Desde el Trópico de Cáncer

Libro de divulgación científica, y específicamente matemática, Cartas a una joven matemática, de Ian Stewart (Editorial Crítica, Barcelona, 2007) que terminé de leer hace unos días, no es una lectura fácil para los legos en la matería.  A pesar de la claridad expositiva de la que hace gala su autor, un renombrado investigador y divulgador, y del formato adoptado para ir exponiendo los sucesivos capítulos, en forma de Cartas a una imaginaria joven desde que expresa al autor su intención de estudiar matemáticas y recibe la contestación de éste, avanza y profundiza en sus estudios universitarios y posteriormente de doctorado e inicia sus primeros pasos como investigadora, que le proporciona a la lectura un cierto atractivo, el libro se resiente a mi juicio de una excesiva especialización y hace falta un más que somero conocimiento matemático para sacarle el jugo debido. Y me parece una lástima, porque el tema se merece una obra que acerque las matemáticas y su importancia fundamental para el progreso científico al común de los mortales. Y al menos para mi, ésta, no lo consigue. Evidentemente por las carencias del lector profano en la materia, como yo, y no tanto por los desvelos del autor por hacérnoslas comprensibles.

(HArendt).

Ya he terminado de leer la novela  Lo mejor que le puede pasar a un cruasán, de Pablo Tusset (Editorial Punto de Lectura, Barcelona, 2006) que el pasado enero me regalara mi amiga Ana. No es que las portadas y contraportadas de los libros sean, informativamente hablando, fuentes dignas de excesivo crédito, pero en algunos casos, tal como éste, hasta pueden tener razón: “La novela más interesante y divertida que he leído en los últimos tiempos” (Manuel Vázquez Montalbán), se lee bajo el nombre del autor. Desde luego, para ser el primer libro de su autor, no deja de ser una mención extraordinariamente elogiosa.

La trama de la novela va de un joven treintañero, hijo y hermano de ricos burgueses de la Barcelona de finales del siglo pasado, que vive en la más absoluta inanidad sableando amigos y conocidos entre chutes de coca, polvos de prostíbulo y güisqui barato, hasta que la repentina desaparición de su riquísimo hermano le empuja a zambullirse en una delirante búsqueda de pistas y eslabones esotéricos con referencias filosóficas para conseguir, primero encontrarlo, y luego liberarlo de la secta en cuyo poder se encuentra. Divertida, mordaz, sarcástica, irrespetuosa y, desde luego, tremendamente divertida, se lee con suma facilidad y agrado, aunque el final resulte bastante increible, por no decir absolutamente exótico. 

(HArendt)

Desde la expulsión de los moriscos y la marginalización institucional de la comunidad gitana -iniciada bajo Isabel la Católica y reforzada por las sucesivas Pragmáticas de Felipe IV y el primer Borbón-, la sociedad española se caracterizaba por su aspecto homogéneo y monocolor. Así lo era aún durante mi infancia: había visto afroamericanos, chinos, árabes e hindúes en el cine y las revistas ilustradas, pero no en la ciudad en donde nací y me crié. Recuerdo mi asombro del día en que, en plena Rambla de Cataluña, frente al desaparecido cine Kursal, divisé a un negro de verdad, con la misma fascinación e incredulidad con la que hubiera topado con Chaplin o Laurel y Hardy. Hasta mi primer viaje a París en 1953 no di con magrebíes, vietnamitas o senegaleses de carne y hueso. Los conocía por los libros de geografía humana y el noticiario de actualidades de la época. Cuando encarnaron al fin, mi mundo se amplió y enriqueció.

Habituado a París, en cuyo barrio multiétnico del Sentier viví desde 1956 hasta el final de la dictadura, el regreso a nuestras grandes ciudades me hizo retroceder al pasado. Salvo raras excepciones, el paisaje humano era similar al de antes. No había restaurantes chinos ni árabes. Sólo veía a compatriotas mejor vestidos y calzados que décadas atrás, pero ajenos al flujo de la historia: encerrados en un compartimiento estanco en el que la presencia de alógenos de otros continentes resultaba difícil de percibir.

Todo empezó a cambiar a comienzo de los ochenta. Nuestros visitantes, hasta entonces, eran exclusivamente turistas europeos o norteamericanos, ávidos de flamenco, sangría y del sol generoso de nuestras playas. Se oía hablar inglés, francés, alemán y otros idiomas comunitarios que nos esforzábamos por descifrar, pero no el habla y el acento del Caribe, Ecuador o Argentina. Tampoco el árabe, chino ni urdu. Lavapiés era aún el Lavapiés castizo, enteramente distinto del que conocemos hoy.

Paradójicamente, cuando el sueño de los ilustrados, liberales y republicanos de los tres últimos siglos culminó con la entrada de España en la Unión Europea, el hecho nos enfrentó a una situación inédita. Una España uniformemente blanca accedía a una Europa más moderna. Para ser europeos, debíamos africanizarnos, asiatizarnos, latinoamericanizarnos. Pasar, como dije en Bruselas en 1985, de europeos en menos a europeos en más.

Al hilo de mis sucesivas visitas a la Península advertí la creciente aceleración del cambio. Había un restaurante marroquí en tal sitio, un chino en tal otro, abacerías y tiendas de ropa hindú en un tercero… avezado como estaba a la diversidad, aquella transformación me reconfortó. España se aproximaba gradualmente al modelo de Francia, Bélgica o Alemania: se abría a su aguijadora variedad de lenguas, costumbres, ritos, gastronomía y se europeizaba en la medida en que su piel se teñía de colores distintos.

Madrid y Barcelona se homologan hoy con las demás capitales del Viejo Continente en virtud de su creciente mestizaje. Al recorrer algunos de sus barrios tengo la agradable sensación de pasear por París, Londres o Bruselas. Pues en los inicios de este tercer milenio gozamos del privilegio de viajar sin movernos. Si antes debíamos embarcarnos, tomar el tren o ir al aeropuerto, ahora el país exótico que buscábamos viene hasta nosotros y llama a nuestra puerta. Podemos pasar del Magreb a Pakistán, de China a Senegal, de Bolivia a India en el ámbito en el que se desenvuelven nuestras jornadas de ocio o de trabajo.

País tradicional de emigrantes hasta hace cuarenta años, somos actualmente el punto de destino soñado por quienes quieren escapar de la opresión y la miseria. Los flujos migratorios son imparables: pueden y deben regularse, pero sería tan inútil como injusto tratar de atajarlos como muros, alambradas y perímetros fortificados. Nuestro planeta es un espacio en perpetuo movimiento, y sus ciudades son un reflejo de ello. La mundialización incide en la vida diaria de millones de ciudadanos: asistentas y enfermeras cuidan a nuestros discapacitados y ancianos; albañiles del Magreb y Europa del Este son los instrumentos indispensables de la imparable expansión urbana; los camareros de los dos sexos que sirven en los restaurantes y cafeterías provienen de toda la rosa de los vientos. La variedad de las voces y registros de su habla inyectan savia nueva al lenguaje, desesperadamente empobrecido por la estulticia de nuestros medios audiovisuales de comunicación.

Obviamente, no es posible hablar de esta dinámica integradora sin apuntar a los problemas que plantea, aquí como en el resto de Europa, la discriminación social y laboral de algunas comunidades, especialmente la magrebí y subsahariana. Primer colectivo por el número de sus miembros -Ecuador, Rumania y Colombia vienen después-, el marroquí se ha visto asociado injustamente a los extravíos delirantes del discurso fundamentalista e incluso yihaidista de un puñado de individuos en razón de unas diferencias culturales y religiosas que algunos juzgan insalvables.

Nada peor para la convivencia en la diversidad que las generalizaciones mortíferas que, deliberadamente o no, se infiltran en el inconsciente colectivo. El extremismo debe ser combatido con las armas del Estado de derecho, y quienes no acepten las normas de nuestra sociedad no caben en ella. Pero la comunidad magrebí es tan heterogénea como la sociedad de la que proviene: la de un país que me recuerda cada vez más a la España de 1960, con sus turistas y emigrantes, y en el que la situación económica parece, como dijo Brenan de la nuestra, un juego de sociedad en el que sólo un 30% de los jugadores tienen asiento.

El drama de las pateras, y más trágico aún, el de los cayucos con destino a Canarias, no podrán evitarse sin una implicación más efectiva de España y de sus socios europeos en el socorro, por el peligro de muerte, de las poblaciones de Malí, Níger, Senegal, Mauritania… Quienes han arriesgado sus vidas y alcanzado la Península tienen suerte y lo saben. Una vasta familia, quizás una aldea entera, ahorraron para costearles el viaje y aguardan con paciencia, a la intemperie, sus transferencias telegráficas. El cruel dios Mercado les ha tratado con excepcional indulgencia.

Pasear por el Raval y otros distintos y barriadas de las grandes ciudades españolas es, como dijo Julio Cortázar, dar la vuelta al día en ochenta mundos sin movernos de donde estamos. No olvidemos, no obstante, el sueño roto de los que no se hallan con nosotros: de las víctimas del hambre, las pandemias y la desesperanza que atenazan aún, para (vergüenza de los mandamases y élites del Primer Mundo, el 40% de la humanidad.

(Juan Goytisolo es escritor / El País, 14/03/07).

Todos los Gobiernos de la Unión Europea (UE) se comprometieron en 2004 a que el Tratado Constitucional estaría vigente desde el pasado 1 de noviembre. No ha sido así, por culpa de los referendos negativos francés y holandés de 2005, anchas espaldas tras las que se escudan los Estados miembros más recelosos. Estamos pagando las innecesarias facturas de esa no-Constitución. Se puede medir su coste.

Si tuviéramos la Constitución, nos habríamos ahorrado el indecente espectáculo de un Gobierno polaco amagando con restablecer la pena capital. “Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado”, reza el artículo II-62 de la Carta de Derechos Fundamentales incluida en el Tratado. Cuando ésta se elaboró, se criticó su presunta redundancia con las Constituciones nacionales, que ya contienen esa y otras medidas democráticas. Pues bien, si ahora rigiese, la irreversibilidad de ese estándar estaría mejor asentada. No habría que perder un minuto en discutir lo evidente. La Carta imposibilitaría cualquier retroceso.

Si tuviéramos la Constitución, se evitaría el drama en la secuencia de la negociación para la adhesión de Turquía. Al detallarse por vez primera en un Tratado las condiciones de pertenencia a la Unión (artículos I-58 y siguientes), la polémica étnico-historicista se canalizaría hacia la norma. Y aún quedaría más objetivada si, como propone España, se incorporasen todos los criterios de Copenhague para el acceso de nuevos candidatos (calidad democrática, economía de mercado, convergencia económica, capacidad de absorción…).

Si tuviéramos la Constitución, a un solo socio, otra vez Polonia, le habría sido más difícil vetar el nuevo acuerdo con Rusia, dado el mayor empaque de la política exterior común, sus nuevas competencias e instrumentos, como la figura del ministro de Asuntos Exteriores.

Si tuviéramos la Constitución, habrían disminuido las rencillas energéticas y se habría acelerado el diseño del mapa de un mercado interior de la energía, pues ese texto otorga a las instituciones comunes, por vez primera (artículo III-256), base jurídica para actuar, y sin requerir unanimidades.

Los anteriores son meros ejemplos de facturas concretas que acarrea la hibernación del nuevo Tratado en el proceso de toma de decisiones de la Unión, cada vez más complejo a medida que ésta se amplía sin reformarse sus reglas de funcionamiento.

Pero surgen además otros costes menos cuantificables. Como el de la imagen. A los 50 años de su creación, la Europa comunitaria exhibe una imagen de crisis. Aparece como un club incapaz de actualizar sus reglas básicas. Es verdad que conserva incólume su capacidad de atracción. Siguen siendo pléyade los países que pugnan por entrar en ella. Y sigue creciendo la demanda de las instituciones multinacionales para que intervenga en los grandes conflictos y en los pequeños litigios. Pero hoy, Europa, como el coronel de García Márquez, no tiene quien la escriba. Intelectualidades hace años decisivas para el empuje europeísta, como la francesa, han dimitido. El grueso de la reflexión está paradójicamente monopolizado por el pensamiento anglosajón. Y la opinión pública, aunque los últimos eurobarómetros reflejan un repunte del euro-optimismo, alberga, en bastantes de sus países, recelos y un poso de desconfianza.

A ese deterioro de la imagen y del espíritu europeísta contribuyen, además de los problemas mencionados, otros a ras de suelo, como los retrasos en asuntos de inmediato interés ciudadano, por ejemplo la dificultad en allanar las tarifas de conexión de los teléfonos móviles… De modo que la hibernación constitucional no es la única responsable de la crisis. Ocurre al cabo que el funcionamiento de la Unión no se ha paralizado, pero va al ralentí. En asuntos sustantivos, singularmente los que se apuntan en el nuevo Tratado como prioridades: la seguridad interior, la política exterior, o la energía. Prioridades que reivindica la ciudadanía en forma de principales preocupaciones, a cada nueva encuesta.

Si tuviéramos Constitución, esto no sucedería. Al menos, no sucedería exactamente así. Los problemas no habrían desaparecido por ensalmo gracias al toque milagroso de un texto, actuando cual varita mágica en un cuento de hadas. Un texto jamás sustituirá liderazgos, pero puede favorecer que surjan y fragüen, al eliminar obstáculos para su ejercicio y establecer mecanismos dinamizadores, como la generalización del voto por mayoría cualificada, que arrincona el derecho de veto a escasas materias. La Constitución podría desencadenar una dinámica en que las apuestas, los consensos y las decisiones fuesen la regla, y las parálisis, la división y los vetos, la excepción.

En su primer cincuentenario, la Unión atraviesa una crisis de alcance similar a la de la Europa de la Defensa en los años cincuenta, las sillas vacías en los sesenta o, más recientemente, la provocada por la guerra de Irak. No es una tragedia, sino esa situación en la que lo viejo ha muerto y lo nuevo pugna por nacer. Crisis de funcionalidad y de imagen, como se ha descrito. Pero crisis también del modelo democrático. La hibernación constitucional contradice el principio democrático “un hombre, un voto”, y el del imperio de la mayoría. Nada menos que dos tercios de los Estados miembros (18 de 27) han ratificado la Constitución. Éstos agrupan una población de 274 millones de habitantes, o sea, 3,5 veces la de los que han emitido una respuesta negativa. Cierto es que no existe aún una democracia europea en sentido estricto, sino un conjunto de democracias nacionales enhebradas por principios y valores comunes. Pero esa hibernación los pone en jaque. En términos democráticos resulta un disparate que un voto francés u holandés anule de raíz el de un ciudadano luxemburgués, español y de dieciséis países más.

Por eso es encomiable que España coja el toro por los cuernos y luche por poner en valor político el peso de los países que han ratificado el nuevo Tratado. También para evitar la quiebra de la pauta de construcción comunitaria seguida hasta hoy, según la cual a cada ampliación le acompaña una profundización.

Así ocurrió con la del Reino Unido, que aportó enfoques de liberalización y eficiencia económicas, como el del recientemente desaparecido lord Cockfield en el plan del Acta Única; la ampliación al Sur consolidó y dio calado a la política de cohesión, y facilitó una nueva estrategia hacia América Latina y el Mediterráneo; la extensión al Norte subrayó lo social, lo medioambiental y la transparencia. Todo ello ha ido dejando huella en las sucesivas reformas de los Tratados.

¿Qué ocurre ahora? Que la reciente ampliación al Este necesitaba las andaderas de un nuevo armazón institucional y político, y ha quedado huérfana de ellas. Pese a todo, funciona, no en vano la economía atraviesa una feliz coyuntura. Pero no pueden forzarse aún más las costuras del viejo edificio sin una rehabilitación a fondo. Sería suicida proceder a cualquier ampliación adicional sin haber profundizado antes en la línea de la Constitución.

Cualquier salida a la crisis debe suponer una verdadera solución a los problemas de futuro planteados. De difícil encaje. Por un lado, ningún acuerdo digno de tal nombre puede contrariar lo que han votado ya tantos millones de europeos, directamente o a través de sus Parlamentos.

Sustancialmente, no puede estrecharse el traje institucional, porque es el mínimo requerido para garantizar cierta eficacia. Tampoco pueden cancelarse políticas sustantivas o materiales que ya figuraban en los anteriores Tratados, por lo que sería insensato rebajarlas. Ni tampoco deberían adelgazarse las políticas y competencias que la Constitución amplía y profundiza en respuesta directa a lo que reclaman las opiniones públicas: más seguridad y más presencia de la Unión en el mundo. Es decir, los artículos dedicados a las políticas comunes Exterior y de Defensa, y de asuntos de Justicia e Interior.

Pero por otro lado, habrá que recuperar a las poblaciones que votaron no, y decantar en sentido constructivo a las que vacilan.

Quizá haya margen para ser coherentes con los ciudadanos que han validado el texto y al tiempo diluir las inquietudes que aflora la minoría renuente. A lo mejor se puede intentar un retoque selectivo que no suponga disfraz, sino mejora. Debería preservarse, posiblemente con alguna simplificación, lo esencial de la Parte I y el conjunto de la Carta de Derechos de la Parte II, de gran legibilidad, porque no hay Constitución digna de tal nombre (o parecido) que no proclame una Carta de derechos.

Y en cuanto a las políticas de la Parte III, la propuesta del Gobierno español según la cual habría que ampliar sus ambiciones, todo indica que es una solvente posición negociadora: a quienes pugnan por “menos Europa” se les intenta contrarrestar con “más Europa”. Para que así, al final, los arbitrajes resulten neutrales, y se mantenga al menos lo ya adquirido. Alguien debe defender lo esencial de la Constitución, ese sólido escalón hacia una unión política. Por las razones democráticas apuntadas. Y porque la situación política, el estado moral de la ciudadanía europea y la demanda mundial de Europa exigen que el proyecto diseñado en ese texto (sus mecanismos y sus objetivos) no dé un paso atrás, pues configura la Europa mínima necesaria.

Un mini-tratado que la jibarizase sería un dislate. Ahora bien, existen soluciones técnicas para hacer el texto más legible, explicable y atractivo, sin necesidad de reabrirlo en canal. Entre otras, por ejemplo, trasladar la muy prolija Parte III a un protocolo del mismo valor jurídico que las otras; o condensar el Tratado, convirtiéndolo en modificativo (y no derogatorio) de los anteriores, como sugiere Jean-Claude Piris (El Tratado Constitucional para Europa: un análisis jurídico, Marcial Pons). Posiblemente así, con elegancia y cintura, sin traicionar a los ciudadanos que han dicho sí, podría reincorporarse al proceso a las fuerzas que han dicho no. Ojalá, porque en un mundo cada vez más globalizado, quien no avanza, retrocede.

(Xavier Vidal-Foch es periodista / El País, 13/03/07).