Desde el Trópico de Cáncer

Así lo han reconocido tanto el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, como el secretario de Organización y portavoz parlamentario de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, que ayer valoraron el hecho de que el Ejecutivo haya trasladado al seno de la UE la “posibilidad de plantear una profunda reflexión” sobre la presión demográfica que soporta Canarias.

En todo caso, el vicepresidente del Gobierno autónomo y presidente del PP canario, José Manuel Soria, insistía ayer en que “no hay planteada una restricción a la segunda residencia” y negaba que hubiera contradicciones en el seno del Ejecutivo autónomo por esta cuestión.

Por la tarde, un portavoz autorizado del Soria responsabilizaba de la propuesta a Coalición, insistía en que ésta deberá ser estudiada y debatida en el Parlamento, advirtiendo de que “allí será matizada”.

MEDIDA EFECTIVA. La comunicación del Ejecutivo considera en su quinto folio que una de “las medidas más efectivas” para solucionar la preocupante “evolución demográfica” es “el estudio del alcance cuantitativo que tienen las segundas residencias o residencias secundarias en Canarias, con el objetivo de valorar la posibilidad de plantear a las instituciones europeas una limitación temporal a la adquisición de segundas residencias, siempre que no supusiese una discriminación entre nacionales de los distintos estados miembros”.

Según el diagnóstico del Ejecutivo canario, “la creciente adquisición de una segunda residencia por parte de la población local como extranjera” ha arrastrado a las Islas a “una expansión urbana descontrolada” que, a su vez, ha permitido que “la elevada densidad de población que hay en Canarias” sea “muy superior a la del resto del Estado” y, en el caso de Gran Canaria y Tenerife, “superior incluso a los niveles medios de Europa”.

Barragán hace hincapié en el hecho de que “es una medida temporal, no permanente, y que afecta también a los canarios”, por lo que en principio no debería ser objeto de pegas jurídicas por parte de la UE, toda vez que “es una respuesta a una comunicación de la Comisión Europea remitida a todos las regiones ultraperiféricas el pasado 12 de septiembre”.

Como los viejos roqueros, los viejos fantasmas nunca mueren… Y menos en Europa. La semilla de la intolerancia, del miedo al otro, prende de nuevo en buena parte de los ciudadanos europeos, y lo que es peor, de sus gobiernos. Primero fue Sarkozy; le siguió Berlusconi. Y ahora, hasta la Comisión Europea, guardiana de los Tratados Fundacionales, también se apunta al carro, preparando una Directiva de expulsión de los aproximadamente ocho millones de extranjeros ilegales que residen en la Unión…

Había leido algo estos días pasados sin prestarle excesiva atención. En El País de hoy, José María Idao explicita con todo lujo de detalles la intención de la Comisión Europea. Me resisto a creer que pueda prosperar. Me niego a aceptarlo.

La Unión Europea puede incurrir de nuevo en el equívoco burocrático de creer que una política común es, por definición, una política deseable. Bajo la presión de la Francia de Sarkozy y la Italia de Berlusconi, la Comisión ha preparado un borrador de Directiva del Retorno que se someterá pasado mañana a la consideración de los Veintisiete. De ser aprobado, los Estados miembros contarán con un instrumento, casi habría que decir una coartada, para establecer un implacable protocolo de expulsión para ocho millones de extranjeros sin papeles. Ahora que cualquier nadería se convierte en acontecimiento histórico, resulta sorprendente que no se destaque la dimensión de este proyecto: nunca hasta la fecha, en ningún tiempo ni próximo ni remoto, los poderes públicos habían decidido deportar de su territorio a ocho millones de personas. Si algo merece el calificativo de histórico, aunque, a continuación, haya que añadir el de escalofriante, es esta normativa elaborada con la puntillosa insensatez de los oficinistas que se limitan a traducir órdenes políticas en papelería administrativa.

La Directiva del Retorno empieza por rehabilitar la figura jurídica de la retención, una monstruosidad desde el punto de vista de los principios penales democráticos a la que recurrieron con profusión los regímenes dictatoriales. En los Estados de derecho, los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, sólo pueden estar, o en libertad, o privados de ella por una resolución judicial que debe atenerse a las causas y a los plazos fijados por una ley preexistente. No existe ni puede existir nada entre medias. Y, menos aún, una detención administrativa, que es el secreto semántico que se esconde bajo la retención masiva de inmigrantes en campos habilitados para ellos. La Comisión, el supuesto embrión del Gobierno de la Europa unida, de la Europa de la razón, los valores, el espíritu crítico y otras sonoras palabras, al parecer, de quita y pon, no va a sugerir pasado mañana acabar con esta práctica, sino regularla, por así decir, desde un punto de vista técnico.

El derrotero por el que se adentrará la Unión de prosperar esta iniciativa sobre inmigración lleva a una conclusión que no debe ocultarse a los ciudadanos: en la Europa de los Veintisiete, habrá castigos privativos de libertad que deriven de los Códigos Penales de los países miembros y otros castigos, en cambio, que no serán considerados castigos, aunque conlleven la privación de libertad, y que estarán fijados en una Directiva, regulados como simples decisiones de la Administración. La ubicación no es intrascendente, puesto que abre la rendija por la que la Comisión sugiere la abolición de algunas de las garantías irrenunciables de la ley penal democrática, única norma que autoriza a recluir a un ciudadano, a privarle de su libertad, tras una resolución de los jueces.

En el borrador de la Directiva de Retorno se dice que los inmigrantes sin papeles podrán permanecer hasta seis meses en los centros de internamiento y que ese plazo se podrá ampliar en otros 12, hasta completar un máximo de año y medio, en los supuestos de “falta de cooperación del afectado” o de “retrasos en la obtención de la documentación necesaria por parte de los terceros países”. ¿Qué significa esto? En el primer supuesto, que la detención administrativa puede ser utilizada como medio de presión, o por decirlo en toda su crudeza, como chantaje, para que el “afectado” colabore. En el segundo, que un retraso administrativo de los países terceros puede convertirse en agravante de la retención que pese sobre un extranjero sin papeles; pero en un agravante sin parangón en el derecho interno, puesto que no es que permita prolongar en una porción tasada el tiempo que un extranjero puede permanecer privado de libertad, sino que autoriza nada menos que a triplicarlo en función de algo de lo que, además, no es responsable. Por si no fuera bastante, la Directiva de Retorno prevé que estas medidas se apliquen, también, a los menores que no estén acompañados. Es decir, a menores que, sin haber alcanzado la edad penal, podrán pasar hasta 18 meses recluidos.

Comentar las disfunciones del sistema electoral español en lo que hace referencia a la elección al Congreso de los Diputados se ha convertido ya en un lugar común y no vale la pena insistir sobre ello. La prueba del “9″ de las mismas está en los resultados obtenidos por Izquierda Unida, la tercera fuerza política en número de votos del país, que ha obtenido únicamente dos escaños y desaparecido como grupo parlamentario.

Que aparte de esas disfunciones citadas el sistema presenta aspectos positivos, está claro, y tampoco merece mayores comentarios. Entre ellos, el principal, la estabilidad que da a los gobiernos surgidos del Parlamento, independientemente del número de escaños de la mayoría gubernamental.

Unas y otras, disfunciones y ventajas, las expone con claridad en su artículo de hoy en El País el politólogo Rubén Ruiz-Rufino, miembro del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March, profesor del Instituto Universitario Europeo de Florencia y autor del estudio titulado “La reforma del sistema electoral español en las elecciones al Congreso de los Diputados” (Fundación Alternativas, Madrid, 2004).

Nunca está de más insistir en ambos aspectos, pero resulta difícilmente creíble que los dos grandes partidos mayoritarios españoles tengan excesivo interés en la modificación del sistema, por otra parte, una cuestión no excesivamente complicada.

El profesor Ruiz-Rufino, y otros expertos, proponen un aumento del número de Diputados de los actuales 350, hasta los 400, en el que los nuevos cincuenta escaños serían atribuidos a los partidos en una lista única de ámbito nacional de manera proporcional al número de votos totales obtenido por cada formación política. Es una solución sencilla y que, desde luego, ayudaría a corregir la actual desproporcionalidad del sistema, sin necesidad de modificar la Constitución.

Desde mi condición de mero aficionado a la Teoría Política, interesado sobre todo en el estudio de los sistemas electorales, me atrevería a proponer una reforma más en profundidad del español, sin desvirtuarlo del todo de sus condicionamientos actuales, bajo los siguientes supuestos:

1. Aumento del número de Diputados del Congreso desde 350 a 400.

2. Reparto de los cuatrocientos escaños entre las 19 comunidades y ciudades autónomas en razón de uno mínimo para cada una y el resto, proporcionalmente, en función del número de electores de cada una de ellas. Este reparto se actualizaría cada cuatro años.

3. La circunscripción electoral para las votaciones y atribución de escaños correspondiente sería la comunidad y ciudad autónoma respectiva.

4. Los electores tendrían opción en cada papeleta de atribuir el orden de adjudicación de escaños de la candidatura, al menos hasta un 50% por ciento de la misma, respetando la paridad legal hombre-mujer.

5. Se suprimiría el límite mínimo de obtención de votos para la adjudicación de escaños.

Respecto al Senado, la cuestión es más problemática y novedosa, y sin entrar en las funciones que corresponderían a ese nuevo Senado del que todo el mundo habla pero nadie propone nada en concreto, mi propuesta sería:

1. El Senado estaría compuesto por representantes de los gobiernos de las 19 comunidades y ciudades autónomas.

2. Cada comunidad y ciudad autónoma dispondría de 1 voto, y otro voto más por cada millón de habitantes de la respectiva comunidad y ciudad autónoma. Cada cuatro años se haría una nueva distribución del número de votos correspondiente a cada una de ellas.

3. El Senado se renovaría cuando correspondiera hacerlo al parlamento de cada comunidad o ciudad autónoma.

4. El Senado no podría ser disuelto por el presidente del gobierno ni, por tanto, exigir por su parte la responsabilidad del gobierno.

5. Las votaciones en el Senado exigirían para su validez una mayoría simultanea del total de votos atribuidos al conjunto de las comunidades y ciudades autónomas en él representadas y de al menos, diez de ellas.

6. El voto de cada comunidad y ciudad autónoma sería indivisible y único.

La estabilidad de los partidos políticos y la cohesión interna de los gobiernos son los logros del actual sistema electoral. Por contra, la falta de proporcionalidad y las listas cerradas resultan aspectos negativos.

Nunca en nuestra reciente historia democrática habíamos asistido a un debate tan intenso sobre nuestro sistema electoral como el que hemos presenciado antes, durante y después de las últimas elecciones generales. El penúltimo ejemplo lo hemos visto en la primera sesión del debate de investidura. Allí, el líder de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, exigió al candidato a la Presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una reforma del actual sistema electoral y el líder socialista, por su parte, se comprometió a crear una comisión para estudiar esta posibilidad.

El interés de todo el debate generado en torno al sistema electoral está más que justificado, pues estamos hablando del conjunto de reglas que organizan el aspecto más esencial de la democracia: las elecciones periódicas y competitivas por las cuales elegimos a nuestros representantes políticos. Sin embargo, cuando hablamos y discutimos sobre el sistema electoral solemos centrarnos en los aspectos más negativos olvidando, creo que injustamente, los importantes logros que ha generado. Convendría, por tanto, hacer una pequeña reflexión sobre las luces producidas por una de nuestras instituciones políticas que ha permanecido intacta desde el inicio de nuestra democracia.

El sistema electoral español se ha empleado en diez ocasiones desde 1977, y dos han sido sus principales consecuencias positivas. En primer lugar, hay que destacar la escasa fragmentación del sistema de partidos. Así, el Congreso de los Diputados ha estado fundamentalmente dominado por dos grandes partidos que se han alternado en el poder, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), y una serie de partidos menores, fundamentalmente nacionalistas y regionalistas, que han jugado papeles importantes en determinados momentos.

En segundo lugar, y gracias en parte a nuestro sistema de partidos, España ha disfrutado de una relativa calma institucional que ha tenido su mejor reflejo en la duración de los distintos equipos de gobierno. Como es bien sabido, la ley electoral establece que las elecciones se celebren cada cuatro años y, si observamos la duración de todos los gobiernos desde 1977, el valor medio ha sido de aproximadamente cuarenta meses, algo más de tres años. Hay que mencionar, por excepcionales, los tres primeros gobiernos bajo el mandato de la Unión de Centro Democrático (UCD). Con una duración media de unos veinte meses, estos tres gobiernos estuvieron además sometidos a una grave crisis en el propio partido que originó la existencia de gobiernos dirigidos por distintos responsables. Exceptuando estos equipos, que se pueden considerar de transición, los gabinetes formados a partir de octubre de 1982 se han caracterizado por su longevidad. Es más, desde las elecciones de 1996, todos los gobiernos resultantes han cumplido escrupulosamente el plazo legalmente establecido.

Junto a esta longevidad, la cohesión interna de los equipos de gobierno es otro rasgo positivo que ha definido a nuestro Poder Ejecutivo desde 1977. De hecho, la escasa conflictividad en los diferentes gobiernos es uno de los elementos fundamentales para comprender el asentamiento de la democracia en España. En tan sólo treinta años, España ha pasado de ser una dictadura a una democracia cuyo funcionamiento se puede equiparar perfectamente a las del resto de democracias europeas. Nuestro sistema electoral ha permitido la creación de cuatro gobiernos donde un partido ha ganado la mayoría absoluta de escaños en el Congreso de los Diputados y seis donde el partido vencedor ha estado en minoría parlamentaria. En estos últimos casos, hay que señalar que los gobiernos han sobrevivido gracias a apoyos parlamentarios con otras formaciones políticas y, curiosamente, no se han producido gobiernos de coalición. La ausencia de coaliciones en circunstancias que habrían favorecido su aparición es una particularidad del sistema político español. Si se observan datos de otras democracias occidentales, e Italia es un buen ejemplo, se aprecia que la forma de gobierno de coalición, esto es, un gabinete formado por miembros pertenecientes a dos o más partidos políticos, ha sido y es muy frecuente. Sin embargo, en España ha predominado la idea de que el partido ganador de las elecciones es el partido que controla el gobierno, a pesar de haberse dado las condiciones para generar gobiernos de coalición.

La ausencia de gobiernos de coalición y, sobre todo, las mayorías absolutas generadas por el sistema electoral han facilitado que los partidos en el gobierno hayan podido llevar a cabo las importantes reformas económicas y estructurales que han colocado a España en los vagones de cabeza entre las democracias más industrializadas. Es difícil imaginar que estos mismos logros se hubieran alcanzado si nuestro sistema electoral hubiera generado gobiernos inestables y poco duraderos. El ejemplo más cercano al que podemos recurrir es el sistema electoral empleado durante la II República. Y sus resultados no son precisamente alentadores. De 1931 a 1939 se celebraron tres elecciones generales que produjeron más de veinte gobiernos distintos. Sin duda, esta inestabilidad institucional fue uno de los factores negativos que impidió llevar a cabo las reformas que promovían los distintos partidos políticos y que además contribuyó a la polarización política con el resultado trágico que todos conocemos.

Por supuesto, estos efectos positivos generados por el sistema electoral español deben contraponerse a las consecuencias negativas que son las que han dominado el debate actual. La falta de proporcionalidad es, seguramente, el reproche más claro que podamos atribuirle. La desproporcionalidad afecta principalmente a partidos nacionales con apoyos sensiblemente inferiores a las grandes formaciones políticas. El ejemplo más contundente se encuentra en Izquierda Unida (IU), que en estas últimas elecciones ha vuelto a ser la tercera fuerza más votada y, sin embargo, se ha convertido en la sexta fuerza parlamentaria llegando incluso a perder su propio grupo en el Congreso de los Diputados. Pero junto a la desproporcionalidad, también hay que considerar la rigidez con la que los ciudadanos eligen a sus representantes.

El sistema de listas bloqueadas y cerradas puede generar al menos dos restricciones a los electores. Por un lado, restringe la libertad del votante para decidir al representante más preferido. El votante ve limitada su capacidad de elección a una única dimensión: la ideológica. Por otro, esa falta de capacidad del votante para elegir a la persona que lo represente tiene la consecuencia más grave en la ausencia de mecanismos para premiar o castigar la actuación de un diputado durante su mandato. El elector no puede responsabilizar a un representante concreto de la mala gestión realizada durante el periodo para el que fue elegido sin castigar a la formación política a la que pertenece. El votante no tiene, pues, una opción para castigar al mal político y a la vez votar por su fuerza política preferida. Como consecuencia de ello, el elector puede bien abstenerse o bien votar a su segunda opción política preferida. O dicho de otro modo, el propio sistema electoral podría estar promoviendo la abstención de ciertos votantes.

Esta es la conclusión que saco del último acto del espectáculo de títeres en Pensilvania: gane quien gane las elecciones presidenciales en noviembre, el mundo se sentirá decepcionado.

Una consecuencia evidente de la interminable contienda de los demócratas, sobre todo si se prolonga hasta la convención de Denver en agosto, es que mejorarán las posibilidades de victoria de John McCain. De hecho, el resultado de Pensilvania es el mejor resultado al que podían aspirar los republicanos. Hillary obtuvo una victoria suficiente para permanecer en la carrera, pero no lo suficientemente clara como para empezar a dar la vuelta a la situación. Los responsables de la campaña de McCain deben de estar frotándose las manos de satisfacción.

La elección de McCain como presidente sería en sí misma una decepción para un mundo fascinado con Barack Obama. Habría una sensación de que las cosas no cambian y un montón de bromas cansadas sobre McBush. McCain, a diferencia de George W. Bush, tiene una biografía que impone respeto. Desafío a cualquiera que lea sus memorias, Faith of my fathers, a no sentirse conmovido por los fragmentos que recuerdan su cautiverio y sus torturas en Vietnam. Cuando los republicanos dicen de él que es un auténtico héroe americano, por supuesto, están llevando a cabo una operación de marketing político; pero además es verdad.

Por desgracia, eso no quiere decir que pueda ser un buen presidente para esta era en la que vivimos. Si estuviéramos envueltos en una Tercera Guerra Mundial contra una nueva Alemania nazi, lo sería; pero no es el caso. Seguramente, los múltiples desafíos que afrontará el nuevo presidente son, en conjunto, no menos serios que la amenaza nazi, pero exigen otro tipo de líder. Me temo que McCain no posee el temperamento, la experiencia, la mentalidad ni el atractivo internacional que necesita este momento. Como personaje, es un volcán. Estalla y luego se apaga. Es una característica que está muy bien en muchas situaciones (en una redacción de periódico es casi un requisito), pero no precisamente en las relaciones internacionales. Tiene amplia experiencia como senador, pero no en instancias de gobierno. Su mentalidad se corresponde con su edad: en Irak está, en cierto modo, todavía combatiendo en Vietnam. Y es un héroe muy americano. Su atractivo para otros países es muy limitado.

Sigo pensando que Hillary Clinton está mejor preparada para ser una buena presidenta en estos tiempos. Pese a su reciente fanfarronería a propósito de Irán (“podríamos aniquilarlos por completo”), creo que tiene el temperamento, la experiencia y la mentalidad imprescindibles para ser lo que el mundo necesita en Washington en los próximos cuatro años: un timonel seguro. Sobre el papel, su experiencia es menor que la de McCain, pero eso es no tener en cuenta el carácter extraordinario de la Casa Blanca de Clinton, en la que, según recuerda todo el mundo, fue mucho más que una típica primera dama. Con cuidado de evitar toda referencia a Lord y Lady Macbeth, la sociedad formada por Hillary y Bill es una de las más formidables de la historia política. Pese al fracaso de sus reformas sanitarias, o en parte debido a esa amarga experiencia, sabe exactamente cómo trabaja la maquinaria -cada vez más disfuncional- del Gobierno en Washington, qué palancas conviene engrasar, a quién hay que adular y a quién gritar. Obama tiene razón: es un personaje de los de Washington de toda la vida. Y Obama se equivoca: ésa es una de sus grandes ventajas. Sobre prácticamente cualquier tema, siempre está muy bien informada y entiende las complejidades (incluidas las de Irán), pese a que las simplifique con fines electorales.

Hace un año habríamos dicho que además posee atractivo internacional. Nos preocupaba una alternancia aparentemente interminable entre los Bush y los Clinton, pero la mujer a la que el mundo conocía ya simplemente como “Hillary” era una marca de imagen asombrosa, y la estrella Bill iba camino de ser, para tomar prestado el chiste que él mismo atribuye a un amigo suyo escocés -y un chiste escocés no es cosa de risa-, “el primer laddie” (con un juego de palabras entre lad = chico y lady = dama). Pero eso fue antes de que Obama se convirtiera en Obama. Hoy, la Obamamanía es un fenómeno mundial, quizá mayor que la Dianamanía, porque los nuevos medios surgidos en los 10 años desde que murió Diana -los vídeos de YouTube, la blogosfera, etcétera- han multiplicado su alcance por 10. La suerte de Hillary es la del golfista brillante que tiene la desgracia de competir en los mismos años que Tiger Woods. Todo es relativo. De modo que ahora, aunque la superwoman Hillary destrozase el techo de cristal supremo, el mundo sentiría una punzada de desilusión.

¿Y si gana Obama? En primer lugar, cada vez parece menos probable. El otro día le dijo a Jon Stewart en el programa The daily show que “la senadora Clinton me ha hecho un favor”. Dice que, tras sus ataques, está mejor preparado para soportar una ofensiva de la maquinaria de ataque republicana en unas elecciones generales. Clinton le ha puesto a prueba, “como en unos entrenamientos”. Pero la verdad es que el espectáculo de títeres no ha favorecido la imagen de ninguno de los dos. Pensilvania ha puesto de relieve que Obama sigue sin poder conquistar a los trabajadores blancos ni a los llamados “demócratas de Reagan”. Según John Dickerson, de la revista Slate, los comentarios que se filtraron de Obama sobre los habitantes de pueblos pequeños en situación de desventaja económica que “se aferran a las armas, o la religión, o la antipatía por quienes no son como ellos” le han perjudicado enormemente. Entre los votantes en la primaria de Pensilvania, dice Dickerson, Clinton obtuvo el apoyo del 60% de los dueños de armas, el 59% de los habitantes de pueblos pequeños y la mayoría de los que practican alguna religión.

No obstante, supongamos que gana Obama. La gente de todo el mundo se sentiría encantada, llena de esperanza. Ése sería su primer problema. Las expectativas mundiales son tan elevadas que son imposibles de cumplir, igual que Diana no pudo volver a ser una persona normal y corriente.

Si existen dudas sobre la experiencia de gobierno de McCain y Clinton, ambos parecen Washington y Lincoln en comparación con Obama. Su inexperiencia ha quedado patente en la campaña y se vería aún más en el Despacho Oval. Nunca ha dirigido ninguna gran organización; ahora tendría que dirigir la mayor de todas. A diferencia de Hillary, no sabe exactamente qué palancas conviene engrasar para salir adelante en las oscuras y sucias calderas de Washington, y, al menos al principio, quizá le diera asco tener que hacerlo. Los antecedentes de la política exterior practicada por presidentes demócratas inexpertos durante su primer mandato no son alentadores, desde Kennedy hasta Clinton, pasando por Carter (hay que dejar aparte a Truman: siempre hay una excepción a la regla).

Por último, pero igualmente importante, está la diferente situación que ocupa Estados Unidos en el mundo hoy con respecto a la época de Kennedy, para no hablar de la de Truman. Pese a todas las dificultades estructurales que afronta China, pese a las ventajas de la sociedad libre de Estados Unidos y su dominio militar, su poder relativo ha disminuido, sigue disminuyendo y disminuirá aún más. Ocurre, sobre todo, en el caso del poder económico, porque el país ha vivido por encima de sus medios, el gasto oficial se ha centrado en los usos militares y los grandes bancos de Nueva York acuden con la gorra en la mano en busca de los fondos soberanos de Arabia y Asia. Puede que Obama se parezca a John F. Kennedy cuando habla, pero su Estados Unidos no podrá “pagar cualquier precio, soportar cualquier carga, hacer frente a cualquier dificultad, apoyar a cualquier amigo” (como dijo Kennedy en su legendario discurso de toma de posesión). Ya no puede permitírselo.

Es decir, sea cual sea el resultado de las elecciones, prepárense para una gran decepción. Si lo hacen, es posible que la decepción no sea tan grande. (Domingo, 27/04/08)

¡Hostias con los liberales!… Lo de esta señora, doña Esperanza Aguirre, liberal de pro, de las de la Constitución del 12, comienza a ser de juzgado de guardia… Ayer, a mitad de camino en mi ruta habitual Las Palmas-Maspalomas, a las nueve y un minuto de la mañana (hora de Canarias) la Cadena SER adelanta la noticia de que doña Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha firmado un convenio con el Arzobispado de Madrid por los que un sacerdote, designado por las autoridades eclesiásticas, formará parte de todos los Comités de Ética de los hospitales públicos de la comunidad autónoma. Unos Comité que deciden sobre los cuidados paliativos a adoptar en los pacientes terminales… Por supuesto, no importa que el paciente sea católico, de cualquier otra confesión, agnóstico o ateo, o que simplemente no desea asistencia religiosa de ningún tipo…

Si esta señora presidenta es liberal, yo soy arzobispo de Canterbury… Doña Esperanza, por decirlo suavemente, no tiene ni pajolera idea de lo que significa la palabra “liberalismo”… Repugna a cualquier conciencia con un mínimo de sensibilidad la osadía y desvergüenza torera con que la jerarquía católica española en general, y la madrileña en particular, se pasa por el forro de la sotana los derechos de los pacientes y los ciudadanos. Y esta vez, con la complicidad de las autoridades de una región que, cada vez más, comienza a parecerse a la Italia de la Liga Norte y Berlusconi…

No es extraño que la noticia saltara a la prensa inmediatamente, y que en la versión electrónica de El País de ayer, fuera la noticia más visitada y comentada por los lectores. En su versión impresa de hoy, también le dedica El País un destacado espacio, con un crítico artículo de la periodista Soledad Gallego-Díaz, cuya lectura recomiendo, y varias informaciones relacionadas con la noticia. Y esta misma tarde, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha anunciado en la rueda de prensa habitual para dar nota de lo acordado, que el Gobierno ha ordenado a la Fiscalía del Estado y a la Agencia de Protección de Datos que procedan a denunciar dicho Convenio si consideran que vulnera derechos fundamentales de las personas.

Todo este trasiego me ha hecho recordar una viñeta de Romeu en El País del día 22 en la que uno de sus protagonistas habituales le dice al otro: “A mi, Espe, me parece un híbrido de la Thatcher, Berlusconi y Putin. ¡Me da miedo”, dice. Y le contesta el otro personaje, con cara de tribulación; “¡Pues no veas a nosotros que la tenemos en casa!”.

Por supuesto que muchos comités de ética en el mundo cuentan entre sus miembros con religiosos o sacerdotes. Pero no porque les haya nombrado la jerarquía católica, ni por su condición de tales, sino que han sido elegidos por su fama y prestigio, sus publicaciones, debates o ensayos sobre el tema. Nadie con sentido común tendría algo que oponer a que el jesuita Teilhard de Chardin hubiera formado parte, por ejemplo, del comité de ética del hospital de la Paz. Ojalá. Lo malo es que, muy probablemente, hubiera sido el propio cardenal arzobispo de Madrid quien le hubiera puesto inmediatamente el veto, por poco obediente, o quizás, por excesivamente conocedor del tema.

De lo que se trata ahora es de un convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y monseñor Rouco por el que los curas que asisten en los hospitales a los enfermos católicos que solicitan sus servicios, entran a formar parte, también, de los llamados Comités de Ética y comités interdisciplinarios de Cuidados Paliativos de todos los centros sanitarios de propiedad pública de Madrid. ¿Para qué? ¿Para que rocíen con agua bendita la mesa de reuniones?

No tiene sentido que la Comunidad llegue a un pacto semejante con la jerarquía de la Iglesia católica. Ya sabemos lo que piensa esa jerarquía: a Jesús nadie le abrevió la agonía en la cruz. Para ellos, de nada sirve que hayan pasado XXI siglos desde entonces y que nadie muera en España ni en la cruz, ni por sus ideas o creencias. Es verdad que tienen derecho a pensar lo que quieran y a recomendar a sus seguidores que sigan el ejemplo de su líder. Los Testigos de Jehová tampoco aceptan determinados tratamientos. Mientras sean adultos, no hay nada que discutir.

Pero por esa condición de curas o de jerarquía religiosa, católica o de cualquier otra fe, no tienen derecho a decidir sobre el tipo de asistencia médica que debe recibir el conjunto de la ciudadanía ni a participar en el debate sobre cuestiones de moral social que afectan a todo tipo de ciudadanos, creyentes o no. Los ciudadanos, que tenemos derecho a tratamientos médicos de calidad, deberíamos exigir también que los debates sobre cuestiones morales que afectan a nuestra vida y a nuestra muerte no queden en manos de ignorantes o aficionados, cuyas únicas credenciales demostradas o demostrables sean tener fe y obediencia. Ni curanderos para tratar nuestras enfermedades ni sermoneadores para debatir la moral social.

Por supuesto que han surgido nuevos problemas comunes a la humanidad que requieren de nuevos instrumentos teóricos para comprenderlos y para actuar sobre ellos. Por supuesto que hay sacerdotes y religiosos, católicos y de otras creencias, que han dedicado su esfuerzo y su capacidad intelectual a debatir estos temas. Bienvenidos sean a la mesa de discusión con profesores de ética y con expertos en derecho. Pero eso no tiene nada que ver con firmar un acuerdo con el cardenal arzobispo de Madrid sobre el papel o la influencia de los curas en los hospitales públicos.

Lo más increíble de todo este asunto es que el laicismo, la doctrina que defiende la independencia de los hombres y mujeres, de la sociedad, y muy particularmente del Estado, respecto a cualquier organización o creencia religiosa, no fue un invento del socialismo, sino del liberalismo. Es una lástima que los políticos españoles que se reclaman hoy liberales aparentemente no hayan leído siquiera algún manual escolar sobre el tema y que se crean que el liberalismo es una palabra que significa lo que a cada uno le viene bien en cada momento.

En el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la única persona dentro del PP que ha dicho claramente que es liberal, que defiende el liberalismo y que quiere que su partido se acoja a esa doctrina, da la impresión de que cree que es algo que nació con la escuela económica de Chicago y que se refiere sólo a la privatización acelerada, por las buenas o por las malas, de todos los servicios públicos que se pueda, incluida la educación y la sanidad. Resulta asombrosa la naturalidad con la que la presidenta ignora buena parte de la doctrina que dice representar, en concreto todo lo que ayudó a la modernización de las sociedades europeas del XIX y que tenía que ver, precisamente, con la vigorosa y tenaz defensa de la libertad de conciencia ante cualquier tutela teológica o religiosa. Lo más contrario al liberalismo no es un hospital de gestión pública. Lo radicalmente contrario a todo lo que significa y significó esa doctrina política es, precisamente, el convenio que ha firmado en Madrid Esperanza Aguirre. (El País, 25/04/08)

María Ross vive en Holanda. Tiene unos 65 años y padece un cáncer terminal. Sufre dolores muy fuertes. Asegura que cuando no pueda aguantar más recurrirá a la eutanasia. Está tranquila, la ley de su país le permite hacerlo. Montse Caba tiene 48 años y vive en Cataluña. Sufre una enfermedad degenerativa y muy dolorosa, el síndrome pospolio, que la ha dejado en una silla de ruedas. Teme empeorar tanto que no pueda valerse por sí misma. Asegura que si llega ese caso querría recurrir a la eutanasia. Sin embargo, en España no es posible. “No sé lo que haré, pero espero que haya alguna mano amiga que me ayude”, dice.

Mi muerte es mía, el documental que Cuatro emite esta noche (0.20) visita dos realidades. Rodado durante meses narra la historia de María, atendida por su médico de cabecera -en su país son ellos los que llevan los casos de eutanasia- que la ayudará a morir en su casa, acompañada por su marido y una amiga; y la de Montse, asociada a la organización Derecho a Morir Dignamente, que muestra sus temores a terminar su existencia con dolor y no poder recurrir a la eutanasia.

El cuerpo de María se adivina a través de las mantas de su cama, instalada en el salón frente a un gran ventanal. “Lucharé hasta el último momento, de verdad”, dice. Desde allí recibe al médico que ha llegado para reconocerla. “¿Cómo te ha ido la medicación nueva? No debes angustiarte tanto, hace unas semanas te ahogabas, ¿recuerdas?”, le pregunta él. “Sí…”, responde María, y baja la mirada. “No voy a mejorar, creo que me iré muy pronto”. Holanda ha regulado por ley la eutanasia, una práctica a la que enfermos como María, retratada en el documental producido por La Quimera, pueden recurrir. Todos han de pasar por una segunda opinión médica. “¿Ha indicado que cuando el sufrimiento empeore y el dolor sea tan fuerte que no pueda vivir con él quiere morir de manera suave ayudada por el doctor?”, cuestiona el segundo facultativo. “Quiero aguantar hasta que yo decida y quiero morir aquí”, dice María. “Cuando llegue el momento quiero directamente la eutanasia”.

Montse también lo tiene claro. Ha firmado el testamento vital y sabe en qué casos querría ayuda para morir: “Si algún día dependiera de una persona para todo, si no puedo hacer lo que me gusta, no quiero seguir viva”.

La eutanasia de María está programada para dentro de 24 horas. Sus familiares llegan para despedirse. “La situación se ha complicado tanto que estoy segura de que esto es el final”, dice. En España, en su casa, Montse ve las imágenes de María. Dentro de unos días entrará en el quirófano. Podría salir para estar definitivamente en una cama. “Lo que me angustia es pensar que si sale mal alguien va a tener que ayudarme a morir. Eso para mí es una situación muy angustiosa”. (El País, 25/04/08)

La tarea de los comités de ética suele ser la de proponer protocolos de actuación en casos que puedan plantear cualquier tipo de conflicto ético (abortos en avanzado estado de gestación, cuidados paliativos, etcétera) y, en el caso de que algún profesional lo pida, valorar situaciones concretas en informes no vinculantes. A pesar de que existe la posibilidad de incluir a los sacerdotes, lo cierto es que no suelen estar a no ser que sean expertos por su labor médica o su experiencia en filosofía o bioéticas.

De hecho, “en no más de dos o tres hay un religioso entre sus miembros” en la Comunidad de Madrid, que cuenta con un comité en la mitad de sus 32 hospitales, según una portavoz de la Consejería de Sanidad. Entre ellos, el Hospital de La Paz y el Gregorio Marañón.

En la regulación de la mayoría de las comunidades no existe referencia expresa a que haya un representante religioso en los comités, salvo en la Comunidad Valenciana. Lo mismo que dice la regulación madrileña, aunque en el convenio firmado con la Iglesia católica se dice expresamente que el capellán “formará parte del comité de ética”.

Algo con lo que no están de acuerdo, por ejemplo, en Andalucía. “La Administración pública no es confesional y los hospitales participan de ella”, indica el secretario general de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud, José Luis Rocha. Tanto las autoridades gallegas como las de Castilla y León insisten en que no existe en sus autonomías acuerdos con los obispos y en Cataluña recuerdan que los profesionales sanitarios y sus familias siempre tienen la última palabra.

Sin embargo, en el País Vasco sí hay algún sacerdote en el comité del Hospital de Basurto, en Bilbao: “Se le aceptó como persona, no por su condición de religioso. Además tiene una formación en Filosofía”, asegura Elena Gutiérrez, la presidenta del comité. El presidente del comité de ética del Hospital de Txagorritxu, en Vitoria, Sebastián Iribarren, resalta que la presencia en el comité es voluntaria y que, de entrada, no diría que no a la presencia de un sacerdote en el mismo. “Se estudia su perfil. Lo que se trata es de evitar a los dogmáticos, sean religiosos o no”.

Religiosos que asisten a los enfermos pero sin opinar:

- Reino Unido. En el Reino Unido no hay ninguna normativa que permita expresamente la participación de sacerdotes en el asesoramiento a los médicos sobre el tratamiento a dar a un paciente, según portavoces de la Iglesia de Inglaterra y de la Asociación Médica Británica (BMA en sus siglas en inglés). Tanto la Iglesia como la organización médica suelen participar en las consultas que abre el Gobierno antes de legislar sobre temas médicos o sociales, pero los sacerdotes no opinan directamente sobre qué tratamiento es el más adecuado en casos concretos.

- Francia. La separación radical entre las Iglesias (en plural) y el Estado es una de las características de la República francesa. Las cuestiones que pueden presentar problemas éticos, como las relativas a los casos de eutanasia pasiva, son responsabilidad única de las familias de los enfermos y de los médicos.

- Holanda. Este país fue pionero en aceptar la eutanasia (la ley en vigor desde 2002 goza de una aceptación social cercana al 90% de la población) y en los últimos años ha desarrollado unidades de cuidados paliativos en todos los hospitales, una red nacional de residencias y un servicio de cuidados a domicilio. En cualquier caso, cada una de las cinco comisiones regionales facultadas por el Gobierno para revisar los expedientes de eutanasia cuenta con un jurista, un médico y un experto en ética, todos aconfesionales.

Casado se queja de una corriente que recorre, no sólo España, sino toda Europa, de representación religiosa en órganos científicos, como está ocurriendo en el Grupo Europeo de Ética, asegura. “Los comités establecen líneas de actuación, y cuanto más conservadores, más pasos atrás se darán”, añade. En cualquier caso, Casado recuerda que en los hospitales existe esa figura del capellán, pagada por las administraciones públicas, que ya existía durante la dictadura, y a partir de ahí va a lo que considera la raíz del problema, los acuerdos del Gobierno de España con el Vaticano. “¿De qué nos sorprendemos?”, se pregunta Casado.

“Estamos en lo de siempre, en los privilegios que la Iglesia católica tiene en España”, dice la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y miembro del comité de ética del Hospital Clínico de Valencia, en el que “hay un capellán”. “Habría que ver”, continúa, “si los hospitales públicos pueden garantizar también que un enfermo que lo pida sea asistido por un representante de cualquier otra confesión”. Es decir, estas dos expertas no discuten la pluralidad de estos organismos, sino más bien los privilegios para la confesión católica que persisten en España en muchos otros ámbitos.

Marcelo Palacios, presidente de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), sin embargo, con el mismo argumento de la máxima pluralidad en relación con las personas que están involucradas en el proceso asistencial, asegura: “No creo que haya que poner ningún tipo de objeción” a la presencia de los capellanes en las comisiones.

Núria Terribas, directora del Instituto Borja de Bioética, el primero que se fundó en Europa (1976), dependiente de la Universidad Ramon Llull (Barcelona), y miembro de ocho comités de ética de hospitales catalanes: “En un contexto laico, el sistema sanitario público debería tener, en todo caso, una representación de las confesiones religiosas, de la pluralidad de pacientes: musulmanes, budistas, etcétera. Si sólo hablamos de una confesión, el sesgo está muy claro”. (El País, 25/04/08)

Por esa razón, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, se ha dirigido al Ministerio Fiscal y al director de la Agencia de Protección de Datos para que analicen el contenido del convenio y estudien si vulnera derechos fundamentales, como los derechos a la intimidad, la autonomía personal, la salud y la libertad religiosa.

En tal caso, el Gobierno solicita que se proceda a “ejercitar las acciones que consideren oportunas en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Fernández de la Vega ha subrayado que la voluntad de los pacientes sobre su salud no puede tener otros límites que los previstos en el ordenamiento jurídico y los que se derivan de los criterios profesionales. (El País, 25/04/08)

No era cuestión de esperar más. Un día después de la muerte de Franco, el 21 de noviembre de 1975, don Juan Carlos de Borbón recibía un telegrama: “En ocasión de su coronación solicitamos a Su Majestad proclame amnistía general para los presos políticos en España”.

Llegado desde el Reino Unido, Amnistía Internacional no era por aquel entonces un movimiento legal en nuestro país, y tuvo que esperar para serlo hasta el año 1978. Un año antes, en 1977, la organización había recibido el Premio Nobel de la Paz, y ese mismo año el Premio de Naciones Unidas, pero también empezaba a acumular detractores; Ahmed Sekú Turé, presidente de Guinea en ese momento, se defendía ante la prensa de un informe sobre su país diciendo: “Si desean saber lo que realmente pienso, les diré que Amnistía Internacional es una basura”.

Hoy cumplimos 30 años en España, y aunque el mundo ha cambiado mucho desde entonces, la independencia e imparcialidad de Amnistía Internacional, que no admite fondos de Gobiernos nacionales, sigue siendo incómoda para políticos, Gobiernos y grupos armados en todo el mundo. Hace pocos meses, un dirigente del Partido Socialista de Navarra declaraba, tras la publicación de nuestro informe sobre torturas en España, que “Amnistía Internacional ataca a las instituciones democráticas del Estado”, mientras que la Confederación Española de Policía nos definía como “la vergüenza de las ONGs españolas”.

Cuando esta organización solicitó el año pasado que las mujeres puedan acceder a servicios de salud oficiales cuando sean violadas o surjan complicaciones derivadas del embarazo, el Consejo de Justicia y Paz del Vaticano pidió a los católicos “no más financiación para Amnistía Intrnacional después de su giro proabortista”. En agosto de 2006, el grupo armado Hezbolá declaró que “Amnistía, al criticar las acciones de Hezbolá junto con las de Israel, ha tratado de equiparar al verdugo con la víctima”, cuando denunciábamos los ataques a la población civil en Israel.

Que Amnistía Internacional haya recibido críticas furibundas de Gobiernos e instituciones de todo pelaje es sano, porque revela que es incómoda y relevante en las sociedades en las que opera. El puñado de pioneros y pioneras que se reunían en la calle Columela e Madrid bajo los tiros y las bombas incendiarias de grupos paramilitares a finales de los setenta son hoy, sólo en España, más de 50.000 personas que sostienen a la organización, junto a más de un millón de personas que se movilizan anualmente a través de Internet.

¿Y qué ha sido de los derechos humanos en España y en el mundo en estos 30 años? ¿Qué hemos logrado? ¿Qué queda por hacer? Estas son las preguntas que nos hacemos en nuestro aniversario.

En España contribuimos a que se aboliera la pena de muerte, aunque queda por eliminar una frase del artículo 15 de la Constitución: “salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”. En el mundo, afortunadamente, se baten en retirada los verdugos a cargo de los presupuestos generales del Estado; aunque el año pasado se ejecutó, que sepamos, a unas 1.200 personas, ya hay 135 países que no ejecutan a nadie.

Ha avanzado también la justicia universal; cuando en 1998 un policía británico detuvo en Londres a Pinochet por orden de un juez español por las violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, todo el mundo comprendió que el mundo era ya una aldea global donde los criminales y los dictadores tienen más difícil esconderse. ¿Quién hubiera pensado hace 30 años que más de cinco ex presidentes de Gobierno en América Latina estarían hoy detenidos o procesados por crímenes cometidos contra sus ciudadanos, o que se establecería un Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes más atroces contra la Humanidad, o que se procesaría a Thomas Lubanga, reclutador de niños y niñas soldado en la República Democrática del Congo? ¿Quién hubiera previsto entonces que la Audiencia Nacional en España iba a aceptar a trámite demandas penales por violaciones de derechos humanos cometidas en Argentina, Chile, Guatemala, Tíbet o Ruanda?

Dos ejemplos más de la evolución de los derechos humanos en España en este periodo: entonces se encarcelaba por objetar alservicio militar; hoy soldados profesionales forman las Fuerzas Armadas españolas. A mediados de los noventa, Amnistía Internacional, junto a Greenpeace e Intermón Oxfam, denunciaba el secretismo de las exportaciones de armamento desde nuestro país: el año pasado se aprobaba una Ley de Comercio de Armas que lo hará mas transparente y debería evitar que las armas acaben en manos de Gobiernos que las utilizan contra sus ciudadanos.

La experiencia demuestra que todo es posible con la suma de miles de acciones individuales, y con la movilización de las personas. Si Amina Lawal y Safiya Husseini no fueron lapidadas hasta la muerte en Nigeria hace unos años fue porque Amnistía Internacional en España supo canalizar la indignación de nueve millones de personas. Si se ha conseguido un compromiso en la Asamblea General de Naciones Unidas para crear un Tratado Internacional que regule el comercio de armas fue porque un millón de personas presionaron a los Gobiernos del mundo.

Pero también hay logros en riesgo, como la prohibición absoluta de la tortura. En 1984 entraba en vigor la Convención Contra la Tortura de la ONU que la prohibía sin matices. Después de los atentados del 11-S no sólo hemos documentado  que la tortura se da todavía en más de 100 países del mundo, sino que Gobiernos democráticos como el de Estados Unidos la han legalizado en la práctica al aprobar al más alto nivel “la bañera” y otros métodos brutales, y al dictar la Ley de Comisiones Militares, que, en determinadas circunstancias, acepta las declaraciones obtenidas bajo tortura como prueba ante un tribunal de justicia.

¿A qué retos de derechos humanos nos enfrentamos hoy en España? ETA continúa matando, y el asesinato del ex concejal Isaías Carrasco es el último sangriento recordatorio de los riesgos que corren día a día amplios sectores de la población en el País Vasco, sometidos a amenazas y hostigamiento. El 10% de la población en España es extranjera, y sin embargo las políticas públicas para combatir el racismo y la xenofobia basculan entre la desgana y la invisibilidad y están a la cola de Europa, mientras los controles fronterizos son casi la única respuesta a la inmigración ilegal que se cobra anualmente unas 3.000 vidas. La tortura no se reconoce como un problema en nuestro país, a pesar de que todos los organismos internacionales constatan que está extendida y es persistente, y que se ceba especialmente con los inmigrantes. Varios de estos organismos han pedido que se suprima el régimen de incomunicación que se aplica a personas acusadas de terrorismo, que se extendió a 13 días en los últimos años, o que se le dote de mayores garantías como el uso de videocámaras en los interrogatorios. En los últimos años, por fin, la violencia de género se ha reconocido como un problema serio de derechos humanos, pero la falta de recursos, entre otras razones, ha hecho que más de 250 mujeres hayan muerto a manos de sus compañeros o ex compañeros en los últimos años.

Tampoco la comunidad internacional tiene motivos de regocijo alguno: gracias al veto norteamericano sus resoluciones son letra muerta. El sostén incondicional de Washington al expansionismo de Tel Aviv se traduce en una política de hechos consumados que viola a diario las leyes y normas comúnmente consensuadas. Ninguna nación, desde que la ONU existe, ha ignorado éstas con tanta constancia, sin suscitar boicoteo ni represalia algunos. Creado para procurar un hogar nacional a los judíos víctimas del racismo europeo y luego del Holocausto nazi, a fin de que disfrutaran de un Estado como los demás, Israel se ha convertido paradójicamente, como observó Jean Daniel, en un Estado diferente de los demás: su obstinada y férrea excepcionalidad se prolonga al hilo del tiempo y no tiene trazas de cesar, sino de agravarse.

El ejercicio del poder por los jueces responde a la racional presunción de que disponen de una especial capacidad para interpretar los valores públicos contenidos en textos dotados de autoridad y resolver los conflictos que se les presentan. Pero su legitimidad no solo depende del cómo se les atribuye competencia para ejercerlo sino, de forma prioritaria, del cómo se ejerce. El déficit originario, y cuasi irreductible, en cualquier sistema político avanzado, de legitimación democrática de los jueces traslada el problema de la legitimidad a la necesidad de que aquéllos cumplan con un riguroso cuadro de condiciones legitimantes. La demanda social de justicia no se satisface solo porque se decida sobre el caso sino porque se decida bien, con buenas razones, explicadas y explicables, y, además, en un tiempo razonable.

Dichas condiciones deben garantizar, por un lado, que la firma de un juez al final de la resolución es la consecuencia de una adecuada reflexión y de su participación activa en el proceso dialógico que la precede y, por otro, que ha asumido una responsabilidad individual por la decisión adoptada. Este sentido de la responsabilidad del juez resulta indispensable como elemento fundacional del modelo de justicia en toda sociedad democrática pero, además, como factor decisivo para motivar que los jueces cumplan adecuadamente con las funciones que la Constitución les encomienda.

Pero sentado lo anterior ¿cómo puede asegurarse que los jueces y juezas que integran el poder judicial satisfagan el programa de condiciones legitimadoras? ¿Qué debe hacerse para que toda decisión judicial sea el resultado de un ejercicio de responsabilidad individual que permita, por un lado, la mejora interna del sistema y, por otro, el control constitucionalmente exigible de las consecuencias que se derivan de la concreta decisión adoptada?

El intento de respuesta a las anteriores cuestiones nos acerca al marco burocrático en el que se desenvuelve la función judicial. La creciente demanda de justicia y la mayor complejidad de los conflictos que llegan a los tribunales hacen indispensable y, en cierto sentido, deseable una organización de tipo burocrática. La firma reflexiva del juez reclama, por tanto, la puesta en funcionamiento de un complejo engranaje administrativo que organice los procesos decisionales. En lógica consecuencia al aumento de necesidades de respuesta judicial, la organización burocrática de los cauces que la permiten debe también ajustarse a elementales condiciones de eficacia.

La burocracia judicial, sin perjuicio de sus especialidades, debe responder a los tres rasgos propios de toda organización compleja: la presencia de una gran cantidad de actores, la división de funciones o de responsabilidad entre éstos y el recurso a la jerarquía como instrumento de control y coordinación de sus actividades.

¿Responde nuestro modelo burocrático de organización del poder judicial a los fines a los que debe servir? ¿Resuelve las necesidades crecientes de división del trabajo y de desarrollo coordinado de los complejos mecanismos funcionales, horizontales y verticales, en los que se desenvuelve la administración de justicia? ¿Es compatible con las exigencias del trabajo judicial responsable y eficaz?

Creemos, sinceramente, que no. Y no solo eso. La degradación del sistema burocrático además de no ofrecer respuestas compatibles con las crecientes tasas de complejidad de la organización está favoreciendo un inasumible proceso de burocratización que, en mayor o menor medida, afecta a todos los que participan en el mismo.

Esta pendiente pronunciada por la que se desliza la administración de justicia pone en evidencia la progresiva sustitución de la burocracia como sistema de reglas del modelo weberiano por la burocracia como regla de nadie, en los descriptivos términos utilizados por Hanna Arendt. Una burocracia amórfica, infradotada, desvinculada de la obtención de fines de mejora, que emerge como una estructura que, como precisa Owen Fiss, posibilita, por un lado, el uso irreflexivo del poder público y, por otro, la desresponsabilización de los que intervienen en el mismo. La ausencia de mecanismos organizativos que respondan a estándares racionales de reparto de funciones hace que la responsabilidad termine siendo compartida por una gran cantidad de personas y entes inanimados y, a la postre, diluyéndose.

Cabría objetar que, en todo caso, la imposibilidad de individualizar responsabilidades por los resultados patológicos no desplaza la responsabilidad corporativa. Pero siendo cierto lo anterior, el problema subsiste porque, precisamente, la clave de la bóveda para el adecuado funcionamiento de un poder como el judicial reside en garantizar las condiciones para que el sistema funcione desde la asunción motivada y ética de la responsabilidad individual. Si dichas condiciones no se dan se amenazan los fundamentos morales del modelo de justicia. Como ha destacado Arendt, la experiencia social ha demostrado que cuando en una organización de poder público se difumina la idea de la responsabilidad individual y se sustituye por la corporativa, aquélla puede embarcarse en cursos de acción poco sujetos a límites.

Los trágicos sucesos de Huelva creemos que sirven de triste confirmación de lo hasta ahora dicho. No pretendemos diseccionar el caso, analizando las fuentes de responsabilidad, sino poner sobre la mesa del debate público que, precisamente, las dificultades para identificarlas son la consecuencia del proceso de patológica burocratización que sufre la administración de justicia en nuestro país.

No podemos negar que los ciudadanos tienen motivos para pensar que la firma que cierra la resolución que da respuesta a su problema no es producto de la mejor reflexión y del más adecuado proceso dialógico. Y tienen motivo, también, para considerar que esa razonable presunción de que los jueces estamos capacitados para el ejercicio del poder que se nos confía no lo es tanto. Pero, al tiempo, creemos necesario poner de relieve que las condiciones para el ejercicio responsable de la función judicial son, en muchos casos, insuficientes y, en otros, simplemente irracionales.

Las fuerzas políticas fueron conscientes del grave problema organizativo que acecha a la justicia y pactaron, hace ya más de siete años, la necesaria reforma de su modelo burocrático, precisando, incluso, los ejes de racionalizacion en que se basaría. Pero lejos de acometerla, se han limitado a micromodificaciones que han puesto aún más de relieve la insuficiencia del modelo actual. Ni una palabra se dedicó a la administración de justicia en las cuatro horas de debate televisado entre los dos principales candidatos en las pasadas elecciones.

La oficina judicial sigue siendo un territorio promiscuo. Los que trabajan en ella no tienen claro a qué criterios o reglas de organización y dirección responde. El juez es, al tiempo, observador pasivo y director, el secretario judicial puede coordinar o abstenerse de hacerlo invocando reglas que se ubican en un mismo texto legal, los trabajadores se ven sometidos a tres tipos de relaciones funcionales, con reglas de jerarquización diferentes y, en determinados aspectos, contrapuestas.

Las cargas de trabajo entre órganos jurisdiccionales están descompensadas. Algunos disfrutan de cargas levísimas. Otros sufren cargas irracionales, inasumibles. Unos cuentan con medios materiales modernos y abundantes. Otros carecen de los más elementales, desarrollando, además, la función en condiciones precarias de seguridad e higiene laboral. La tasa de interinidad funcionarial en algunos territorios supera la de funcionarios de carrera. La movilidad, también en determinadas zonas del país, frustra cualquier planificación de mejora.

Me dan mucha envidia las personas capaces de hacer una brillante síntesis de apenas unas líneas sobre un libro o un enjundioso artículo que resulte clara, precisa y eficaz, y que anime al lector a enfrascarse en la posterior lectura del libro o artículo referenciado. Reconozco que estoy negado para ello. Cuando leo algo que me entusiasma me desespero por hacerlo saber a mis amigos, pero me aterra que me digan lo de “anda, resúmemelo: ¿de qué va?” No puedo; no me sale. Pero bien sabe dios que lo intento…

Hace unos días, entré en la página electrónica del blog literario, colectivo, “El Boomeran(g)”, en el que escriben habitualmente, entre otros, Rafael Argullol, Féliz de Azúa, Basilio Baltasar, Jean-Francois Fogel, Javier Rioyo, Vicente Verdú o Jorge Volpi, y me encuentro un enlace a la magnífica revista de pensamiento, cultura y filosofía que es “Claves de Razón Práctica” y que dirigen Javier Pradera y Fernando Savater, en el que hablan de un interesantísimo artículo del filósofo y profesor de la Universidad de Zaragoza, Daniel Innerarity. titulado “La política en una sociedad postheroica”, publicado en su número de este mes de abril y que pueden leer en este enlace.

¿Por qué recuerdo el libro de HArendt leyendo el artículo de Innerarity?, porque ambos, con cincuenta años exactos de diferencia, pretenden responder a esa pregunta crucial que muchos nos hacemos aún: ¿Qué es la Política?. Pregunta que, como afirma Hannah Arendt, solo cabe hacerse “si ya no hay ni son válidas las respuestas formuladas por la tradición”. O en palabras de Daniel Innerarity, si “el mayor consenso que existe en torno a la política es que ya no es lo que era: una actividad estimadal, dotada de autoridad y prestigio, generadora de entusiasmo colectivo, una delegación de confianza. De la exaltación de la política, -dice-, hemos pasado a la desafección generalizada, cuando no a un profundo desprecio”, añadiendo como conclusión que “no estamos ante la muerte de la política sino en medio de una transformación que nos obliga a concebirla y practicarla de otra manera”. Como ven, como buenos filósofos se formulan y nos formulan más preguntas que respuestas…

Dice al respecto Innerarity que “uno de los modos en los que la sociedad opina sobre la política estriba precisamente en la intensidad de su participación o interés. Si respetamos el pluralismo político en todas sus formas, -añade-, ¿por qué no aceptar que existe un pluralismo en cuanto al grado de participación y compromiso público? ¿Por qué todos han de implicarse de la misma manera en las cuestiones políticas y quién establece el grado de implicación que sería deseable? Interesándose más o menos por la política, -continúa-, los ciudadanos emiten señales que han de ser interpretadas políticamente. El desinterés es también una forma respetable de opinar o decidir, y no necesariamente una falta de compromiso político. (…/…) De la política no cabe esperar, -sigue diciendo-, ni la solución definitiva de todos los problemas, ni la salvación de nuestras almas, sino algo mucho más modesto pero no menos decisivo que lo que proporcionan otras profesiones muy honradas: dar cauce a nuestros conflictos sociales más profundos de manera que se vayan resolviendo en lo posible y, en el peor de los casos, no empeorarlos y esperar a una mejor oportunidad”.

Es posible que a algunos les parezcan un tanto pedestres estas opiniones, pero no lo son si , como considera Innerarity “la sociedad actual es plural en cuanto al saber de que dispone, inevitablemente parcial, lo que convierte en ilusoria la aspiración de basar su cohesión en un saber definitivo y no polémico. La peculiaridad histórica del sistema democrático, -añade-, consiste precisamente en que se trata de una forma de organización pensada para dar respuestas antagónicas a un conjunto abierto de preguntas. (…/…) Si la inseguridad es algo que acompaña inevitablemente a la libertad”, -dice-, “la profundización en la democracia toma actualmente la forma de un aprendizaje para vivir en un contexto de riesgo e inseguridad”, y ello, añade, porque “las mejores definiciones de democracia subrayan de diversas maneras, que se trata de un sistema político que, a diferencia del totalitarismo, acepta y mantiene la indeterminación como su forma”.

“Frente al prejuicio de considerar la diferencia de opiniones como algo negativo o sospechoso, -dice en otro momento-, la democracia surge como respuesta a la constatación de que en la sociedad existen diferencias legítimas que no son en última instancia resolubles”. Sobre el consenso que muchos parecen buscar como panacea para la resolución de todos los problemas políticos, Innerarity considera que “conviene acostumbrarse a considerar el desacuerdo como normal y el antagonismo como algo más gestual o de intereses que otra cosa”. Y ello, añade, porque “el disenso no excluye el consenso; pero el disenso es la regla y el consenso la excepción”, para concluir que “el único consenso que tiene alguna posibilidad de éxito es el reconocimiento de la heterogeneidad de los desacuerdos (…/…) y que habría que sustituir la obligación de unidad por la oportunidad de entenderse”.

No se si habré conseguido interesarles en la lectura completa de este interesante artículo de Daniel Innerarity. Les aseguro que merece la pena. Sobre el título que he dado a esta digresión, lo he tomado de la deliciosa película de Luis Buñuel, rodada en México en 1972, titulada “El discreto encanto de la burguesía”, porque, como en ella, a fin de cuentas, en política “nunca pasa nada”… Buenas noches, y sean felices. (HArendt)

No me gustan los guardias civiles. Y lo digo con dolor, porque soy hijo y nieto de guardias civiles, y con toda seguridad, la Institución, en su conjunto, no se merece mi reproche… Nací y viví entre guardias civiles hasta los once años, y rodeado por ellos hasta los veintiuno… Estudié en un colegio de la Guardia Civil entre los diez y dieciseis años… Dos compañeros de colegio y amigos de la infancia han llegado al generalato en la Guardia Civil… Pero a mi me siguen dando miedo, como cuando era niño… Un sentimiento que no se me reproduce entre policías o militares. Son demasiadas casos individuales de abusos, prepotencia, y equivocado sentido de la autoridad o del deber; por citar los más llamativos y recientes en la historia: el asalto al Congreso, o el caso Almería… Y ahora, el de las clínicas autorizadas para practicar abortos. Demasiados casos…. Es un cuerpo militarizado que hace mucho tiempo debería haber sido reconvertido en un cuerpo policial unificado con el Cuerpo Nacional de Policía. Lamentablemente, desde la restauración de la democracia, ninguno de los gobiernos de izquierdas (ni de derechas) ha formalizado la menor intención al respecto. Todos ellos parecen cómodos con la estructura actual de la Guardia Civil. No lo entiendo. sinceramente. Creo que provocan más miedo que respeto, pero en fin, eso es lo que hay… Un sentimiento que comparto con el escritor Juan José Millás, que en un artículo más dolorido que sarcástico se pregunta hoy en El País como es posible que guardias civiles uniformados, al margen de la ley, de la autoridad judicial y de sus mandos, investiguen, presionen y amenacen a clínicas, doctores, personal y pacientes sin que caiga sobre ellos el peso fulminante de la ley… Sean felices a pesar de todo. (HArendt)

Pero no hay, se dijeron, mal que por bien no venga. Si para algo sirve el uniforme es para interrogar. Y a eso se dedicaron, a preguntar a mujeres inocentes, incluso a niñas, si habían abortado, y por qué y en qué condiciones. Se presentaban en sus casas disfrazados de guardias civiles (con sus insignias, sus pistolas y sus porras) y hacían a las aterrorizadas mujeres preguntas personales que eran, en la fantasía de estos individuos, las que les habría hecho un ginecólogo de verdad.