Balanzas Fiscales: ¿Son secretos de "estado" autonómicos?
Normalmente, cuando voy solo, siempre circulo con la radio del coche encendida escuchando la SER o Cadena Dial. La distancia entre Maspalomas y Las Palmas es de sesenta kilómetros y aunque estén unidas por una excelente autovía son de treinta y cinco cuarenta minutos de trayecto sin contar la parada casi obligada en la gasolinera de la Shell en Arinaga para tomar un café. Ayer por la mañana oía a Carles Francino en su programa "Hoy por Hoy" entrevistar a José Montilla, presidente del gobierno catalán. Hablaron de varias cosas, pero a mi me interesó especialmente una: la oposición de varios dirigentes autonómicos socialistas, y mi tocayo citó a los presidentes de los gobiernos de Galicia, Extremadura y Andalucía, a que se hagan públicas por el gobierno central las balanzas fiscales de las distintas comunidades autónomas, un compromiso adquirido por el gobierno de Zapatero en la reciente campaña electoral, al que Montilla, por el contrario, se muestra absolutamente favorable.
No se gran cosa de Balanzas Fiscales, pero por lo que he oído hablar, se trata de la cuantificación y contabilización de lo que cada comunidad autónoma aporta al Estado y, por otro lado, lo que recibe de éste. Según parece hay diferencias notables entre los expertos a la hora de establecer los procedimientos para llevar a cabo esa cuantificación. En todo caso, no parece que el oscurantismo sobre el montante de lo aportado y recibido por las comunidades autónomas y el uso y destino de esos fondos públicos por parte de los gobiernos respectivos sea un asunto "clasificado", más bien todo lo contrario, debe conocerse y discutirse. Esa es la esencia de la democracia. Al menos eso creo yo. Y espero que se publiquen para saber a que atenerme. He encontrado tres artículos sobre este asunto que espero les resulten interesantes, dos de ellos escritos respectivamente por personajes tan relevantes como Alberto Recarte, técnico comercial y economista del Estado, y José Barea, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Sean felices y buenas noches. (HArendt)
Pedro Solbes, vicepresidente del gobierno español y ministro de Hacienda
"Macro-Economía", (Europa Press)
El PSOE admite que las balanzas fiscales dan 'información y transparencia' contra 'algunos prejuicios'
La secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, reconoció hoy que las balanzas fiscales tienen un valor de 'información y transparencia' que permitirían tener 'más luz' para desmontar 'algunos prejuicios'.
En un comunicado, la diputada por Valencia aseguró que la 'garantía de solidaridad' entre los ciudadanos la da el Gobierno de España, si bien reconoció que cuantos más elementos haya para el análisis 'mejor será el diagnóstico'.
Asimismo, recordó que los principios de los socialistas en materia de financiación autonómica están recogidos en el programa electoral con el que el PSOE se presentó a las elecciones y buscan un sistema con mayor corresponsabilidad fiscal, basado en la suficiencia de ingresos y la eficacia del gasto de las comunidades.
En este sentido, reclamó que el debate sobre la financiación autonómica que se abordará en la nueva legislatura sea 'racional y sosegado' y cumpla el objetivo de mejorar la cobertura de los servicios públicos a través de un sistema 'más equitativo', sin propiciar 'enfrentamientos artificiales' entre comunidades autónomas. (Terra Actualidad, 28/03/08)
Inmacualada Rodríguez-Piñero
"El engendro de las balanzas fiscales autonómicas", por Alberto Recarte
Esta es la Conclusión del artículo que con el mismo título publicará en su próximo número La Ilustración Liberal y que los interesados pueden consultar en este fichero PDF.
En España, los impuestos se pagan en proporción a la renta personal, con la excepción de lo que representan los pagos adicionales por progresividad en sucesiones, donaciones, patrimonio e IRPF, que quizá pudieran valorarse, en conjunto, en torno a 6.500 millones de euros. La proporcionalidad se mantiene para los pagos por IVA, ligados al gasto. En el caso del impuesto sobre sociedades es imposible saber dónde –dentro del territorio nacional– se ha generado el beneficio. Lo que no permite saber a qué autonomía habría que adscribir esos ingresos fiscales. El gasto público, en cambio, tiene como criterio básico el del número de habitantes, con algunas correcciones a las que hemos hecho referencia.
El conjunto, manejado tal y como lo hacen los nacionalistas catalanes y el PSC, y, por extensión, el PSOE, reflejaría –en el caso de que pudieran hacerse balances fiscales– una transferencia de recursos fiscales de las autonomías ricas a las más pobres, que sería, sin embargo, mucho más importante en el caso de Madrid que en el de Cataluña. Ello es así porque Madrid tiene una renta media mucho más alta, al menos un 10% superior a la catalana. Pero estamos hablando de cuantías muy reducidas, que habría que matizar. La primera sería valorar el coste histórico, reflejado en parte en la deuda pública estatal, de las otras políticas económicas nacionales para los habitantes de cada autonomía, que han pagado los menos favorecidos y que ha supuesto una transferencia de todo tipo de recursos, no sólo fiscales, de los que históricamente vivieron en las autonomías pobres a los de las más ricas. Aunque en la actualidad son pocas las políticas nacionales que pueden favorecer a unos sectores sobre otros, alguna sigue habiendo. Quizá la más importante sea la de promoción de I+D+i, que beneficia, por su propia naturaleza, a autonomías como las de Madrid y Cataluña, o las masivas compras de medicamentos por la sanidad pública, que favorecen claramente a las empresas farmacéuticas establecidas en Cataluña. Pero hay otras, como el Plan Hidrológico Nacional, que beneficia a los habitantes de Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía.
En lo que respecta a grandes inversiones, que pueden aparecer contablemente como gasto presupuestario, nos hemos referido a las inversiones en los distintos AVE y la ampliación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. En cuanto a políticas de gasto, hemos hecho una consideración sobre el mantenimiento del ente RTVE. Aún más importante, cuantitativa y cualitativamente, es el déficit de la seguridad social agraria y a quién atribuirlo, y qué efecto tendría una adecuada contabilización de los gastos por desempleo. Asimismo, son muy dificiles de contabilizar las obligaciones futuras por pensiones públicas, las cuales, si se capitalizaran, podrían suponer el 200% del PIB. Pero, frente a operaciones imposibles, una que habría que hacer, si fuéramos a llevar a cabo con rigor balanzas fiscales autonómicas en las que se recogiera todo lo relevante, sería cómo repartir los 312.000 millones de euros de deuda de la administración central.
La dificultad, mejor, si somos rigurosos, la imposibilidad de llevar a cabo estas operaciones es la mejor demostración de que toda la discusión sobre balanzas y transferencias fiscales entre autonomías es un disparate. Y lo es porque España es una nación desde hace mucho siglos y las decisiones políticas, con repercusiones económicas y fiscales, se han tomado por los sucesivos gobiernos nacionales con criterios nacionales, aun a sabiendas de que en algunas ocasiones se estaba beneficiando a algunas regiones sobre otras pero, siempre –esperemos que haya sido así– sobre la base de los intereses generales, a largo plazo.
En la actualidad, cuando la política fiscal es casi la única sobre la que tiene competencias el Gobierno de la nación, es lógico que se preste atención al conjunto de impuestos que se pagan y a cómo se gastan los ingresos conseguidos. Aunque, desde un punto de vista económico, lo que se consideraba relevante –en la discusión pública– era si la política fiscal perseguía el equilibrio, el superávit o el déficit. Pero no en esta España de las autonomías o, mejor, de los políticos de las autonomías, empeñados en incrementar su poder a cualquier precio.
En cualquier caso, las dudas sobre la efectividad de la política fiscal y sobre la justicia y efectividad de los impuestos progresivos se están resolviendo, en el conjunto de los países más avanzados, con reformas fiscales que reducen tipos y progresividad, por simplicidad y capacidad recaudatoria, de tal manera que el conjunto de los impuestos se paga en relación –y proporcionalmente– a las rentas medias percibidas y gastadas. Por su parte, el gasto público se adecua a la población en cada autonomía, en el caso de España, lo que, parcialmente, corrige la injusticia que significan los tipos únicos de los impuestos para la población menos favorecida, al reducirse, para los que se encuentran en peor situación, su renta disponible, el factor clave que determina el nivel de vida y las perspectivas futuras. Intentar salirse de estos parámetros, dando más importancia a dónde se recauda a la hora de programar el gasto público que a la población que de hecho vive en cada territorio, parece más injusto. Pero, incluso, si se hiciera, esa modificación en la política de asignación del gasto no tendría efectos fiscales significativos. Por el contrario, al tener en cuenta otros factores, como las obligaciones por pensiones y la asignación de la deuda estatal, se modificarían, sustancialmente, esas hipotéticas balanzas fiscales. Ir adelante por este camino significa destruir la convivencia, no ya nacional, sino la personal, familiar, local y autonómica.
Nadie tiene argumentos suficientes y probados para decir que el actual sistema fiscal perjudica a unas autonomías y beneficia a otras, o que una autonomía transfiere fondos a las otras. Nuestro sistema fiscal y económico no está pensado en estos términos, sino en clave nacional. Y lo que importa, por otra parte, son las personas, no los territorios, del carácter que sean. Si alguna vez se llegaran a hacer balanzas fiscales serían engendros políticos que reflejarían el poder de unos partidos sobre otros, de unas personas sobre otras, no un instrumento para asegurar la igualdad de oportunidades a nivel nacional, que debería ser el objetivo de cualquier político honrado. (Libertad Digital, 28/03/08)
Alberto Recarte
"Balanzas fiscales: informe de la comisión de expertos", por José Barea
En 2004 el vicepresidente económico del Gobierno encargó al Instituto de Estudios Fiscales (IEF) la elaboración de una metodología común para la elaboración de las balanzas fiscales. Su razón de ser se encontraba en las diferentes metodologías que en la elaboración de balanzas que recogían las relaciones fiscales Administración central-comunidades autónomas, que dio lugar a que algunas de éstas últimas plantearan la modificación de su sistema de financiación por el saldo tan desfavorable que se desprendía de determinadas balanzas.
El IEF constituyó una comisión de expertos del propio instituto, de universidades y del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recientemente ha presentado su informe, según información aparecida en este mismo periódico.
En primer lugar hay que destacar que después de dos años de deliberaciones en la comisión no se ha llegado a un acuerdo sobre la metodología a utilizar; únicamente han llegado a un consenso para reducir a dos los enfoques que oficialmente deberían aplicarse: el de la carga-beneficio y el del flujo monetario, según la finalidad que se pretenda conseguir con la balanza fiscal.
La primera cuestión de la que discrepo de la comisión se refiere al ámbito de las balanzas fiscales que lo extiende a todas las instituciones del sector público (y por tanto a las empresas públicas y financieras). Como el objetivo de las balanzas fiscales es poner de manifiesto los flujos financieros entre los agentes económicos que tienen un centro de interés en el ámbito territorial, por ejemplo una comunidad autónoma con la Administración central, en ningún caso ésta última comprende las empresas públicas; exclusivamente abarca el Estado y sus organismos autónomos y la Seguridad Social no transferida.
Discrepo también de que las balanzas fiscales deban elaborarse con dos enfoques: el de la carga-beneficio y el del flujo monetario. En el Manual de Eurostat Métodos de Contabilidad Regional, Tablas de las Administraciones Públicas (1999), los criterios generales de imputación regional de los ingresos y gastos de la Administración central en las cuentas regionales son quienes soportan la carga fiscal y quienes se benefician de los servicios suministrados. El problema que se presenta es si este criterio debe ser el que se aplique en la elaboración de las balanzas fiscales.
Después de dos años de deliberaciones sólo se ha llegado a un consenso para reducir a dos los enfoques que deberían aplicarse
Dado que todas las operaciones recogidas en las balanzas fiscales están incluidas en las cuentas regionales de una determinada comunidad, parece lógico que en la elaboración de éstas se utilice el mismo criterio que para elaborar las cuentas regionales, ya que sus objetivos son los mismos.
La economía de una región se define en términos de unidades institucionales que tiene su centro de interés en el territorio económico de la región. El territorio económico está constituido por tanto por el territorio geográfico que a efectos de balanzas fiscales es el de las comunidades autónomas.
Para Eusostat las unidades institucionales pueden ser de dos tipos: unirregionales, aquéllas cuyo centro de interés económico radica en una sola región (comunidad autónoma) y cuyas actividades se desarrollan en su mayor parte en esta misma región, y multirregionales, cuyo centro de interés económico se realiza en más de una región, o en la totalidad del país.
La totalidad de las operaciones realizadas por unidades unirregionales se imputa a la comunidad autónoma en que radica su centro de interés económico; en los hogares el centro de interés económico es la comunidad autónoma en que residen, no en la que trabajan, y en las demás unidades unirregionales su centro de interés económico es la comunidad en la que están situadas. La regionalización de las operaciones de la Administración central a efectos de elaborar las balanzas fiscales, es el problema más importante, ya que se trata de regionalizar las operaciones de unidades multirregionales (Estado y Seguridad Social), que abarcan a todo el territorio nacional.
El Manual de Eurostat señala los criterios para regionalizar las operaciones del Estado y de la Seguridad Social, si bien establece que corresponde a los Estados miembros decidir los criterios de regionalización del consumo colectivo efectivo; para el resto de las operaciones los criterios para elaborar las balanzas fiscales deben ser los fijados por Eurostat en el citado Manual.
De los tres métodos que pueden emplearse para afrontar la distribución territorial del gasto público de la Administración central en consumo colectivo, el método de la residencia del beneficiario es el más adecuado dado el objetivo que persiguen las balanzas fiscales. De esta manera, a la hora de distribuir regionalmente los gastos, se tiene en cuenta la residencia del beneficiario del bien o servicio producido, teniendo en cuenta si se trata de bienes públicos de ámbito nacional o local (por ejemplo, defensa y seguridad), o de bienes privados financiados públicamente (bienes preferentes como sanidad y educación), y si afectan a unidades unirregionales o multirregionales.
En el trabajo de investigación realizado para la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (2006-Balanzas Fiscales y Financiación Autonómica J. Barea, D. Dizy, M. Angoitia, M. Barea, M. Fernández y A. Gómez Ciria) aparece la propuesta que hemos hecho para imputar regionalmente los bienes públicos de ámbito local, los bienes privados financiados públicamente y los bienes públicos de ámbito nacional.
En cuanto a quién debería corresponder elaborar balanzas fiscales de la Administración central con cada comunidad autónoma, propusimos que fuera bien el Instituto Nacional de Estadística o la Intervención General de la Administración del Estado. Al mismo tiempo efectuamos una recomendación en el sentido de que la Intervención General de la Administración del Estado debería ajustar el Sicop a las necesidades metodológicas de las balanzas fiscales a través de las correspondientes claves, tanto para los gastos como para los ingresos. (Cinco Días, 25/11/06)
José Barea
