a quién debería corresponder elaborar balanzas fiscales de la Administración central con cada comunidad autónoma, propusimos que fuera bien el Instituto Nacional de Estadística o la Intervención General de la Administración del Estado. Al mismo tiempo efectuamos una recomendación en el sentido de que la Intervención General de la Administración del Estado debería ajustar el Sicop a las necesidades metodológicas de las balanzas fiscales a través de las correspondientes claves, tanto para los gastos como para los ingresos. (Cinco Días, 25/11/06)

Esta mediodía venía, camino de Las Palmas desde mi casa de Maspalomas oyendo por la Cadena SER el debate sobre el “Estado de la Nacionalidad” que se estaba celebrando en el Parlamento de Canarias. Un tertuliano enfatizaba sobre lo guapo y elegante que estaba don Paulino Rivero, presidente del gobierno regional, y lo mucho que había ganado su imagen desde que ganó las elecciones en mayo de 2007… A estas alturas nadie discute la legitimidad de don Paulino como presidente del gobierno de Canarias, pero decir que ganó las elecciones… De los tres partidos que conforman el Parlamento autónomo, ATI-CC, el del presidente, es el que menos diputados y votos obtuvo, bastante por detrás del PSC-PSOE y del PP, su socio en el gobierno, que a pesar de contar con más votos y diputados, cedió gentilmente a ATI-CC la presidencia de la Comunidad… ¿Por qué tanta generosidad? Ya se va viendo…

Pensando en el evidentísimo e intencionado desliz del contertulio, oigo por la radio como el presidente de la Cámara grita, desaforado e insultante, al líder de la oposición, el socialista Juan Fernando López Aguilar, cuando éste le recuerda que mandó al Rey el nombramiento de don Paulino como presidente del gobierno autónomo antes tan siquiera de que su elección se hubiera llevado a cabo por el Parlamento… El mismo presidente que ahora llama “chiquilicuatre” al que le ganó limpiamente en las elecciones…

Para que seguir. Les dejo con la lectura, si tienen interés en ella, de sendos reportajes y artículos del periódico Canarias Ahora sobre lo acaecido hoy en la sede del Parlamento canario, para vergüenza propia y ajena. Un sentimiento que desde una tarde de un 23 de febrero, hace muchos años, oyendo otra retransmisión radiofónica desde el Congreso de los Diputados en Madrid, no había vuelto a sentir… Sean felices y buenas noches. (HArendt)

Se le pueden reprochar muchas cosas al líder socialista canario, pero el defecto que más se le ha achacado es precisamente su principal virtud: la valentía. Esa valentía ha dado lugar a que se le acuse directamente de haber venido a crispar la vida política canaria por el simple hecho de haber hecho un diagnóstico bastante certero de lo que es.

Porque tiene toda la razón López Aguilar cuando se queja crudamente de la grotesca manipulación que sufren las instituciones canarias, empezando por el Parlamento, para ponerlas a disposición de los que mandan desde hace quince años. Tiene razón cuando protesta por las carencias democráticas que padecemos los canarios y la persecución que padecen los que no se arrodillan ante el poder político.

Resultó bochornoso ver este miércoles a algunos prestigiosos periodistas parlamentarios reprobar con gestos ostensibles las palabras del presidente del Grupo Socialista cuando, en una rueda de prensa posterior al discurso presidencial, se quejaba nuevamente del formato de este pleno del estado de la nacionalidad.

Porque también se ha atrevido López Aguilar a criticar abiertamente el papel de cómplices o comparsas que desempeñan algunos medios de comunicación isleños, con cuya contribución mantienen el sistema flotando en su propia inmundicia.

Esos medios han intentado expandir una visión que sitúa a López Aguilar como el gran crispador, el godo que vino a afear a los canarios lo que no se debe hacer en política. En esta política bananera.

En realidad, Juan Fernando López Aguilar ha conseguido llamar la atención sobre las carencias democráticas que sufrimos y cómo es posible sobrevivir sin rendirse cobardemente ante el aparentemente eterno poder de los de siempre.

Si alguien tiene dudas de que su discurso ha calado en la opinión pública, que revise los resultados electorales.

No es normal ver a Antonio Castro Cordobez vociferando como un poseso, por eso fue noticia que lo hiciera este jueves en el pleno del Parlamento, y que provocara lo que nunca pretendió: que acabara en ese instante el debate del estado de la nacionalidad y saliera de su castillo encantado el fantasma de la chapuza democrática que preside esta legislatura tan accidentada. Castro no pudo soportar que le recordaran que comunicó a La Zarzuela la investidura de Paulino Rivero antes de que se votara.

Juan Fernando López Aguilar estaba cumpliendo con el guión establecido. Pronunciaba un discurso duro, muy crítico con el Gobierno de Canarias, y cuando se refería a las chapuzas con las que acabó la anterior legislatura (choteo en las comisiones de investigación eólica y del caso Amorós), enlazó con la actual comentando cómo se comunicó al Rey antes de tiempo la investidura del actual presidente autonómico.

Nombrarle eso a Castro Cordobez es lo peor. Dicen los que comparten mesa (de la Cámara) con él que lo recuerda a menudo apesadumbrado, arrepentido por el bochorno institucional que tuvo que padecer aquel funesto día.

Castro se dejó llevar por las prisas y firmó una certificación antes de que lo que se iba a certificar se hubiera producido. El documento, dirigido al Rey de España, daba por hecha la investidura de Rivero, llevaba la firma de Antonio Castro y el correspondiente sello del Registro de Salida del Parlamento.

Con el papel en la mano, el entonces secretario de la Cámara, José Ignacio Navarro, fue llevado en un coche oficial al aeropuerto de Los Rodeos para coger un avión hacia Madrid. Había que darse prisa porque si la comunicación no llegaba a primeras horas de la mañana a la capital del Estado, no podría publicarse aquel viernes 6 de julio en el BOE, y el nuevo presidente no podría cumplir con una agenda de actos que ya había comprometido en su nueva condición institucional.

Mientras Navarro se apeaba del coche en Los Rodeos, alguien en la Cámara descubría que había sido registrada de modo oficial esa comunicación al Rey. Una fotocopia fue rápidamente entregada a Francisco Hernández Spínola, y el portavoz socialista no perdió un solo segundo. Cuando el debate había terminado y se preparaba la votación, Spínola pidió la palabra e hizo pasar a Castro Cordobez el peor momento político de su vida.

El Diario de Sesiones de ese día refleja claramente cómo Castro Cordobez reconoce que el documento estaba firmado y sellado, pero”por muy firmado que esté y por muy registrado que esté, no tiene validez sin que el presidente del Parlamento dé instrucciones de que se entregue”. Falso. Todos los expertos en procedimiento administrativo coinciden en que cuando un documento es sellado, se le otorga un número de Registro y se asienta en el libro correspondiente, pasa a ser documento oficial.

Castro quiso agarrarse este jueves a un matiz: “no se le llegó a comunicar al Rey”, que fue la acusación que hizo el presidente del Grupo Socialista. Pero técnicamente la comunicación había salido del Parlamento a todos sus efectos, y en eso no tiene la razón el presidente de la Cámara.

El incidente amenaza con regresar a Teobaldo Power de modo recurrente. Aquel secretario terminó marchándose tras la escaramuza de Los Rodeos, y de modo sutil a él ha remitido Castro Codobez todas las culpas. Lo repitió este jueves varias veces cuando enfatizaba que él actúa siempre con el respaldo de los servicios jurídicos de la Cámara.

En su última actuación como parlamentario canario antes de asumir su puesto en el Congreso de los Diputados, López Aguilar respondió a la alusión de Rivero, que lo había comparado con Rodolfo Chiquilicuatre.

Esa “alusión grotesca es una infamia que el Parlamento no merece” y que pone al presidente del Gobierno “a su propia altura ante los canarios”, dijo López Aguilar en su turno de réplica en el debate de la nacionalidad,

En un discurso, el presidente de Canarias “se permite desfondar el prestigio del Parlamento con esa degradación inaudita”, dijo López Aguilar después de que Paulino Rivero se recreara en compararlo con el representante español en Eurovisión.

El líder de los socialistas canarios aludió a su próxima marcha al Congreso de los Diputados y señaló que la Comunidad Autónoma “tiene un problema con su gobierno” no con él, que representa al partido más votado y preferido por los ciudadanos en las elecciones autonómicas y locales.

“El problema de los canarios no es que yo me vaya es que usted se queda, que usted está ahí clavadito en el sillón azul”, dijo dirigiéndose a Paulino Rivero, y añadió, “los canarios no tienen confianza en su gobierno, usted sabe que este no es el gobierno de la gente, que está formado de espaldas a los canarios y de espaldas a Canarias”.

El dirigente socialista señaló que no pide permiso ni para ir ni para venir, ni para representar a los canarios en el Congreso.

Le dijo a Rivero que no tiene derecho a pedir a nadie ninguna prueba de compromiso con Canarias cuando precisamente él, que perdió las elecciones, “se amarró al PP” porque “quería ser presidente del Gobierno por encima de todo”.

Este gobierno “se acaba de estrellar en las urnas” entre otras cosas porque los canarios saben que “ni una sola mejora en la vida cotidiana de los canarios lleva la firma del Gobierno de Canarias en los últimos quince años”.

El líder socialista se refirió a la situación de la sanidad, en donde hay 60.000 personas en lista de espera, y cuya gestión se orienta deliberadamente a deteriorar el servicio público en beneficio de la sanidad privada.

Responsabilizó al Gobierno de Canarias de promover una sensación de inseguridad ciudadana basada en el amarillismo para justificar su proyecto de crear una policía autonómica, pero advirtió de que “esa enloquecida estrategia” perjudica al Archipiélago.

También se refirió a la “salmodia victimista” que practica el Gobierno con la inmigración, apelando a “bajos instintos rayanos en la xenofobia”, algo que consideró inmoral, al igual que la utilización de los menores inmigrantes para atacar al Ejecutivo Central.

“Los menores son competencia de la comunidad autónoma, y les molesta esa competencia porque no son negocio ni votan, y por eso se los quieren quitar de encima”, denunció.

Este asunto retrata “la indecencia del gobierno”, que intenta presentar a los menores inmigrantes “como una carga insoportable”, cuando en realidad les cuesta 30 euros al día por niño.

López Aguilar insistió en que el Gobierno autonómico actual es “el más incompetente y desprestigiado” de la historia canaria, algo de lo que son conscientes los empresarios y emprendedores, que saben que no hay seguridad jurídica porque “los concursos están fabricados a la medida, los hace un sastre”.

“Se echa de menos un gobierno que pueda ser tomado en serio y que se pueda respetar, que se tome en serio la reforma del Estatuto e incluya una reforma electoral” en el texto de forma ineludible.

Advirtió respecto a la reforma del Estatuto que “muchos canarios temen ver nuevas competencias en manos de un gobierno tan incompetente”.

En cuanto al desempleo, señaló que ni los planes integrales de los últimos años financiados por el Gobierno central ni los recursos de la Unión Europea han llevado a una reducción del desempleo debido a “la administración clientelar del Servicio Canario de Empleo” y a los “pufos de los que no podemos sentirnos orgullosos”.

Un problema de gestión: En su primera intervención Juan Fernando López Aguilar, afirmó este jueves que el Gobierno de Canarias no tiene un problema de falta de recursos, sino de mala gestión, y afirmó que la única apuesta estratégica de su presidente, Paulino Rivero, era que el PP ganara las elecciones generales, pero “ha fracasado”.

El líder socialista subrayó que los ciudadanos se han pronunciado ya dos veces “contra este pacto” de CC y PP, al votar mayoritariamente a los socialistas en las elecciones autonómicas y generales.

Paulino Rivero “se presentó a las elecciones del 27 de mayo y las perdió, por eso apostó por que el PP ganara en las elecciones generales, pero también perdió”, dijo López Aguilar.

Reivindicó que ante este estado de cosas “hay una agenda alternativa” y que “la única fuerza política que puede y quiere cambiar las cosas en Canarias es el Partido Socialista”, como han dicho los ciudadanos en las urnas.

“Este no es un gobierno nuevo” con ocho meses de gestión, sino que tiene quince años con el mismo pacto y que desoye “el mensaje de cambio de los ciudadanos”.

Acusó a Paulino Rivero de haberse puesto desde las elecciones autonómicas “bajo el brazo protector de Mariano Rajoy”, pero “los ciudadanos han vuelto a pronunciarse y han revalidado la confianza en el PSOE”.

Un auténtico “recital de fracasos, mentiras y monsergas”

Resumió la actuación del Gobierno de Canarias en estos ocho meses como “antisocial, mediocre, incapaz, corta de miras”, un auténtico “recital de fracasos, mentiras y monsergas”.

La falta de solución ante las desigualdades sociales, la potenciación de la sanidad privada frente a la pública, el abandono de la educación, el “desprecio” a los dependientes al negarse a aplicar la Ley de Dependencia o la falta de medidas efectivas frente a la desaceleración económica fueron algunos de sus reproches.

La confrontación permanente con el Gobierno de España acusándole de maltratar al Archipiélago ha sido otra de las características del Ejecutivo de Paulino Rivero, algo que perjudica a Canarias y que no se creen los ciudadanos al dar de nuevo su voto mayoritario a Rodríguez Zapatero, indicó.

López Aguilar responsabilizó al Gobierno canario de anunciar “medidas inconsistentes” y “monsergas” como el plan de empleo para los canarios o ayudas para los hipotecados, promesas que se traducen en “muchos planes que nunca llegan a la realidad”.

“Hay mucha autocomplacencia y ningún contacto con la realidad”, porque en estos ocho meses “nadie puede creerse que ha mejorado la vida de la gente o que se ha dado vivienda a 20.000 personas”, dijo López Aguilar.

Acusó al Ejecutivo regional de eludir sus responsabilidades y buscar chivos expiatorios, ya sean los inmigrantes, a los que se presenta como “enemigos”, el “falso alegato sobre la superpoblación” o el maltrato de ZP.

También “se inventan supuestas deudas de Madrid sacadas con la cuenta de la vieja” mientras aplican “políticas profundamente antisociales” pese a los “ingentes recursos económicos” con los que cuenta Canarias.

“Canarias no es una comunidad pobre, sino que la riqueza está mal repartida, no hay políticas redistibutivas. No hay déficit de recursos, hay déficit de buen gobierno”, sostuvo.

El Gobierno canario ha puesto en marcha “una supuesta estrategia de empleo” que ha sido “desacreditada por todos los analistas” y un plan de reactivación económica “con catorce medidas deslavazadas, sin ninguna novedad y con rebajas fiscales que no inciden sobre la economía”.

López Aguilar se refirió también a la situación de la sanidad canaria, con una mala gestión basada en “una transferencia continuada de recursos hacia la sanidad privada”.

La política sanitaria consiste en dejar deteriorarse la sanidad pública y hacer “derivaciones selectivas” de intervenciones hacia la sanidad privada, denunció.

“Dicen que han reducido las listas de espera y no aportan ningún dato, pero la gente que sabe que hay 60.000 personas en lista de espera”, afirmó López Aguilar.

También acusó al Gobierno de Canarias de despreciar el sistema educativo público, de no tener ningún plan ante el fracaso escolar, de desatender a las universidades y de mantener abierto un conflicto con los profesores no universitarios, a los que se ofende continuamente.

En política social, el hecho de que en seis meses sólo se hayan puesto en marcha seis expedientes de ayudas de inserción social muestra “un desprecio profundo” para los que están bajo el umbral de la pobreza.

El mismo desprecio atribuyó al Gobierno respecto a los grandes dependientes, que ya tendrían que estar recibiendo las ayudas de la Ley de Dependencia como ocurre en otras comunidades autónomas.

El retraso en la implantación de las energías renovables y de protección del medio ambiente y los intentos de derogar la ley de directrices fueron otros asuntos abordados por López Aguilar, quien también denunció que en lugar de más gasto social se pretende crear un cuerpo de 300 policías autonómicos para “abrir nuevas vías de confrontación” con el Gobierno español.

“Cuanto más necesidades sociales hay, menos recursos se destina para ello y más ingente es la retórica de que este es el gobierno de la gente”, consideró el líder socialista, que acusó al Ejecutivo de ser el más caro e inflado de la historia de Canarias en cuanto a reparto de cargos, a la vez que el peor valorado.

Contrapuso las prioridades gubernamentales, que se han concentrado en la policía autonómica y en el reparto de las emisoras de televisión digital terrestre a sus afines, con la actuación del grupo socialista en estos meses, que ha presentado cinco proposiciones de ley sobre sostenibilidad, igualdad, cooperación internacional, sanidad y calidad democrática.

Respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía, López aseguró que se toma en serio ese asunto, mientras el Gobierno canario ha gastado 400.000 euros “en decir a los canarios que el Estatuto es bochinche, boliche y sancocho”.

Me sorprendió, es un decir, la intensidad del odio a Juan Fernando López Aguilar del pacto ATIcc-PP. Un sentimiento que el líder psocialista se ha ganado a pulso por el empeño de espetarle al Gobierno y sus entenados la verdad. Aunque molesta al pacto no tanto que se atreva como que lo haga sin eufemismos, tras superar su adicción a los palabros hipercultos, lo que permite entenderlo mejor; para alivio de la traductora en signos, a la que se le enredaron las sortijas sólo cuando aludió Aguilar al “solipsismo”, que viene, como todo el mundo sabe, de solus ipse.

No entraré en detalles para no decir palabrotas. Sin embargo, me llamó la atención la esquizofrenia gubernamental. Porque ya no sé si prefieren que Aguilar se vaya o se quede. Antes y después de las elecciones autonómicas clamaban para que se fuera y ahora, cuando por fin se marcha (sólo del Parlamento, aviso), se lo reprochan y llegó Paulino a llamarlo “traidor” por ello.

No entraré en detalles, además, porque, tal y como temía, fue una nueva muestra de la perversa degradación de la vida política canaria. El guión, el de siempre: horas de vapuleo a Aguilar, personal más que político, con la acumulación de los tiempos del presidente y de los dos portavoces cómplices, sin que el psocialista pudiera replicar adecuadamente en el tiempo que le correspondía. Y el mismo remate abusivo: el “desafío” de Paulino para que subiera a la tribuna, a responder a las preguntas que le iba formulando durante su intervención; a sabiendas que sólo le quedaba ya una última intervención de tres minutos.

Vi muy engallado a Paulino. La explicación en el digital de El Día de ayer mismo. Aparecía el careto presidencial con un pie de foto que decía “Presentación del sujetador que aumenta dos tallas el pecho”. Pensé que se trataba de un error, pero es evidente que lo llevaba puesto por la forma en que sacó eso, pecho, al desafiarlo.