La inadmisión a trámite por el Supremo de una querella temeraria de Manos Limpias (una bandera de conveniencia de la ultraderecha política que afirma ser un sindicato de funcionarios públicos) contra el presidente Zapatero, los componentes del Consejo de Ministros y tres dirigentes del PSOE, acusados de prevaricación, desobediencia a la justicia y quebrantamiento de medida cautelar por la reunión mantenida el 6 de julio de este año entre dirigentes de los socialistas vascos y de la disuelta Batasuna, descansa sobre un sólido fundamento constitucional. Es cierto que la división de poderes de la democracia se halla regida por un juego de controles y contrapesos mutuos que garantiza “la limitación de los poderes, el sometimiento de su ejercicio al ordenamiento jurídico y la salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos”. Sin embargo, cualquier pretensión de corregir la dirección de la política interior o exterior, encomendada al Gobierno por el artículo 97 de la norma fundamental, “mediante el ejercicio de la acción penal y la puesta en marcha de un proceso de la misma naturaleza” es un fraude constitucional. En efecto, el control judicial no puede hacer abstracción de que el principio democrático goza de la primacía en el sistema constitucional. Concluyan o no con éxito las conversaciones del Gobierno y su partido con ETA y su brazo político, es indiscutible que la resolución del Congreso de 17 de mayo de 2005 dio luz verde a los poderes del Estado para iniciar tanteos y contactos con la banda terrorista orientados a conseguir un final dialogado de la violencia.
El burdo carácter rabulesco de la pretensión de Manos Limpias, inadmitida con todos los pronunciamientos desfavorables por el Supremo, inspira otras demandas criminales tramitadas ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). La querella presentada el 9 de junio por el Foro Ermua contra el presidente de la comunidad autónoma vasca por haber recibido públicamente en su despacho el 19 de abril a una delegación de la disuelta Batasuna ha dado lugar a su encausamiento por el TSJPV. Y la denuncia del PP y la querella del Foro Ermua contra los dirigentes socialistas que asistieron a la reunión con representantes del brazo politico de ETA impugnada por Manos Limpias han sido admitidas a trámite por el mismo tribunal el 3 de noviembre. Tras la respuesta del Supremo -órgano jurisdiccional superior en toda España salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales- a la astracanada leguleya de Manos Limpias, los magistrados del alto tribunal vasco están obligados a archivar unas actuaciones que nunca deberían haber abierto.
La presencia directa, indirecta o invisible del PP en esas querellas muestra su deficiente comprensión no sólo del funcionamiento de la división de poderes en un sistema democrático sino también del papel desempeñado por el derecho penal como último recurso sancionador de los comportamientos ilegales tipificados como delitos. Aún más grave es que el principal partido de la oposición está alentando por oportunismo ese gobierno de los jueces que el auto del Supremo critica desde el seno de la propia magistratura; el recurso intempestivo a los tribunales por razones políticas y la manipuladora instrumentación del Consejo General del Poder Judicial para interferir el trabajo legislativo y sesgar los nombramientos de los magistrados son las consecuencias de esa lamentable deriva.
Inasequibles al desaliento, los dirigentes populares se han lanzado a una desaforada campaña para vaciar de contenido el auto del Supremo: el silenciamiento de las razones jurídicas que fundamentan el rechazo de la querella de Manos Limpias por el alto tribunal va acompañado de superfluas respuestas partidistas a preguntas que el auto judicial ni siquiera se plantea. Así, Rajoy declaró que la negociación con el terrorismo, además de constituir un suicidio y ser absolutamente ineficaz, no es “moral”; Acebes compitió en inanidad con su presidente al afirmar que el auto “no dice” que sea “lícito” reunirse con Batasuna, ni tampoco que el Gobierno pueda decidir con ETA el futuro de Navarra, del País Vasco y “del resto de España”. Pero no cabe poner puertas o rejas al campo; porque corresponde sólo a los Parlamentos y a las urnas, y no a los tribunales, dirimir conflictos que no son penales sino políticos.
Javier Pradera es periodista (El País, 13/12/2006)
