Desde el Trópico de Cáncer

La Administración de Bush ha promovido la aprobación de una norma
-aunque es de esperar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
evitará este despropósito- por la que se suprime respecto a ciertos
detenidos la protección del hábeas corpus, una de las grandes
conquistas de la humanidad y uno de los pilares de la democracia. Y
silencio. En contra de lo que cabría esperar, no se ha producido la
respuesta inmediata y severa de tantas instituciones y personas que
deberían hacerlo y, sobre todo, por parte de la Unión Europea. La
callada por respuesta. Guantánamo, vuelos “secretos”… Silencio.
¡Cuántos acontecimientos nocivos podrían evitarse si se hablara a
tiempo! Lo advirtió Martín Luther King: “Nuestras vidas empiezan a
acabarse el día que guardamos silencio sobre las cosas que realmente
importan”.

En el pasado español, Quevedo -”No he de callar por más que con el
dedo…”- y Garcilaso de la Vega -”Yo que tanto callar ya no
podía…”- expresaron el deber de hablar. En mi experiencia -lo he
comentado en muchas ocasiones- hay un silencio peor que el de los
silenciados, de los que no hablan porque no pueden o no saben: es el
silencio de los silenciosos, de los que callan pudiendo y debiendo
hablar. Y, así, la “voz que pudo ser remedio, por miedo no fue nada”.

El peor de los silencios es el institucional. El que guardan entidades
que, por su propia naturaleza, conocen los temas y no deberían dejar
pasar la oportunidad de expresarse. Las universidades, las academias,
la comunidad científica… deberían estar particularmente atentas,
sobre todo cuando se trata de cuestiones que pueden conducir a
situaciones potencialmente irreversibles. Los patólogos -médicos,
biólogos moleculares, sociales, etcétera- saben bien que no sólo hay
que aplicar el tratamiento adecuado, sino que hay que hacerlo antes de
que el proceso que se trata de corregir haya alcanzado un punto de no
retorno. Entonces, el mejor correctivo es totalmente ineficaz.

Sucede que andamos distraídos, ocupados en exceso en cosas urgentes y
secundarias, y preocupados por noticias que, con frecuencia
progresiva, proporcionan una visión incompleta y altisonante, cuando
no sesgada, de la realidad. El resultado neto es que somos receptores,
espectadores pasivos, resignados a ver “qué pasa”, “qué hacen”… Ante
la confusión conceptual actual, en un mundo que sufre las
consecuencias de que se hayan sustituido los valores universales por
las leyes de mercado y en el que las asimetrías de todo orden no cesan
de incrementarse, es apremiante que, pacíficamente, se produzca un
gran clamor popular que, por su extensión y firmeza, logre corregir
las tendencias presentes que representan unos horizontes tan sombríos
para las generaciones futuras, nuestro compromiso supremo.

Y que este clamor induzca a los líderes europeos -a Europa corresponde
hoy, por muchas razones, este papel de faro y torre de vigía- a
expresarse, claros, rotundos, convincentes. Los Estados Unidos
necesitan voces amigas, independientes, que les hagan ver que la época
de la discrecionalidad de las decisiones sobre política exterior,
empeñada en identificar “enemigos” a los que se acomete siempre por la
fuerza, ha terminado. Que ni Europa ni América Latina van a seguir
ciegamente arbitrarias políticas económicas, militares o culturales
que impliquen dominación o prevalencia.

Ante la creciente pobreza que genera el proceso de “globalización”
liderado por los países más prósperos, silencio. Ante la
deslocalización productiva hacia el Este y directiva hacia el Oeste,
silencio. Ante los grandes desafíos que significan la incorporación de
China y la India al crecimiento planetario, silencio. Silencio ante la
aceptación de regímenes dictatoriales -aunque la gente trabaje en
condiciones laborables lamentables- porque benefician a la economía de
mercado y de guerra en la que estamos viviendo. ¿Cuánto gastamos al
día en armamento? ¿Cuántos miles de millones de dólares se han gastado
en la adquisición de armas -incluidas “bombas racimo”- los distintos
países, algunos de ellos manifiestamente pobres, en los últimos cinco
años? ¿A quién pertenece África? ¿A qué manos van a parar los inmensos
réditos de la explotación de los recursos naturales de países cuyos
ciudadanos no tienen después unas migajas que llevarse al plato?
¿Cuándo acabaremos con los paraísos fiscales para que podamos abordar
con posibilidades de éxito la lucha contra el tráfico de drogas, que
tantos estragos produce, de armas, de personas…? ¿Cuándo
aplicaremos, como se decidió en las Naciones Unidas en el año 2000 y
se ha reiterado en 2005, los Objetivos del Milenio, para luchar contra
el hambre y el sida, y construiremos viviendas para todos en lugar de
cohetes y artificios bélicos? Alguien debe tomar la iniciativa de esta
nueva era consistente en hablar en lugar de imponer. Debería ser
Europa y sus instituciones, sus centros de enseñanza superior, sus
artistas y creadores… los que iniciaran el camino histórico del
rearme intelectual que el mundo ansía.

Unamos nuestras voces para conseguir unas Naciones Unidas realmente representa-

tivas de “Nosotros, los pueblos”… como establece el primer párrafo
de la Carta. Unas Naciones Unidas de tal naturaleza, que con todo el
sistema de instituciones que representa, incluyendo desde luego el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización
Mundial del Comercio, pueda garantizar a escala internacional el
cumplimiento de los acuerdos económicos, sociales, medioambientales,
culturales y éticos. Y donde, todos juntos, se haga frente con la
adecuada visión prospectiva a los grandes desafíos de la humanidad:
energía, agua, nutrición, salud…

Unas Naciones Unidas capaces de hacer frente a los transgresores que
hoy habitan en el espacio supranacional con la mayor impunidad, con
frecuencia al abrigo de corporaciones multinacionales cuya codicia no
tiene límites.

Unas Naciones Unidas capaces de practicar un multilateralismo
eficiente, donde la seguridad venga de la justicia, de la diligencia
para transformar la fuerza en diálogo.

Frente a la inercia, voluntad de cambio. En estos albores de siglo y
de milenio, es más necesario que nunca estar ojo avizor, con
perseverancia para evitar la indefensión y los excesos de políticas
basadas en la paz de la seguridad. La “legítima lucha contra el
terrorismo se ha utilizado como pretexto para privar o revocar
derechos humanos”, declaró Koffi Anan ante la Asamblea General en
septiembre de este año.

Para que la Unión Europea recupere la credibilidad perdida, los países
“occidentales” no pueden seguir siendo “interlocutores altivos”. No se
cumplen los Objetivos del Milenio, especialmente en África. La inmensa
tragedia de los inmigrantes subsaharianos que llegan desesperados a
las costas de la abundancia se debe a que las condiciones de vida en
sus pueblos de origen son inhumanas. Vienen hacia nosotros porque
nosotros, reiteradamente, hemos incumplido las promesas de ir hacia
ellos, al tiempo de que nos beneficiábamos de sus recursos naturales:
petróleo, gas, peces, frutos, minerales… Los muros -sin que sea
necesario añadir ahora otros, por favor- son ya altos y numerosos. Y
las heridas profundas. No es con el olvido como se resolverá el
futuro. Es con la memoria.

Nos acercamos a la época de la participación masiva en la que, a
través de Internet y de los teléfonos móviles (SMS) la gente empezará
a implicarse activamente en los asuntos públicos. Creo que la era de
la resignación y del silencio están, por fortuna, terminando. Sería
por eso especialmente conveniente que Europa tuviera el liderazgo de
un movimiento ya imparable.

Que las generaciones que llegan a un paso de nosotros no nos acusen de
silencio cuando tan perentoria es nuestra voz. En pie de paz,
infatigables en la resistencia, a favor de la democracia auténtica.
Que nunca puedan decirnos: “Esperábamos vuestra voz. Y no llegó”. El
silencio puede llegar a ser delito.

Federico Mayor Zaragoza  (El País, 30/11/2006)

Queridos teocons, queridos ateos del Papa: Tengo que comunicaros una mala noticia. Acabáis de sufrir un serio revés, propinado precisamente por la persona a la que reconocéis como vuestro líder. También en Europa estáis emprendiendo el camino de la derrota que vuestros hermanos americanos, los neocons, han experimentado al intentar aplicar, en un arrebato de soberbia, sus descabelladas teorías sobre la transformación del mundo. No escondáis la cabeza bajo el ala. Esa noticia no es un invento de los amigos de Zapatero ni una fantasía de la masonería internacional. Antes de que el papa Ratzinger llegara a Ankara, el secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone, ya lo adelantó a la RAI, la televisión pública italiana. También hizo lo propio el nuevo jefe de prensa del Vaticano, el padre Federico Lombardi. Estaba todo preparado para que el viaje papal arrojara el primer día un espectacular resultado. Fue el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, quien lo confirmó abiertamente sin que nadie le desmintiera, al contrario: el Papa apoya los esfuerzos de Turquía para entrar en la Unión Europea.

El espaldarazo vaticano al Gobierno de Ankara llega en un momento especial y difícil para Erdogan, el mismo día en que la Comisión Europea propone congelar las negociaciones de adhesión de Turquía en 8 de los 35 capítulos abiertos, todos los que afectan al conflicto que mantiene Ankara con Chipre, cuya parte greco chipriota ingresó en la UE sin haber resuelto el contencioso con la parte turco chipriota. La rectificación del Papa corrige lo que había dicho, hace apenas dos años, cuando todavía era cardenal, al diario francés Le Figaro: “Turquía siempre ha representado en el curso de la historia un continente diferente, en contraste permanente con Europa”. “Convertir en idénticos los dos continentes sería un error”, añadió, por lo que Turquía “podría intentar asociarse en un continente cultural con sus vecinos árabes y convertirse en dirigente de una cultura con su propia identidad”.

La barquilla teológica de ese gran intelectual católico que es el papa Ratzinger se ha visto sometida en dos ocasiones en los últimos dos meses a los rápidos violentos del río de la política mundial, es decir, de la historia. La primera ocasión, con motivo de un discurso académico mal medido, en Ratisbona, del que se podía deducir una identificación entre islam y violencia y una superioridad del catolicismo sobre el islamismo, en virtud de una supuesta exclusividad sobre la herencia racionalista griega. Y ahora, este viaje espinoso, al país que está situado justo sobre la falla de San Andrés que muchos imaginan entre cristiandad e islam. En ambas hemos podido contemplar, para vuestra sorpresa, seguidores del neoconservadurismo católico, y ateos que creéis en la superioridad del cristianismo sobre cualquier otra creencia, cómo el Papa hombre de Estado, político y diplomático tomaba las riendas y ponía la teología al servicio de la vida y de la gente, y no lo contrario como le exigían las mentes dogmáticas.

La rectificación es un servicio a Turquía, no hay duda. El país otomano está en una encrucijada de su historia, en la que la aspiración europea puede quedar truncada y obligarle a un giro hacia Irán o hacia Rusia. Su evolución hacia la modernidad democrática, la consolidación de su laicismo y su prosperidad están en juego. Pero también, la estabilidad de la región, en la que tiene un papel muy positivo la República fundada por Ataturk, así como la eventualidad de un islam compatible con las libertades individuales, el Estado de derecho y la democracia parlamentaria. Todos los reformistas árabes miran hacia Turquía, donde se experimenta la posibilidad de un islam moderno. Pero la rectificación es también un servicio a Europa, donde el islam debe sortear las trampas de los fundamentalistas y sus esquejes terroristas. El mensaje que difunden tanto los teocons de Roma como los de Estambul, los ateos del Papa o los laicos nacionalistas turcos, es el mismo: Europa es sólo cristiana y ahormar a Turquía a las exigencias de la UE significa deformar su identidad. Todo esto ha quedado felizmente desmentido por el Papa, que como muchos humanos suele acertar cuando rectifica.

Lluis Bassets (El País, 30/11/2006) 

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El episcopado parece no tomar en serio las sentencias, que, una y otra vez, le condenan por “vulneración de derechos fundamentales” de sus profesores de religión. Esta vez, el reproche judicial alcanza al Obispado de Canarias, por despedir por quinto año consecutivo a Nereida del Pino Díaz Mederos. Motivo: haber participado en una huelga legal en 1999. El Tribunal Superior de Justicia canario ha planteado ya ante el Constitucional cuatro cuestiones de inconstitucionalidad por ese caso. Del Pino se enfrenta el 12 de diciembre al sexto juicio por el mismo motivo.

“Estas situaciones destrozan la vida. Así que me he buscado otro trabajo, no podía estar esperando curso tras curso a que cumplan lo que les mandan los jueces”, dijo ayer a EL PAÍS la profesora Nereida del Pino Díaz Mederos. Vive en Gáldar, a 22 kilómetros de Las Palmas, y cada día acude a trabajar a la universidad grancanaria en un empleo que “ya no tiene nada que ver con la docencia”, su profesión desde 1988. Tiene 36 años y está casada.

El calvario de la profesora Nereida del Pino, según relata la quinta sentencia que le da la razón, empezó “a finales de 1999, [cuando] tuvieron lugar una serie de encierros de protesta del profesorado de religión y moral católica por sus condiciones laborales, participando en tales encierros, así como en una huelga de dicho profesorado a principios de 2000, eventos de notoria repercusión pública”.

El magistrado Ángel Martín Suárez, del Juzgado de lo Social de Gáldar, que firma esta quinta sentencia, recuerda cómo la docente ya no fue propuesta al curso siguiente (2001-2002) por el Obispado de Canarias como profesora de religión en el instituto de Secundaria Jinámar III, ni tampoco en los cinco cursos sucesivos, lo que provocó de hecho que tuviera que irse al paro una y otra vez mientras se tramitaba la ejecución de la sentencia, el cobro de las indemnizaciones por “daños morales” y la percepción de los salarios dejados de cobrar.

Las cuatro primeras sentencias de los juzgados de lo Social han sido ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al que recurrieron los condenados, con el agravante de que el propio TSJC ha elevado al Tribunal Constitucional (TC) otras cuatro cuestiones de inconstitucionalidad. La profesora Nereida del Pino y su letrado Francisco Navarro Sanz no dudan de que el alto tribunal canario reiterará una quinta vez esa reclamación al TC una vez que ratifique, también por quinta vez, la sentencia en primera instancia contra la actuación de obispado y Educación.

Los docentes de catolicismo son contratados y pagados por el Estado [en este caso, por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias], pero son los obispos los que los seleccionan para cada curso, pudiendo prescindir de ellos sin motivo alguno.

Es lo que le ha ocurrido a la profesora Nereida del Pino en todos estos años. Es decir, el obispado se limita a comunicar al Gobierno canario que la citada docente “no es propuesta [para ser contratada para el nuevo curso] por no reunir los requisitos de idoneidad necesarios para impartir la Formación Religiosa y Moral Católica”. En cambio, las sucesivas sentencias declaran probado que, en realidad, el obispado prescindió de ella a causa de sus actividades sindicales, lo que una y otra vez los jueces consideran “una violación de su derecho fundamental a participar en la mencionada huelga”.

Pese a que las desgraciadas vicisitudes laborales de la docente son provocadas por decisión del episcopado, a quien condenan los jueces a pagar las indemnizaciones causadas por este proceder ilegal es a la Administración, siempre “por los daños morales ocasionados”. El Obispado y el Gobierno canario reciben, además, reproches judiciales por obligar a que sea la docente despedida quien cargue con la prueba de los motivos de su situación. Dice ahora el magistrado Martín Suárez, en el relato de los hechos probados: “Ningún motivo se esgrimió, ni se intentó probar por el Obispado demandado” por qué la profesora demandante “no gozaba de la idoneidad” para seguir en su puesto de trabajo.

Otra extravagancia del calvario judicial a que está sometida desde 2001 Nereida del Pino tiene que ver con la ejecución de las sentencias, en un ir y venir a su puesto de trabajo que ha terminado por desanimarla hasta el punto de “tirar la toalla”. Ayer por la tarde acababa de regresar de su nuevo trabajo cuando habló para EL PAÍS, firme en su decisión de no volver a emplearse para los obispos. Lo malo es que aún le quedan pleitos por ganar, dos o tres, incluso cuatro.

El día 12 ha sido citada por el Juzgado de lo Social de Gáldar para resolver sobre su sexto despido consecutivo, pero aún no se ha ejecutado la sentencia por el quinto, sobre el que debe pronunciarse todavía el Tribunal Superior de Canarias muy pronto. Más aún: si, como parece seguro, pierden este sexto pleito, el episcopado y el Gobierno de Canarias volverán a recurrir la sentencia pese a saberse perdidos, lo que provocará una nueva resolución del TSJC y la sexta apelación al Constitucional por estar afectados en el caso “derechos fundamentales” de la docente.

Los obispos despiden y Educación paga las indemnizaciones. Esta es la situación del Gobierno de Canarias, condenado una y otra vez en todas las instancias. Esta semana se han conocido dos nuevos reproches judiciales contra él: la quinta sentencia favorable a Nereida del Pino (en 15 días habrá una sexta), y la tercera que gana el líder sindical Rafael Ramírez, presidente de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER).

El 24 de julio pasado fue el Tribunal Constitucional quien censuró a Educación “por comportamiento antisindical” frente a este profesor de religión y delegado de la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), y lo mismo había hecho anteriormente el Supremo. Esta semana se ha conocido otra sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas condenando al Gobierno canario por motivos parecidos.

Según los hechos probados que recoge en su fallo la magistrada Victoria Gallego Funes, el ilegal comportamiento del Gobierno canario tiene que ver ahora con su negativa a facilitar a Ramírez “el listado de los profesores de religión” que causan baja en sus empleos cada curso, “los motivos” de esa baja y la lista de los que les han sustituido. El Gobierno regional le negó esos datos, en realidad porque el episcopado los guardaba como si fueran sagrados.

La desgracia de ambas instituciones es que todo termina descubriéndose. Los obispos dijeron hace un mes a este periódico que “el número de profesores que han dejado de proponer en los últimos 15 años no pasan de 20″. La realidad es tozuda, de acuerdo con los datos obtenidos por la Justicia sólo en la provincia de Las Palmas. La última relación de sus despedidos, algunos en cinco cursos consecutivos, suman 14 en una relación diligenciada judicialmente por el Obispado el 2 de agosto pasado. Ramírez calificó ayer al Gobierno canario de “monaguillo de los prelados”.

Juan G. Bedoya es periodista (El País, 29/11/2006)

La paz no puede nunca considerarse garantizada, y la primera responsabilidad de todo Gobierno es la seguridad. Ésa es la razón por la que Francia quiere contribuir a una organización política internacional destinada a conjurar los peligros. Quiere contribuir al ejercicio de una responsabilidad compartida dentro de unas instituciones internacionales fuertes, legítimas y aceptadas, especialmente a través de la reforma de la ONU y del Consejo de Seguridad. Trabaja en favor de una globalización controlada que esté al servicio del hombre, en armonía, justicia y solidaridad. Colabora en la construcción de una Europa política capaz de asumir sus responsabilidades internacionales al servicio de la paz.

Es necesaria la creación de un Grupo de Contacto sobre Afganistán
La Alianza Atlántica ocupa un lugar central en este proyecto. Por eso, en la cumbre de la OTAN que comienza hoy en Riga, reafirmaré la importancia del papel de la Alianza Atlántica como organización militar, garante de la seguridad colectiva de los aliados y lugar en el que los europeos y los norteamericanos pueden conjugar sus esfuerzos al servicio de la paz.

La amenaza de guerra generalizada en Europa ha desaparecido, y la OTAN ha vivido una profunda renovación y adaptación. Se ha abierto a las nuevas democracias. Está construyendo una relación de confianza con Rusia, que debemos consolidar sin cesar, porque preservar la paz en el continente europeo consiste, ante todo, en evitar nuevas líneas de fractura. Con ese mismo ánimo tratamos de construir una relación de socios entre la OTAN y Ucrania, y deseamos que la Alianza acepte, cuando estén listos, a los Estados candidatos de los Balcanes occidentales.

Como vivimos en una época llena de promesas, algunos creen que ha llegado el momento de recoger los dividendos de la paz. A mi juicio, eso sería un grave error. Bajar la guardia equivaldría a olvidar las amenazas del terrorismo, los nacionalismos agresivos y la voluntad de algunos Estados de llevar a cabo políticas de fuerza, en violación de sus compromisos internacionales. Hoy, como ayer, necesitamos una Alianza fuerte, solidaria y adaptada.

La primera exigencia de la Alianza es la credibilidad de su herramienta militar. De ahí la transformación que hemos iniciado para adquirir más eficacia y más capacidad de reacción. En Riga se declarará plenamente operativa la Fuerza de Reacción de la OTAN. De ese modo, la Alianza dispondrá de un instrumento multinacional sin precedentes.

Es preciso que cada Estado miembro contribuya con unos esfuerzos de defensa apropiados. Los europeos llevan demasiado tiempo apoyándose en sus aliados estadounidenses. Deben asumir su parte de la carga y aprobar un esfuerzo nacional de defensa que esté a la altura de sus ambiciones para la Alianza Atlántica, pero también para la Unión Europea. Es una señal de la solidaridad entre las dos orillas del Atlántico. Es lo que hace Francia, uno de los primeros contribuyentes a la Alianza, a través de su Ley de Programación Militar, que persigue la modernización permanente de la Fuerza Estratégica -en un espíritu de estricta autosuficiencia-, y el equipamiento, la capacidad de reacción y la de despliegue de sus fuerzas convencionales.

Lo mismo ocurre con operaciones en beneficio de la paz y la seguridad internacionales. Me refiero, ante todo, a Afganistán. Francia está presente allí desde 2001 y tiene a su cargo la región de Kabul. Para crear allí unas condiciones de éxito es preciso que inscribamos nuestras acciones en el contexto de una estrategia global, un proceso político y económico reafirmado. Es necesaria la creación de un Grupo de Contacto que agrupe a los países de la región, los principales países involucrados y las organizaciones internacionales -como existe ya en Kosovo- para dotar a nuestras fuerzas de los medios necesarios para triunfar en su misión de apoyo a las autoridades afganas y volver a centrar a la Alianza en la dirección de las operaciones militares.

Este diálogo ampliado y estas consultas no deben apartarnos de la misión central de la Alianza. Debe seguir siendo un diálogo caso por caso y centrado en situaciones que puedan necesitar la intervención militar de la Alianza y sus socios. El único foro político con vocación universal debe ser Naciones Unidas.

Adaptar la Alianza es también tener en cuenta la nueva realidad de la Unión Europea, la mayoría de cuyos miembros pertenece también a la OTAN. La Europa de la defensa ha avanzado más desde la cumbre de Saint Malo que en los últimos 50 años. Me satisfacen hechos como que los europeos estén colaborando para tener equipos comunes, como el A 400 M y el helicóptero Tigre, o que estemos trabajando con el Reino Unido en un proyecto de portaaviones común. Se perfilan avances en el aprovechamiento mutuo de nuestros medios, sobre todo en el transporte estratégico y la formación de oficiales. Debemos pensar ya en asignar una dimensión permanente a nuestros instrumentos colectivos de mando y dirección de las operaciones, con el Centro de Operaciones creado dentro de la Unión Europea.

Esta evolución es necesaria, porque el compromiso de la Unión Europea al servicio de la paz va a ser cada vez más intenso. Una Europa de la defensa más fuerte, más eficaz y más segura de sus medios refuerza la capacidad de la Alianza en su conjunto y contribuye al equilibrio del mundo. Entre ella y la OTAN se establece una complementariedad que beneficia a ambas. En los casos en los que Europa está en mejor situación para intervenir -por motivos geográficos, históricos, o por el carácter de la intervención-, la Unión asume, como es debido, su parte de responsabilidad.

Por ejemplo, a la Unión Europea le corresponde desempeñar un papel de dirección en los Balcanes occidentales, a los que se ha ofrecido una perspectiva de integración. La Unión ha relevado a la Alianza en ARYM y Bosnia-Herzegovina, y se dispone a enviar a Kosovo una misión de policía en un periodo crítico en el que se juega el futuro de la provincia. En Líbano son los europeos los que forman -a petición de la comunidad internacional- el esqueleto de la nueva FINUL, cuya credibilidad es esencial para prevenir una nueva escalada de la violencia.

Esta evolución exige un diálogo político y estratégico más intenso entre Estados Unidos y la Unión Europea que suponga la continuidad de la cumbre de febrero de 2005 en Bruselas. Supone también, sin duda, un fortalecimiento de las relaciones entre la OTAN y la UE. Francia está dispuesta, desde luego, pero desea que la voz de la Unión se haga oír dentro de la Alianza. Lo cual quiere decir especialmente la posibilidad de que sus miembros establezcan dentro de ella una forma específica de concertación.

Esta evolución contribuirá a una Alianza cada vez más fuerte y solidaria, en la que los aliados norteamericanos y europeos puedan definir objetivos en común y seguir trabajando juntos por la paz y la seguridad internacionales, con arreglo a los principios y objetivos de la Carta de Naciones Unidas.

Jacques Chirac es presidente de la República Francesa (El País, 28/11/2006)

Entre noviembre de 1927 y febrero de 1928, el diario El Sol de Madrid publicó con el título genérico de “La redención de las provincias” una serie de diez artículos de Ortega y Gasset, que terminaban con un enfático llamamiento a que la vida local se hiciera con el ímpetu regenerador de un Estado que languidecía y se desintegraba entre los últimos estertores de la Dictadura.

Nada mas lejos de mi intención que pretender comparar la situación política nacional denunciada por Ortega con la que se vive actualmente, pero la reciente publicación en la prensa local de una serie de artículos con motivo del setenta aniversario de la división de la provincia de Canarias, me ha hecho recuperar el recuerdo histórico de un llamamiento en el que late la denuncia de una vertebración política de la vida local y nacional que, al menos en Canarias, no parece haberse alcanzado aún.

Paradójicamente, el replanteamiento de la cuestión me lo provoca el artículo que con el motivo antedicho escribe el presidente del Cabildo herreño, don Tomás Padrón titulado “Visión de una Canarias federal”. Y digo paradójicamente, porque para mi, que siempre he pensado que el señor Padrón no era mas que otro de los tantos caciques que hace imposible (no sé si intencionadamente) la vertebración política de Canarias, su petición de una estructura federal para el archipiélago me parece la propuesta mas acertada que se ha oído en la jaula de grillos en que se ha convertido la política local entre tanto insularismo montaraz, nacionalismo criollo de salón y desgobierno rampante.

La presentación por el Defensor del pueblo, instancia a la que sólo con muy mala intención cabe tildar de partidista, de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados aspectos de la reciente reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, parece reafirmar la sospecha de que, una vez mas, el intento de vertebrar un sistema electoral canario sigue siendo un logro fallido que se cerró en falso el pasado diciembre

Parece ser que la base de la argumentación del recurso ante el Tribunal Constitucional descansa sobre todo en la presunta inconstitucionalidad de la nueva Disposición Transitoria Primera, párrafo 2, del Estatuto de Autonomía, que establece que “sólo serán tenidas en cuenta aquellas listas de partido o coalición que hubieran obtenido el mayor número de votos válidos de su respectiva circunscripción electoral y las siguientes que hubieran obtenido, al menos el 30 por ciento de los votos válidos emitidos en la circunscripción insular o, sumando los de todas las circunscripciones en donde hubiera presentado candidatura, al menos, el 6 por 100 de los votos válidos emitidos en la totalidad de la Comunidad Autónoma”, cuyo elevado límite de exclusión vulneraría principios constitucionales básicos tales como los de pluralismo político (art. 1, CE), el papel de los partidos políticos como expresión de ese mismo pluralismo y como sujetos que “concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y instrumento fundamental para la participación política” (art. 6, CE), y el propio articulado del Estatuto de Autonomía de Canarias, que determina que “el sistema electoral es el de representación proporcional” (art. 9, 2), y que “cada una de las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y. Tenerife constituyen una circunscripción electoral” (art. 9, 3).

A juicio del Defensor del Pueblo, esos límites de exclusión, tanto en el ámbito de cada isla (30 por ciento de’ los votos válidos) como en el conjunto de la Comunidad Autónoma (6 por ciento de esos mismos votos válidos), impedirían el derecho de prácticamente cualquier fuerza política minoritaria a obtener representación parlamentaria muy por encima de un, sólo hasta cierto punto, razonable intento de racionalización y simplificación del sistema representativo político de Canarias.

Que el tema se cerró en falso, como decía anteriormente, parece claro. Disfrazado de racionalización del sistema, lo único que se pretendió fue un “reparto a tres” del espacio electoral canario (CC, PP, y en menor medida el PSC-PSOE), sin plantearse tan siquiera la posibilidad de profundizar en otras posibilidades, léase ampliación del número de diputados hasta el límite estatutario de setenta, o el       establecimiento de una circunscripción electoral regional única, o compartida con un nuevo reparto de escaños a escala insular, distinto al establecido en el párrafo primero de la mencionada Disposición Transitoria Primera, que, esta vez de verdad, tuviera en cuenta una estricta proporcionalidad de acuerdo con la población de cada isla, sin límites de exclusión, o con uno máximo del tres o cinco por ciento para cada circunscripción electoral, que pareciera razonable para evitar una, por otra parte hipotética, atomización de la representación parlamentaria.

No podemos saber si el recurso del Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional prosperará o no. y en que términos podrá hacerlo, pero a ciencia cierta sí podemos asegurar que, de ser aceptado. el Tribunal se limitará a expulsar del ordenamiento jurídico el precepto o preceptos impugnados  y declarados anticonstitucionales.y devolver la pelota al área del Parlamento de Canarias para que vuelva a establecer unas reglas de luego acorde con los
principios constitucionales y de! propio Estatuto de Autonomía de Canarias.

Permítaseme hacer ciencia-ficción jurídica y ponernos en la tesitura de que las fuerzas políticas canarias. y el Parlamento como representación de las mismas. tengan que hacer frente a la modificación del sistema de representación electoral. ¿Qué opciones se presentan cómo factibles! La primera. evidentemente,. si el pronunciamiento del Tribunal Constitucional se hubiera limitado al punto concreto de los límites de exclusión, rebajar los mismos a los anteriormente vigentes (veinte por ciento y tres por ciento, respectivamente, en cada isla y en la totalidad de la Comunidad Autónoma), o incluso establecer otros mayores o menores, sin entrar en el tratamiento de ningún otro aspecto. La segunda. más compleja. asumir la necesidad de plantearse (que no modificar, pues no se puede modificar lo que el Tribunal Constitucional habría considerado que no fue legal nunca) el estudio en profundidad, y posterior establecimiento, de un nuevo sistema electoral canario, con el concurso de todas las fuerzas políticas. e instituciones sociales, económicas, culturales, intelectuales y universitarias de las islas, y excluyendo a priori (lo que quizá sea excesivamente ingenuo por mi parte) todo intento de utilización partidista del tema más allá de lo legítimamente razonable.

En anteriores manifestaciones sobre este mismo asunto venía a decir que a la hora de plantearse el establecimiento de cualquier sistema electoral con un mínimo de racionalidad, lo primero a determinar debería ser “qué” es lo que ,.
se va a representar. porque según sea la dirección por la que se opte los resultados serán unos u otros. ¿Qué es lo que debe representarse. los ciudadanos, la población en suma. o los territorios en los que esa población se asienta?

En un sistema político democrático creo que esta claro que el elemento al que se representa a través de una institución como el Parlamento es a los ciudadanos y electores. Del sistema electoral que definitivamente se establezca: básicamente el mayoritario o el proporcional (con sus numerosas y respectivas variantes). y ambos legítimos. dependerá que la representación parlamentaria se acomode en mayor o menor medida a la pluralidad política! y social realmente existente en la comunidad de que se trate. Pero en el caso de Canarias el problema de la representación de la población se incrementa por la presencia de esa misma población en diversas islas que. a su vez, constituyen comunidades históricas, humanas, sociales. culturales. económicas. y por supuesto, físicas, diferentes y diferenciadas.

¿Cómo articular lo más ajustadamente esa representación conjunta de población y territorios que la realidad canaria parece imponernos? ¿Cómo contrapesar el peso demográfico de islas como Gran Canaria o Tenerife (que sostienen, respectivamente, el 44 y el 41 por ciento de la población total del archipiélago) sobre el de las restantes islas? ¿Cómo justificar un sistema electoral en el que el voto de algunos ciudadanos canarios “vale” 18 (dieciocho) veces más que el de otros ciudadanos canarios ante el principio fundamental de la igualdad del voto establecido por la Constitución? A mi modesto juicio. y lo replanteo de nuevo, solo el “principio federal” permite articular armónicamente la representación de la población y el territorio, principio éste que, con la voluntad política necesaria, podría constituir una solución definitiva y de futuro para la constitución real de Canarias como Comunidad Autónoma dentro de España y de la Unión Europea.

Federalicemos. pues, Canarias. partiendo de la realidad insoslayable de la existencia de las islas, de siete comunidades humanas diversas que, sin renunciar a su propia identidad ”insular” aspiran a una convivencia enriquecedora bajo una misma Comunidad política sin privilegios ni predominios de unas sobre otras, De una Comunidad basada, como dice el Estatuto de Autonomía en su articulo primero, en ”la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo canario, del que emanan sus poderes, el desarrollo equilibrado de las Islas y la cooperación con otros pueblos. en el marco constitucional y estatutario”,

Doy por supuesto que nadie en su sano juicio creerá que con la mera reforma del sistema electoral y representativo de Canarias se van a resolver nuestros problemas de convivencia y armonización política. pero entiendo que es éste un aspecto fundamental irresuelto, o resuelto defectuosamente, que el recurso de inconstitucionalidad del Defensor del Pueblo pone de manifiesto de forma clamorosa y un tanto vergonzante para “toda” nuestra clase política y nuestras instituciones.

De nuevo, partiendo de un posible desarrollo de ese principio federativo antes expresado. me atrevo a plantear una renovada articulación del máximo órgano de representación del pueblo de Canarias, de su Parlamento, en dos Cámaras iguales en derechos y facultades: Una, llámese Cabildo General. o como se quiera. en que estarían representados los territorios del archipiélago. las islas: otra. la Cámara de Diputados, en que se representaría a la totalidad de la población del archipiélago con las diferentes islas como circunscripción electoral pero con un  criterio estrictamente proporcional puro o con índices correctores mínimos; y por último. desarróllese hasta sus últimas consecuencias el artículo 23 del Estatuto de Autonomìa que establece. entre otras facultades que ”las Islas gozan de autonomía plena para el ejercicio de los intereses propios.” (art. 231) y que “los Cabildos Insulares, en cuanto instituciones de la Comunidad Autónoma. asumen en cada Isla la representación ordinaria’ del Gobierno y la Administración autonómica (Articulo 23. 5).

En cuanto a la configuración del Parlamento. como órgano superior de representación  de la Comunidad Autónoma de Canarias, ambas Cámaras compartirían la competencia legislativa plena. y el control del Gobierno, en un plano de igualdad. La Cámara Baja. representativa de la población del archipiélago, estaría compuesta por setenta diputados (número máximo establecido ahora por el vigente Estatuto de Autonomía) que se elegirían de forma estrictamente proporcional a la población de cada isla, constituida cada una de ellas en circunscripción electoral propia. después de atribuir un mínimo de un diputado y que quedaría conformada de la siguiente manera:

Cámara de Diputados:
La Palma: 81.521 hab. / 4 diputados
La Gomera: 16.978 hab. / 2 diputados
El Hierro: 8.338 hab. / 1 diputado
Tenerife: 665.562 hab. / 27 diputados
Gran Canaria: 714.139 hab. / 29 diputados
Lanzarote: 77.233 hab. / 4 diputados
Fuerteventura: 41.629 hab. / 3 diputados

La Cámara de representación territorial del Parlamento, o Cabildo General. estaría compuesta por treinta y cinco consejeros, cinco por cada una de las islas, elegidos de entre sus miembros por los Cabildos Insulares respectivos. Esta Cámara sería permanente. renovándose cuando correspondiera hacerlo al respectivo Cabildo Insular.

El Gobierno autónomo. y en concreto su presidente. sería elegido únicamente por la Cámara de Diputados. y solo a esta correspondería exigir la responsabilidad política del Gobierno. que. a su vez. podría acordar la disolución de la misma y la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cuanto al reparto de funciones políticas entre ambas Cámaras del Parlamento. serían idénticas en el plano legislativo: la iniciativa legislativa correspondería al Gobierno o a cualquiera de las dos Cámaras indistintamente. iniciándose el  procedimiento cuando fuera a instancias del Gobierno. en cualquiera de las dos Cámaras, y cuando lo fuera a instancias de una de ellas. en la proponente.

Si las dos Cámaras no llegaran a ponerse de acuerdo sobre un texto común. las discrepancias serían estudiadas por una Comisión Mixta Paritaria de representantes de ambas Cámaras, que de lograr un acuerdo someterían el texto resultante a votación de totalidad de cada una de ellas. Si se aprobara por ambas Cámaras se convertiría en Ley.

De no llegarse a ningún acuerdo en la Comisión Mixta o el texto resultante no obtener el voto favorable de ambas Cámaras, se sometería nuevamente a votación de totalidad en cada una de ellas el texto aprobado por la Cámara de Diputados, primero en dicha Cámara, que debería aprobarlo por mayoría absoluta de sus miembros. y luego en el Cabildo General, que debería hacerlo por una mayoría que implicara. al menos, el voto favorable de cuatro de las siete islas representadas en la Cámara.

De no obtener el texto en el Cabildo General la mayoría cualificada anterior, el proyecto legislativo se entendería rechazado y no podrá volverse a tratar hasta el siguiente período de sesiones. momento en el cual, a petición del Gobierno, la Cámara de Diputados. en votación única y por mayoría de tres quintos de sus miembros podría levantar el veto del Cabildo General y convertirlo en Ley.

Sea en buena hora el recurso del Defensor del Pueblo si ello nos da ocasión de articular definitivamente un sistema político y electoral coherente, sea este que se propone. a cualquier otro que cuente con el concurso y la participación. sin exclusiones, de todos los canarios.

Carlos Campos es Lcdo. en Geog. e Historia (La Provincia, 25 y 26/10/1997)

Como es sabido, las Cortes Generales -el Congreso de los Diputados y el Senado- conforman, según nuestra Constitución, el poder legislativo emanado de la soberanía del pueblo español, expresada mediante sufragio universal en las urnas. En consecuencia, la oposición parlamentaria (y voy a hablar a lo largo de este artículo siempre de la oposición mayoritaria, aquélla capaz de ser alternativa al Gobierno, o sea la oposición representada en nuestro caso por el Partido Popular) es, por ello, poder del Estado, nunca contrapoder al mismo.

Lo dicho no pasaría de ser una afirmación fácilmente comprensible si la realidad, en ocasiones esquiva, furtiva y dura, no nos diese una de cal y otra de arena. Al hablar de la oposición como poder del Estado quiere decirse que ésta no puede en su actividad política comportarse como un poder frente al Estado, o fuera del Estado, por cuanto en ese momento, y si lo hiciera, dejaría de ser oposición para pasar a ser grupo antisistema, aislado y fuera de la sistemática parlamentaria, que supone una sutil dialéctica de lealtades entre el Gobierno y la oposición. A saber: la oposición debe ser leal con el Gobierno, el Gobierno debe ser leal con la oposición. Entiéndase bien que la lealtad no se refiere, aunque también podría ser deseable y hasta conveniente, al punto de vista personal entre líderes, sino al carácter reglado e institucional de las relaciones parlamentarias.

La fuerza política que el sufragio ha colocado en la oposición mayoritaria, es decir, el Partido Popular, debe a mi juicio compensar el alejamiento del poder ejecutivo (que legítimamente en democracia corresponde ejercer al Gobierno) con cuatro líneas de acción: el permanente diálogo con las instituciones políticas, las relaciones fluidas con los restantes partidos del arco parlamentario, la penetración en el tejido social de España, y las buenas relaciones con los Estados extranjeros, con sus gobiernos y representantes, sus principales fuerzas políticas y, en lo que sea posible, con sus opiniones públicas. A todo ello se le puede enaltecer todavía más con el cultivo permanente de la confianza y el respeto mutuo que se logran considerando al adversario un igual por parte de la leal oposición, y a la oposición un referente político, un álter ego del Ejecutivo, por parte de un Gobierno sensato y prudente.

La oposición como poder del Estado debe, por tanto, desempeñar una triple función parlamentaria: control del Gobierno (a no confundir con descalificación permanente y semanal de la legitimidad del Ejecutivo; se trata de controlar en beneficio de los ciudadanos las políticas del Gobierno, no del ejercicio de desgaste permanente de la existencia misma del Gobierno); la decantación de la alternativa que la oposición como tal plantea al Gobierno, y la ejecución, en todo caso y lugar, de una política de Estado (que, por serlo, deberá ser acordada con el Gobierno y propiciada por éste con el mayor grado de responsabilidad, al efecto que institucional y constitucionalmente le toca: dirigir la política nacional).

Parece razonable pues, que la oposición piense que se puede gobernar con el PSOE (véase el caso alemán) especialmente, como digo, en lo que toca a los asuntos centrales del Estado: defensa, política exterior, economía, lucha antiterrorista, y políticas tendentes a la mejora y defensa del Estado del bienestar europeo. También se puede gobernar sin el PSOE, que, obviamente, es lo que interesa al Partido Popular, para lo cual debe tender puentes con otros grupos parlamentarios a efectos de conformación, en su momento, forma y día de mayorías parlamentarias alternativas a la actual, si no se logra una mayoría absoluta. Pero la oposición, en ningún caso debe actuar contra el PSOE; entiéndaseme, contra la existencia misma del Gobierno, la legitimidad de su Ejecutivo y el espacio político que representa, entre otras cosas porque ese espacio central de la política española es común, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Por último, la oposición no puede practicar -y en algunos casos puntuales lo han hecho algunos de sus elementos significados- la política de tierra quemada con el adversario, que supone de hecho impedir unas fluidas relaciones personales que nunca deben perderse y siempre cultivarse con ductilidad e inteligencia democráticas.

Las discrepancias políticas, incluso contundentemente formuladas, jamás pueden convertirse en animadversión personal, que es el primer paso que lleva de forma inútil a transformar a los adversarios en enemigos. Grave enfermedad, y terrible plaga de nuestra democracia.

Por último, es un deber democrático de la oposición hacerse creíble para la mayoría. Y esto, amén de planteando su alternativa a través de las correspondientes iniciativas parlamentarias, se logra apoyando al Gobierno en las grandes cuestiones del Estado, e incluso, por qué no, en aquellas en las que, de modo sincero, se puedan apreciar elementos positivos para el bienestar general del país.

Y más todavía en una España en la que nuestra Constitución, como bien escribió Miquel Roca i Junyent en 20 años después. La Constitución cara al siglo XXI, “no fue hecha sólo desde el consenso sino también para el consenso. No era una respuesta puntual a una situación coyuntural; era una apuesta a favor de una nueva manera de entender la democracia en España. Se quería ganar la democracia para convivir en ella durante el máximo tiempo posible. Y, para ello, el consenso era la garantía de nuestra sostenibilidad democrática”.

Espléndido y sabio comentario: el consenso no puede ser sólo planta del año 1978; hay que renovarlo a diario como el sentido profundo de la democracia y la política parlamentaria.

El diálogo fluido entre las fuerzas del arco parlamentario es una exigencia democrática y constitucional de primer orden, y un deber, en primer lugar para el Gobierno de la nación, pero también de modo exigente y riguroso para una oposición parlamentaria que aspira legítimamente a la constitución de una mayoría alternativa, siempre en beneficio de la libertad y bienestar de todos los españoles.

Joaquín Calomarde (El País, 27/11/2006).

Grupos de hombres, mujeres y niños palestinos han conseguido detener la demolición de algunas viviendas por parte de las fuerzas israelíes, una práctica contra la que, hasta ahora, la comunidad internacional se había sentido impotente. Como tantos otros aspectos sombríos de la ocupación de Gaza y Cisjordania, las voces de alarma han procedido del propio Israel, además, por descontado, de los palestinos víctimas de este género de castigo. La organización del antropólogo Jeff Halper, el Comité contra la Demolición de Casas, del que es coordinador, viene desarrollando desde hace años un intenso activismo, intentando obstaculizar la labor de los bulldozers militares y ofreciendo datos sobre el número de construcciones y personas afectadas.

Amparándose en un principio característico de los procesos inquisitoriales, en los que la responsabilidad de los padres recae sobre los hijos, o de los hijos sobre los padres, como suele suceder en este caso, Israel ha venido ejecutando contra las familias de los terroristas suicidas y sus bienes el castigo que éstos, con su muerte, no podían recibir. En los últimos tiempos la destrucción se había extendido, además, a las viviendas desde las que, según el Ejército israelí, se han lanzado misiles -más de un centenar en estas semanas- contra algunos asentamientos y poblaciones al otro lado de la línea verde. Gracias al Comité contra la Demolición de Casas, gracias a la reacción de algunos israelíes como Halper, se puede comprender mejor lo que está en juego: denunciar la inhumana crueldad de esta sanción, además de su flagrante contravención de las Convenciones de Ginebra, nada tiene que ver con justificar los atentados suicidas ni los ataques contra las poblaciones civiles, se encuentren en el lado de la frontera que se encuentren. Ejecutar un castigo bárbaro en respuesta a un crimen bárbaro no es un acto de justicia, sino la generalización de la barbarie.

Los medios israelíes y, con ellos, la mayor parte de la prensa internacional, se han hecho eco del desconcierto que embarga al Gobierno de Olmert. La respuesta de los habitantes de Gaza y Cisjordania ha sorprendido a unos dirigentes que, a juzgar por sus acciones, han tratado de suplir, no ya la búsqueda de un arreglo con los palestinos, sino, incluso, la simple formulación de una estrategia sostenible para Israel y sus intereses, con un uso de la fuerza militar tan mortífero y redoblado como errático y sin sentido. En realidad, la reacción palestina contra la demolición de casas y el subsiguiente desconcierto del Gobierno israelí son signos de un fenómeno de trascendentales consecuencias, que sin duda había de llegar tarde o temprano, pero que, para desgracia de todos, se ha presentado en una de las circunstancias internacionales más difíciles desde el fin de la II Guerra Mundial. El equívoco desenlace de la invasión de Líbano marcó el punto de inflexión, tras el que se sitúan, entre otros acontecimientos de profundo calado político, los recientes episodios de los escudos humanos: después de medio siglo señoreando sobre la escena de Oriente Medio, la disuasión convencional israelí se ha agotado.

En la ofensiva contra Hezbolá, Olmert y su Gobierno hicieron abstracción del coste en vidas e infraestructuras básicas de los libaneses, una actitud que arrojó una nueva y espesa sombra moral sobre la política de Israel; pero olvidaron, además, que el cuento de Pedro y el lobo admite un desenlace distinto del clásico, en el que sería el lobo, y no Pedro, quien pierde la credibilidad. En resumidas cuentas, Israel lanzó contra Líbano la amenaza de una respuesta militar por las acciones de Hezbolá y, en efecto, la cumplió; pero al final fue la respuesta militar, y no la amenaza, la que resultó fallida. Ahí radica la nueva lógica que comparte la constelación de hechos que está teniendo lugar en Oriente Medio, y de la que forman parte, entre otros, el reforzamiento político de Hezbolá y el desafío a la ocupación que representan los cohetes lanzados desde Gaza y Cisjordania o los escudos humanos. El sobrecogedor e inaceptable nivel de violencia que han alcanzado los ataques y represalias israelíes en los territorios ocupados tienen que ver, en último extremo, con el propósito de recuperar el crédito militar cuando ese crédito ya está perdido. Por más que Israel multiplique el uso de la fuerza, por más que siga esparciendo muerte y destrucción en unas ciudades y unos campos que no le pertenecen, aunque lleve cerca de cuarenta años ocupándolos, nada volverá a ser como antes de la última guerra deLíbano: se trata de una vía sin salida, de una llamarada a la vez de rabia y de miedo, que cosechará oprobio pero no seguridad.

En este contexto de extrema radicalización en Oriente Medio y, al mismo tiempo, de impotencia generalizada, dos de los principales responsables de la guerra de Irak -el tercero se dedica, ufano como si nada, a impartir conferencias apocalípticas y consejos- han comenzado a considerar la posibilidad de implicar a Irán en la salida de una crisis que ellos provocaron, y que ahora no saben ni pueden resolver. El baño de sangre cotidiano en las calles de Bagdad, Basora o Bakuba ha dejado de ser noticia, ofreciendo una prueba adicional de que el poder corrosivo de la rutina afecta, incluso, a las tragedias más sobrecogedoras, como si el llanto de cientos, de miles de padres y madres ante sus hijos, destrozados por las bombas, fuera un único llanto, repetido día tras día hasta provocar un balsámico embotamiento de las conciencias. En cuanto al plano político, el faraónico proyecto de democratizar Oriente Medio a golpe de guerras justicieras, apuntalado en la fantasía de tantos expertos que vendieron como ciencia su inmoral charlatanería, ha quedado reducido a un intento vergonzante de salvar la cara. Ver, llegar, vencer y, a continuación, sacudirse el polvo de la ropa: en este ridículo colofón queda patente que los aspirantes a héroes de nuestro tiempo eran, en realidad, una cuadrilla de insensatos.

El Irán al que ahora quieren volver sus ojos no es, por desgracia, el Irán que existía al comienzo de esta crisis, cuando aún podían concebirse algunas esperanzas. No lo es, en particular, a los efectos que importan para desactivar los riesgos que planean sobre el futuro inmediato de la región y, por añadidura, del resto del mundo: es un Irán que ha salido reforzado y es, sobre todo, un Irán más atrincherado en las posiciones de la ortodoxia de la Revolución islámica. Por más que en la jerarquía política y religiosa de Teherán se puedan adivinar diversas tendencias, lo cierto es que en la presidencia del país se encuentra una más radical, infinitamente más radical que la que había, y ahí, al menos ahí, en esa concreta esfera de poder, hay que constatar un problema añadido, que no existía con anterioridad. Por otro lado, la retórica del Eje del mal, esa innecesaria criatura de la mercadotecnia al servicio de la aventura iraquí, ha desencadenado una retórica simétrica en amplias zonas del planeta y también en Irán, donde el presidente de la República se dirige a Israel e, incluso, a los judíos, a todos los judíos, sean israelíes o no, en unos términos que pretenden ser una réplica, según da a entender, de la “claridad moral”, del “sin complejos”, del “llamemos a las cosas por su nombre” de la otra parte, invitando implícitamente a una escalada que en un lado sitúe las caricaturas de Mahoma y, en el otro, las caricaturas del Holocausto. El proceso de rearme generalizado constituye, por último, el obstáculo que más puede dificultar el propósito de que Irán se implique en la solución de la crisis, puesto que quienes ahora se plantean pedirle ayuda son los mismos que antes le amenazaban. ¿Es razonable pensar que el régimen iraní aceptaría resolver por delegación el problema iraquí y, al mismo tiempo, renunciar a su programa nuclear, por lo demás siempre formulado dentro de las exigencias del Tratado de No Proliferación y siempre presentado como estrictamente civil?

Es en este punto donde se cierra el círculo infernal que se ha abatido sobre Oriente Medio desde la guerra de Irak y el reciente episodio de Líbano, al quedar frente a frente el agotamiento de la disuasión convencional israelí, por un lado, y el amplio margen de maniobra que ha conquistado Teherán para proseguir su programa de enriquecimiento de uranio, por otro. Transigir con la pretensión nuclear iraní, dentro de unas estrictas garantías, podría resultar aceptable, quién sabe, para las potencias exteriores a la región. Para Israel, en cambio, se trataría de un auténtico anatema, y así lo dijo Olmert en su última visita a Washington, convencido de que el monopolio atómico de Israel en Oriente Medio es ahora una irrenunciable cuestión de supervivencia. De ahí que hayan empezado a escucharse voces que reclaman interrumpir, por el procedimiento que sea, el programa atómico de Irán. Sería una decisión grave en cualquier circunstancia, pero mucho más en ésta, en la que el lobo que anunciaba Pedro ya no parece asustar tanto como antes, por más que siga dejando un escalofriante rastro de cadáveres y destrucción.

José María Ridao es periodista (El País, 27/11/2006).

Desde que la palabra capitalismo desapareció de la escena porque se impuso para todos la idea de que únicamente podía haber capitalismo -y de que, por tanto, la palabra sobraba-, se ha hecho difícil describir el afán más o menos desmesurado de riqueza que se da en nuestra época. La catástrofe en el siglo XX de las utopías sociales formuladas en el siglo anterior no sólo significó la destrucción de millones de personas, sino que aparentemente dejó a la humanidad sin argumentos para enfrentarse al capitalismo, una organización nada angélica del mundo pero, según los indicios, la única que encajaba con la condición humana, cuando menos en la época moderna.

No sé si esta posición es cierta o no. Algunos días, más optimistas, creo que no y otros, más pesimistas, que sí. A diferencia de lo que ocurría hasta hace algunas décadas, ahora existe un consenso muy extendido sobre el carácter imbatible del modelo capitalista, a menudo confundido con lo que reverencialmente llamamos la realidad. En suma: lo más llamativo de la victoria de este modelo es que el capitalismo se ha vuelto literalmente innombrable.

Antes, hasta no hace mucho, se le nombraba, y no eran pocos, en los medios de comunicación, en las universidades y, por supuesto, en los paisajes ideológicos de la política, los que hablaban de sistema capitalista, beneficios capitalistas o explotación capitalista. Ahora no, ahora no se le nombra. Sus apariciones en la prensa o en las aulas son escasas y en las últimas confrontaciones electorales los candidatos de la izquierda, y ni siquiera los pocos comunistas que quedan, no se atreven a nombrar al Innombrable.

No es que yo sea nominalista, y dé una importancia mágica a los nombres, pero en este caso el victorioso autocamuflaje del capitalismo, y su transfiguración en el Innombrable, ha tenido consecuencias avasalladoras en la vida social. Desde hace años hemos perdido la capacidad de bautizar unitariamente ciertas conductas perdiendo, por consiguiente, la posibilidad de una visión de conjunto sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Los especialistas hablan, de tanto en tanto, de los asuntos de su especialidad, pero, como por definición no se nombra al Innombrable, toda la información por abundante y exacta que sea acaba extraviada en un laberinto sin sentido y sin salida.

Tenemos un maravilloso ejemplo de las virtudes evanescentes del laberinto cuando los medios de comunicación y algunos políticos revelan súbitamente los denominados asuntos de corrupción. Es de agradecer que por fin se hagan públicos. Sin embargo, para que el ciudadano pudiera asomar la nariz fuera del laberinto, harían falta las revoluciones que no se producen y que siempre están vinculadas a dos preguntas: ¿de dónde proceden aquellos asuntos?, ¿adónde conducen? Doy por seguro que estas revelaciones no van a producirse porque para que así fuera debería nombrase de nuevo al Innombrable.

En cambio, como es fácil comprobar estos días, sí podemos citar con cierta generosidad la palabra corrupción. Y aquí empieza la trampa. De entrada el término corrupción tiene más connotaciones morales que estructurales. Por otro lado, no alude tanto al poder como a su compra por parte de elementos extraños a él. Es, en definitiva, una acción pasajera que pervierte el buen funcionamiento de las instituciones pero no se confunde con ellas. Desde el punto de vista de las palabras la corrupción es soportable porque, por grande que sea, es un acto acotado.

¿Lo es? No es difícil seguir determinadas pistas. Ahora, con unos diez años de retraso como mínimo, y en parte gracias a la alarma en la Comunidad Europea, algunos grandes corruptos han ocupado las portadas de los medios de comunicación. Son personajes sobresalientes de la rapiña que parecen salidos de sainetes más bien macabros. Les ahorro los nombres porque ustedes ya los conocen. Uno es el “hombre más popular de España”; otro es el que más ha robado en el menor tiempo posible; otro es el que más recalificaciones de suelo ha conseguido. Y así. Llamémosles los grandes corruptos, casi extravagantes en su frenesí por el botín.

No obstante, todos sabemos que para que haya corruptos tienen que actuar sus compañeros inseparables, los corruptores. ¿Quién compra a los alcaldes y concejales para los grandes golpes de especulación inmobiliaria? ¿Quién compra a éste o aquel político para obtener la información privilegiada? ¿Quién compra a tal o cual funcionario que facilita una vertiginosa apuesta en la Bolsa? Es difícil de creer que en los diez o quince últimos años la intimidad entre corruptos y corruptores haya encendido la luz roja que atrajera la mirada de jueces y periodistas. Pocos parecen haberla visto. Y era sencillo. Bastaba, por ejemplo, con coger el Euromed o dar un vistazo desde el coche en la Autopista del Mediterráneo para comprobar cómo crecía la muralla de cemento que cerraba el mar.

Los círculos concéntricos alrededor de Madrid tampoco eran invisibles. ¿Quiénes son estos corruptores que permanecen casi ocultos? Desde luego pueden ser lo que llamamos mafiosos. Este mismo periódico informaba de que actuaban en España entre 500 y 1.000 grupos mafiosos perfectamente organizados. Con 500 es suficiente para tener el engranaje de la corrupción óptimamente engrasado. Es evidente que la policía y los jueces, si actuaran con diligencia, identificarían a muchos compradores de información y favores. Por una parte, las mafias extranjeras que se abren camino a tiros; por otra, las locales, aparentemente sin tiros pero con el aliento afilado y depredador del nuevo rico que a la postre resulta tan mortal como un disparo. A estos corruptores llamémosles mafiosos. Fíjense, sin embargo, que si seguimos la pista falta todavía el círculo más poderoso: el formado por los corruptores de los corruptores. Sabemos que existe pero nadie nos habla de él. O quizá sí se habla de él pero críptica y elogiosamente. Es un problema de escala. A menor escala se es corrupto; a escala intermedia se es corruptor; a gran escala, cuando se llega a ser un corruptor, se alcanza el grado de condottiere, un señor, sino de la guerra, sí de las finanzas, alguien que ya está situado por encima de toda sospecha y que puede adquirir, si lo desea, acciones de partidos políticos, clubes deportivos y medios de comunicación indistintamente. A los condottiere, hombres respetables, no se les cita en las páginas de sucesos sino en las de economía o sociedad, y siempre vinculados al bienestar del país. ¿Han reparado hasta qué punto los enigmáticos beneficios que se producen en la Bolsa y las nada enigmáticas ganancias de los bancos, magnitudes cada año más obscenas, se nos presentan como los índices más indiscutibles de nuestra salud colectiva? Llegados a este paraje no tenemos respuesta. Para tenerla, y no andar siempre extraviados en el laberinto, deberíamos poder nombrar, de nuevo, al Innombrable. Pero ya sabemos que esto es un tabú de nuestra época. Claro que siempre podemos volver a palabras más clásicas. Si no lo queréis llamar explotación capitalista porque os tildarán de locos y trasnochados, llamadlo codicia.

Rafael Argullol es escritor (El País, 26/11/2006).

Le preguntaron en una ocasión al que fuera primer ministro británico
durante la II Guerra Mundial y Premio Nobel de Literatura, Sir Winston
Churchill, que cuanto tiempo solía tardar en preparar sus afamados
discursos. Churchill respondió que eso dependía del tiempo que tuviera para
pronunciarlos: si era de unos minutos necesitaba de varias horas para
prepararlo, pero que si disponía de un tiempo ilimitado para hablar le
bastaba con cinco minutos para tenerlo listo. Yo no voy a decirles cuanto
tiempo he necesitado para preparar mi intervención pero si les aseguro que
no utilizaré mas que unos pocos minutos .
 

Cuando el pasado lunes nuestra Secretaria General, Dolores López, me
preguntó que si estaría dispuesto a exponer ante este Comité Provincial un
informe sobre el contenido del Proyecto de Tratado por el que se instituye
una Constitución para Europa, tengo que confesarles que, metafóricamente
hablando, se me pusieron los pelos de punta. Es un asunto, éste de la
Constitución Europea, que a la mayor parte de los ciudadanos, aun
interesados en él, les resulta lejano en el tiempo y en el espacio, fuera de
sus preocupaciones habituales y, porqué no decirlo, farragoso, burocratizado
y de difícil comprensión. A pesar de mis dudas al respecto no podía negarme
al deseo de la Secretaria General que, desde luego, tiene más confianza que
yo mismo en mis propias capacidades para transmitir información fiable y
medianamente comprensible sobre el asunto en cuestión. Y aquí estamos:
espero no defraudar su confianza. 

I. INTRODUCCIÓN.
Quisiera comenzar dejando claramente de manifiesto una decisión
personal: Yo voy a votar “SÍ” el próximo 20 de febrero. Y no sólo porque así
nos lo recomiende a los trabajadores y afiliados de UGT el Comité Confederal
de nuestra organización, en su Resolución del pasado 3 de noviembre, sino,
también, por propio convencimiento personal, a la vista de los argumentos
que pretendo trasladar a ustedes en esta mañana.

“Nuestra Constitución se llama Democracia porque el poder no está en
manos de unos pocos sino de la mayoría”. Con esta bellísima declaración de
principios, citada por Tucídides en su “Historia de la guerra del Peloponeso”
como parte de la Oración Fúnebre de Pericles ante la asamblea ateniense
en el homenaje de la ciudad a sus soldados muertos en campaña,
comenzaba el texto elaborado por la Convención e inexplicablemente
desaparecido del proyecto definitivo de Constitución.

La Constitución se presenta como un texto único, que reemplaza al
conjunto de tratados existentes hasta ahora, dividido en cuatro partes que
presentan, respectivamente: las disposiciones que definen la Unión, sus
objetivos, sus competencias, sus procedimientos de decisión y sus
instituciones (Parte I); la Carta de Derechos Fundamentales proclamada por
el Consejo europeo de Niza en diciembre de 2000 (Parte II); las políticas y
acciones de la Unión, refundiendo en un solo texto los actuales tratados
(Parte III); y para concluir, las disposiciones generales y finales y los
procedimientos para la aprobación y revisión de la Constitución (Parte IV).
Un total de 448 artículos, sin contar los Protocolos anejos a la misma, que
también son parte, material, de la Constitución.

A mí me gustaría presentarles esta información de otra manera más
comprensible, espero, y más atractiva, y concluirla con una somera
exposición de las objeciones más importantes que los sindicatos europeos y
la propia UGT han presentado al proyecto de Constitución, sin negarle por
ello su apoyo. En lugar, pues, de una exposición lineal del contenido voy a
intentar responder ante ustedes a tres preguntas básicas: Primera: ¿Es ésta
una Constitución para los ciudadanos europeos? Segunda: ¿Cómo funcionará
la nueva Unión Europea diseñada por el proyecto constitucional? Y tercera:
¿Qué significa la Constitución europea para Canarias? .

II. UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA.
¿Por qué es ésta una Constitución para los ciudadanos europeos? Esta
es una constitución para los ciudadanos europeos porque establece unos
valores y principios propios y específicos de la Unión Europea: Primero,
enunciando el establecimiento de la Unión como unión de los ciudadanos y
los Estados de Europa, y abriéndola a todos los estados europeos que
respeten esos valores y principios y los promuevan en común: Entre ellos,
dignidad humana, libertad, democracia, igualdad. Estado de derecho,
derechos humanos, pluralismo, no-discriminación, tolerancia, justicia,
solidaridad e igualdad entre sus hombres y mujeres. También la libre
circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, libertad de
residencia y establecimiento y no-discriminación en razón de la
nacionalidad. Y todo ello para promover la paz, los valores y el bienestar de
sus pueblos, un desarrollo sostenible, el progreso científico y técnico,
combatir la exclusión y discriminación y promover la justicia y la protección
social, la igualdad de sexos, la solidaridad entre las generaciones, la
protección de los derechos de los niños, la cohesión económica, social y
territorial y la solidaridad entre los estados miembros.

Para llevar a cabo todo lo anterior la Constitución establece un marco
institucional único basado en la igualdad de los estados miembros y sus
funciones esenciales ante la Constitución, el respeto a sus identidades
nacionales, el principio de cooperación leal, y la primacía de la Constitución
y el Derecho adoptado por la Unión en el ejercicio de las competencias que
le hayan sido atribuidas sobre el Derecho nacional de los estados miembros.
Por lo que se refiere a la ciudadanía europea y la Carta de Derechos
Fundamentales, la Constitución establece que la ciudadanía europea es
complementaría de la ciudadanía nacional y no la sustituye, determinando
que la ciudadanía europea da derecho de libre circulación y establecimiento
en todos los estados de la Unión, derecho de voto y elegibilidad al
parlamento europeo y los entes municipales, a la protección diplomática y
consular, derecho de petición ante el Parlamento europeo y las instituciones
de la Unión en su propia lengua y al acceso a todos los documentos de las
instituciones de la Unión. Respecto a la Carta de Derechos Fundamentales,
aprobada el 8 de diciembre de 2000, solamente indicar que gracias a su
integración en el texto de la Constitución (Parte II) sus disposiciones
alcanza fuerza jurídica vinculante para todas las instituciones de la Unión y
sus estados miembros. En todo caso, no se trata de una lista exhaustiva de
derechos, enumerándose otros muchos en el título de la Constitución
consagrado a “La vida democrática de la Unión” (Parte I, Título VI).

III. EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN.
¿Cómo funciona la Unión que establece el proyecto de Constitución?
En primer lugar, estableciendo una clarificación de competencias. La
Constitución determina que la Unión no puede actuar más que con sujeción
a las competencias que le atribuya la propia Constitución, competencias que
se dividen en tres categorías:

-Competencias exclusivas de la Unión
-Competencias compartidas con los Estados miembros
-Competencias de apoyo.

Entre las competencias exclusivas de la Unión están: La unión
aduanera, el establecimiento de reglas de concurrencia necesarias para el
funcionamiento del mercado interior, la política monetaria de los estados
miembros que tienen como moneda el euro, la conservación de los recursos
biológicos marinos en el cuadro de la política pesquera común, y por último,
la política comercial común.

Una segunda categoría de competencias, las compartidas con los
estados miembros, establece una serie de ámbitos en los cuales la Unión
podrá actuar cuando su acción aporte un valor añadido a la acción de los
estados miembros. En cuanto a la definición de políticas económicas y de
empleo, la Constitución establece la necesidad de que los estados miembros
coordinen sus políticas nacionales en el seno de la Unión.

Sobre las competencias de apoyo, la Constitución establece que la
Unión no intervendrá más que para coordinar o para completar las acciones
de los estados miembros.

La Constitución establece también los principios de subsidiaridad y
proporcionalidad. En virtud del primero de ellos la Constitución garantiza
que la Unión ejerce sus competencias únicamente cuando su acción aporte
un valor añadido a la acción de los estados miembros, asegurando así una
toma de decisiones lo más próxima posible al ciudadano. El principio de
proporcionalidad, por su parte, asegura el buen ejercicio de sus
competencias al precisar que el contenido y la forma de actuar de la Unión
no debe exceder de lo que resulte necesario para conseguir los objetivos
propuestos. Como complemento de la correcta ejecución de estos dos
principios, la Constitución establece la obligación de la Comisión de justificar
ante toda propuesta de actuación que se han tenido en cuenta ambos
principios, dando entrada por primera vez en el procedimiento de adopción
de las propuestas a los parlamentos nacionales y estableciendo el posterior
derecho de recurso al respecto ante la Corte de Justicia europea.

Para servir al proyecto europeo y permitir a la Unión cumplir sus
objetivos, la Constitución dota a la Unión de un cuadro institucional
compuesto por:

-El Parlamento europeo.
-El Consejo europeo.
-El Consejo de Ministros.
-La Comisión europea.
-La Corte de Justicia europea.
-El Banco Central europeo.
-El Tribunal de Cuentas.
-El Comité de las Regiones.
-El Comité Económico y Social europeo.

Examinémoslas con un cierto detenimiento. El Parlamento europeo es
la institución en la cual están representados los ciudadanos europeos y los
Estados miembros. Está compuesto por un máximo de 750 diputados,
elegidos por sufragio universal, dentro de cada estado, para un mandato de
cinco años. Cada estado elige en función de su población un mínimo de 7 y
un máximo de 96 diputados. El Parlamento europeo ejerce el papel de
cámara co-legisladora y presupuestaria de la Unión, conjuntamente con el
Consejo de Ministros, y el control político de la Comisión, eligiendo a su
Presidente a propuesta del Consejo europeo.

El Consejo europeo, por su parte, es el órgano institucional encargado
de proporcionar a la Unión el impulso político necesario para su desarrollo.
No tiene funciones legislativas, y por regla general se pronuncia por
consenso, salvo que la Constitución determine otra fórmula. Está compuesto
por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, el
Presidente del Consejo europeo, el Presidente de la Comisión europea y el
Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión. Su presidente será elegido por
dos años y medio, renovable una sola vez, no pudiendo ejercer mandato
nacional alguno.

El Consejo de Ministros es el órgano institucional de la Unión en el que
están representados los gobiernos de los Estados miembros. Ejerce la
función co-legisladora y presupuestaria de la Unión, conjuntamente con el
Parlamento europeo. Le corresponde también de forma preferente la toma
de decisiones en los ámbitos de política extranjera y de seguridad común así
como en materia de coordinación de políticas económicas. Está compuesto
por un representante, de rango ministerial, de cada uno de los gobiernos de
los Estados miembros, adoptando diversas formaciones en función de la
materia a tratar. El Consejo de Ministros se pronuncia siempre por mayoría
cualificada salvo que la Constitución establezca otro procedimiento. La
presidencia del Consejo de Ministros corresponde a cada uno de los estados
miembros durante un período de seis meses.

Respecto a la mayoría cualificada para adoptar decisiones tanto en el
Consejo de Ministros como en el Consejo europeo, se establece por la
Constitución como un mínimo del 55 de los miembros del Consejo, que
incluya al menos a 15 de ellos y represente a Estados miembros que reúnan
como mínimo el 65 de la población de la Unión.

La Comisión europea es el órgano encargado de promover el interés
general de la Unión. Vela por la aplicación de la Constitución y las decisiones
de las instituciones de la Unión, bajo el control del Tribunal de Justicia de la
Unión. Ejecuta el presupuesto y ejerce funciones de coordinación, ejecución y gestión de los programas de la Unión asumiendo su representación
exterior salvo en la política exterior y de seguridad común. Es el único
órgano de la Unión facultado para proponer actos legislativos, salvo que la
Constitución determine otra cosa. Su mandato es de cinco años, estando
compuesta en un primer mandato por un comisario de cada uno de los
estados miembros, y a partir del 2014 por un número máximo de miembros
equivalente a los dos tercios del número de estados de la Unión, incluidos su
presidente y el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión. Los miembros de
la Comisión Europea serán nombrados por el Consejo Europeo a propuesta
del presidente de la Comisión y deberán ser ratificados colegiadamente por
el Parlamento europeo. El Presidente de la Comisión europea será designado
por el Parlamento europeo a propuesta del Consejo Europeo por mayoría
cualificada. La Comisión europea responde colegiadamente ante el
Parlamento europeo, que podrá exigir su dimisión mediante la presentación
y aprobación de una moción de censura contra la misma. Los miembros de la
Comisión no están sujetos a mandato nacional alguno. Adopta sus
decisiones por mayoría simple.

El Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión es una de las principales
innovaciones que aporta la Constitución europea a su funcionamiento
institucional, convirtiéndole en la voz de la Unión en la escena internacional.
El Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión ejercerá asimismo las
funciones de Secretario General del Consejo europeo, y como tal, será el alto
representante de la Unión para la política extranjera y de seguridad común,
a la vez que miembro de la Comisión Europea (vicepresidente de la misma)
como comisario encargado de las relaciones exteriores, y presidente del
Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión. El Ministro de
Asuntos Exteriores será designado por el Consejo Europeo, por mayoría
cualificada, de acuerdo con el presidente de la Comisión europea.

Me van a permitir que mencione únicamente por encima las funciones
de los demás órganos institucionales de la Unión que establece el proyecto
de Constitución.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estará compuesto por el
Tribunal de Justicia propiamente dicho, el Tribunal General y tribunales
especializados. A él le corresponde en exclusiva la interpretación del
Derecho de la Unión y decidir sobre la validez de los actos adoptados por las
instituciones de la Unión. Estará compuesto por un juez de cada uno de los
Estados miembros, designados de común acuerdo por los gobiernos de los
estados miembros por un período de seis años.

Al Banco Central Europeo le corresponde en exclusiva la política
monetaria de la Unión, gozando de absoluta independencia en el ejercicio de
sus competencias y en la gestión de sus finanzas.

El Tribunal de Cuentas, compuesto por un nacional de cada estado
miembro, ejercerá el control de las cuentas de la Unión.

El Comité de las Regiones, compuesto por 350 representantes de los
entes regionales y locales de los estados de la Unión, y el Comité Económico
y Social, compuesto por otros tantos representantes de las organizaciones
de empresarios, de trabajadores y de otros sectores representativos de la
sociedad civil, son órganos consultivos del Parlamento, el Consejo de
Ministros y la Comisión europea.

¿De qué medios de actuación se dota la nueva Unión diseñada por la
Constitución? La Constitución europea simplifica drásticamente la tipología
de actos jurídicos de la Unión limitándolos a seis instrumentos:

-Ley europea. Acto legislativo de alcance general, obligatorio en todos sus
elementos y directamente aplicable en cada estado miembro.

-Ley marco europea. Acto legislativo que obliga al estado miembro en
cuanto al resultado a conseguir, dejando a éste sin embargo la competencia
de elegir la forma y los medios. Tanto la Ley europea como la Ley marco
europea serán adoptadas por el Parlamento europeo y el Consejo de
Ministros, conjuntamente, a propuesta de la Comisión europea.

-Reglamento europeo. Acto no legislativo de alcance general en ejecución de
actos legislativos o de determinadas disposiciones de la Constitución. Podrá
tener alcance general y directamente aplicable o dejará la consecución del
resultado perseguido en manos de las autoridades nacionales.

-Decisión europea. Acto no legislativo obligatorio en todos sus elementos.
Cuando establezca destinatarios concretos sólo será obligatorio para éstos.

-Recomendaciones y Dictámenes. Actos no legislativos sin carácter
vinculante.

Los actos jurídicos no legislativos serán adoptados en cada caso, y
cuando corresponda, por el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, la
Comisión europea o el Banco Central europeo, en los términos previstos por
la Constitución. El Consejo de Ministros, en su función no co-legislativa, sólo
adoptará recomendaciones.

La Constitución establece el procedimiento de co-decisión (acuerdo
conjunto del Parlamento europeo y del Consejo de Ministros) como el
procedimiento legislativo ordinario de la Unión, estableciendo la doble
legitimidad pueblo europeo-estados europeos que caracteriza a la Unión.
Sólo en determinados casos regulados en la Constitución podrán adoptarse
leyes especiales aprobadas únicamente por el Consejo de Ministros, o más
raramente, por el Parlamento europeo.

La extensión del voto por mayoría cualificada a disposiciones
previstas por la Constitución para las que, actualmente, está prevista la
unanimidad, hará mucho más fácil la toma de decisiones. Están previstas
disposiciones particulares para lo que concierne a política extranjera y de
seguridad común, y política europea de seguridad y defensa. También el
proyecto de Constitución recoge el concepto de “cooperación reforzada”, al
objeto de permitir a un número limitado de Estados miembros con capacidad
y deseo de ello el profundizar en la construcción europea. Esta cooperación
reforzada sólo podrá ser utilizada como último recurso cuando no haya sido
posible incorporar a ella a todos los estados miembros.

El presupuesto de la Unión se financia con los recursos propios de la
misma, básicamente, una parte del IVA percibido por los Estados miembros
y una previsión de fondos en función del PNB de cada Estado miembro. El
presupuesto de la Unión lo aprueban el Parlamento europeo y el Consejo de
Ministros, a propuesta de la Comisión europea, a la que corresponde su
ejecución.

La Constitución unifica y reagrupa en un solo título todo lo referente a
la acción exterior de la Unión. En esta materia el Consejo Europeo seguirá
decidiendo en la mayor parte de los casos por unanimidad. En materia de
comercio exterior la Constitución encomienda a la Comisión europea el
papel negociador para el conjunto de la Unión ante países terceros. En esta
materia, la Constitución otorga al Parlamento europeo un papel de igualdad
con el Consejo de Ministros del que hasta ahora carecía.

La Constitución establece también como objetivo principal de la
política de desarrollo de la Unión la erradicación de la pobreza. La Unión y
sus estados miembros aportan ahora mismo más del 50 del presupuesto
de ayuda pública mundial a este respecto. Otra disposición de la
Constitución está consagrada a la política de ayuda humanitaria de la Unión,
con sometimiento al Derecho Humanitario Internacional y no como medio de
presión política.

La Constitución determina igualmente un espacio de libertad,
seguridad y justicia ofreciendo para ello procedimientos de aplicación más
eficaces, democráticos y transparentes: El denominado “espacio Schengen”,
la ausencia de controles en las fronteras interiores de la Unión, y la fijación
de reglas para los que traspasen las fronteras exteriores.

Asimismo, la Constitución obliga a  la Unión a dotarse de una
verdadera política común en materia de asilo (en el marco de la Convención
de Ginebra) y de un sistema europeo común de asilo y una política común
en materia de inmigración con estatutos uniformes y procedimientos
comunes, así como de políticas de cooperación judicial en materia civil y de
cooperación policial y judicial en materia penal más democráticas, eficaces y
transparentes, fijando sanciones comunes para una serie de graves crímenes
de carácter trasnacional, estableciendo para ello una Base Europea de Datos
que registre, busque y persiga a los autores y cómplices de esos crímenes, y
dotando a la Europol, la Oficina Europea de Policía, de la estructura y medios
necesarios para desarrollar la cooperación entre los estados miembros.

La Constitución introduce también nuevas bases jurídicas que
permitirán a la Unión intervenir en casos de necesidad en materias como
sanidad pública, seguridad ciudadana, energía, accesos a los servicios
públicos, protección civil, fomento del deporte y otras.

Por último, la Constitución establece un procedimiento de ratificación
por cada uno de los estados miembros, de acuerdo con sus propias reglas
constitucionales (vía referéndum o aprobación parlamentaria), fijando su
fecha de entrada en vigor para el 1 de noviembre de 2006, siempre que se
hayan depositado todos los instrumentos de ratificación o, en su defecto, el
primer día del segundo mes siguiente al del depósito del instrumento de
ratificación del último estado signatario que cumpla dicha formalidad.

Para determinadas revisiones del texto constitucional, previstas en la
propia Constitución, será suficiente la aprobación del Parlamento europeo y
el acuerdo unánime del Consejo europeo. Para las demás revisiones se
encomendará dicha misión a una Convención, que hará por consenso una
recomendación a la Conferencia intergubernamental que pondrá en común
las modificaciones a adoptar, y que para su entrada en vigor exigirá la
ratificación de los estados miembros conforme a sus propias normas
constitucionales.

 
IV. CANARIAS EN LA UNIÓN.
¿En qué afecta a Canarias el proyecto constitucional europeo? En lo
que hace referencia a Canarias, sin perjuicio de otras remisiones genéricas a
las denominadas regiones ultra periféricas de la Unión, la Constitución
menciona expresamente a las Islas Canarias en el artículo IV-440, apartado
2, señalando que la misma se aplicará en Canarias de conformidad con lo
expuesto en el artículo III-424.

Me permito citar su contenido literalmente: “Teniendo en cuenta la
situación social y económica estructural de Guadalupe, la Guayana francesa,
Martinica, la Reunión, las Azores, Madeira y las Islas Canarias, agravada por
su lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y
dependencia económica respecto de un reducido número de productos,
factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente su
desarrollo, el Consejo de Ministros adoptará a propuesta de la Comisión,
leyes, leyes marco, reglamentos y decisiones europeas orientados, en
particular, a fijar las condiciones para la aplicación de la Constitución en
dichas regiones, incluidas las políticas comunes. Los actos contemplados en
el primer párrafo abarcarán, en particular, las políticas aduaneras y
comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y
pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y bienes de
consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los
fondos con finalidad estructural y a los programas horizontales de la Unión.
El Consejo adoptará los actos contemplados en el primer párrafo teniendo en
cuenta las características y exigencias particulares de las regiones
ultra periféricas, sin menoscabar la integridad y coherencia del ordenamiento
jurídico de la Unión, incluidos el mercado interior y las políticas comunes.”

 
V. CONCLUSIONES.
Para concluir, pese a su apoyo claro y decidido por el proyecto de
Constitución, la Confederación Europea de Sindicatos, los sindicatos
españoles, en general, y la UGT en particular, no valoraron de forma
positiva la Parte III de la Constitución, lamentando que ni la Convención que
elaboró el anteproyecto, ni la Comisión Intergubernamental que le dio forma
definitiva, dedicaran una atención preferente a esta Parte III. Por ello, han
manifestado públicamente que seguirán exigiendo que se concreten las
políticas que la Unión ha de realizar para tener un eficaz gobierno
económico europeo que pueda conseguir el pleno empleo y la realización de
los demás objetivos y derechos establecidos en las Partes I y II de la
Constitución, estimando necesario que se establezcan instrumentos eficaces
para conseguirlos, que todas las materias de política social y fiscalidad se
decidan por mayoría cualificada y no por unanimidad, y que se establezcan
instrumentos que garanticen el ejercicio de los derechos sindicales
transnacionales señalados en la Parte II.

¿Supone todo lo dicho hasta ahora una razón suficiente para votar
favorablemente el proyecto de Constitución europea? No lo sé; para mi, sí,
desde luego, por cuanto representa de avance sobre la situación anterior,
esperanza de futuro y una mayor integración continental.

Déjenme leerles, a modo de conclusión un hermoso y premonitorio
discurso pronunciado por Víctor Hugo en 1848. Dice así: “Llegará un día en
que todas las naciones del continente, sin perder su idiosincrasia o su
gloriosa individualidad, se fundirán estrechamente en una unidad superior y
constituirán la fraternidad europea. Llegará un día que no habrá otros
campos de batalla que los mercados abriéndose a las ideas. Llegará un día
en que las balas y las bombas serán reemplazadas por los votos”.

El proyecto de Constitución responde a una exigencia de
simplificación de los Tratados fundacionales y de mayor transparencia en el
proceso de adopción de decisiones en el seno de la Unión. Los ciudadanos de
la Unión necesitan saber “quién” hace “qué” en Europa para sentirse
implicados, participar en las elecciones europeas y apoyar la idea de
comunidad. La Constitución clarifica las competencias de la Unión, los
Estados y las regiones. Establece que la integración europea se basa en una
doble legitimidad: la de los pueblos, cuya voluntad se expresa directamente
por los ciudadanos, y la de los Estados, ya que el Estado-Nación sigue siendo
el marco legítimo de desarrollo de las sociedades europeas.

La Constitución que votamos en España el próximo 20 de febrero,
supone un paso, un nuevo paso, importante en el proceso que impulsa a las
naciones y los pueblos de Europa a actuar conjuntamente. Nadie puede
saber si ella constituye la última etapa de ese proyecto iniciado por los
padres fundadores en 1950 o si, por el contrarío, es este el primer paso para
Europa en su configuración política y la realización de su destino. En
nuestras manos está. Nosotros decidimos.

Informe presentado al Comité Provincial de FeS-UGT Las Palmas, el día 12 de enero de 2005, por Carlos Campos (Responsable del Equipo de Formación de FeS-UGT Las Palmas).